Con una abultada mayoría, el Jury de Entre Ríos se encamina a destituir a la fiscal Goyeneche

Los miembros del Jurado de Enjuiciamiento se reunieron el viernes por la tarde en el coqueto salón del tercer piso del Palacio de Tribunales ubicado en pleno centro de Paraná, la capital entrerriana. En un clima cordial, conversaron y consensuaron una resolución que echó por tierra todos los planteos que entorpecían la votación sobre el caso Goyeneche.

Tras tomar formal conocimiento del fallo del Superior Tribunal que rechazó el amparo de la Procuradora Adjunta, declararon abstractos los planteos previos para frenar la votación, descartaron por improcedente la presentación del Procurador General Jorge García que pedía suspender el trámite pese a la sentencia del Superior Tribunal y reintegraron a despacho las actuaciones. Es decir: volvieron a poner sobre la mesa de trabajo si destituyen o no a Goyeneche.

En rigor, ese trámite siguió su curso en paralelo a la maraña de acciones judiciales que se generaron en los últimos días. El jurado de primer voto, Juan Smaldone (representante del Superior Tribunal de Justicia) ya dio su opinión y el expediente pasó a la representante del Colegio de la Abogacía, Verónica Mulone, presidenta del Jurado.

Mulone, quien durante las audiencias adelantó posiciones cercanas a Goyeneche, está demorada en la entrega de su voto. El acuerdo al que habían llegado los jurados fue acortar los plazos legales para fallar en razón del breve lapso que quedó entre el fin de las audiencias y la fecha tope.

La presidenta del Jurado se disculpó y alegó recarga de trabajo como razón de su demora. No recibió reproches. Cuando finalmente agregue su decisión, el expediente seguirá girando por el resto de los integrantes, que podrán dictar su propio fallo o adherir a los anteriores. El Jurado puede emitir veredicto hasta el lunes 30 de mayo. De lo contrario todo el proceso contra Goyeneche caerá.

Pese a todo, en el Jurado evalúan que el fallo se conocerá durante los últimos días hábiles de la semana próxima, después del feriado del miércoles 25.

Táctica y estrategia

Descartada la vía del amparo con el que buscaba deslegitimar por inconstitucional el Jury debido al apartamiento del Ministerio Fiscal como órgano de la acusación, la estrategia de Goyeneche pasa ahora por cortar el proceso y hacer que caiga por el paso del tiempo.

Para ello apeló a distintas tácticas. La presentación el viernes de un recurso extraordinario ante la Corte fue la instancia más extrema. Como le anticipó a Infobae, Goyeneche está convencida de que el veredicto será por la remoción y su apuesta es un pleno a un nuevo espaldarazo del máximo tribunal nacional.

Este voto de confianza podría darse por la aceptación del recurso extraordinario o, llegado el caso, con su reposición.

Mientras la Procuradora Adjunta hacía un raid mediático en la tarde-noche del jueves, uno de los fiscales provinciales que integra su núcleo más cercano le advirtió a una figura principal del Gobierno entrerriano:

― La Corte está esperando el recurso de Cecilia.

En la Casa de Gobierno esgrimen que Entre Ríos es un estado autónomo, que el Jury es una instancia de derecho público provincial donde la Corte sólo debería intervenir por excepción.

Pero ponen en el otro platillo de la balanza que el máximo tribunal, cuando avaló la queja de Goyeneche ya asfaltó el camino para intervenir en el tema. Y por eso consideran posible que el próximo paso de Horacio Rosatti; Carlos Rosenkrantz; Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti pueda ser hacer lugar al planteo de intervención inmediata o, una vez que se expida el Jurado, reponer a Goyeneche en su cargo.

Por eso abren el paraguas. Funcionarios en quienes reposa la estrategia jurídica del Ejecutivo entienden que hay margen para que, llegado el caso, la Provincia desconozca un fallo de la Corte que revierta la destitución de Goyeneche por intromisión en un asunto de derecho público provincial.

Recuerdan el caso de Eduardo Sosa, el procurador de Santa Cruz echado por Néstor Kirchner. Repuesto por la Corte, nunca pudo reasumir porque su cargo dejó de existir.

Algo similar podría darse si la Legislatura entrerriana apura, como pretende el gobernador Gustavo Bordet, la sanción de la ley que reglamenta la Fiscalía Anticorrupción creada por la Constitución del 2008 y se pone en marcha el concurso para ocuparla.

Goyeneche, en ese escenario, podría eventualmente volver al Ministerio Fiscal pero no a ejercer como fiscal anticorrupción, puesto en el que fue colocada por una mera decisión administrativa del Procurador General Jorge García.

El ala política del Gobierno, en tanto, evalúa que Bordet no es Kirchner y duda si existe el margen político en la actual coyuntura para tensar tanto la cuerda. El Gobernador se ha mantenido completamente al margen de todo el proceso, pese a que el impacto nacional le acarreará costo político.

La oposición provincial, sin embargo, no ha hecho del caso Goyeneche una bandera. Sólo ha emitido, en casos puntuales, comunicados tibios reclamando por conceptos generales como la independencia judicial y la lucha contra la corrupción.

En los últimos días, durante un encuentro privado y reservado a las primeras líneas del oficialismo y de la oposición, hubo coincidencia de ambas partes en que existen elementos en la acusación para que Goyeneche sea removida. En ese pacto de caballeros también se convino que no habrá golpes bajos en la disputa política que abierta de cara a la renovación de autoridades en 2023.

Al abrirse la acusación en su contra a fines del año pasado, la Procuradora Adjunta buscó cobijo en la estructura de Juntos por el Cambio. Aprovechando vínculos preexistentes, el primer nivel dirigencial avanzó en contactos con los estratos superiores, pero la relación no pasó de entrevistas reservadas que no convencieron a la plana mayor de la fuerza opositora.

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