La Justicia y el Ministerio de Trabajo resolvieron intervenir el sindicato de personal de industrias químicas y petroquímicas que había sido señalado por bloquear a empresas pymes a lo largo de los últimos años. El Gobierno informó la medida en el Boletín Oficial del último lunes y se designó a un interventor para llamar a nuevas elecciones.
Se trata del Sindicato de Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de la Ciudad de Buenos Aires y Zonas Adyacentes (SPIQyP), cual había sido declarado acéfalo por la Justicia y que en febrero se habían anulado las elecciones internas por diversas irregularidades en el procedimiento de los comicios.
“Considerando que de conformidad con el artículo 56 de la norma citada, cuando se produjere la acefalía de la comisión directiva de una asociación sindical de trabajadores o del órgano que tenga asignadas las funciones propias de un cuerpo de conducción, el MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL podrá designar a un funcionario a los fines de regularizar la situación institucional y proceder a su reemplazo.
(...) Considerando que el SINDICATO DEL PERSONAL DE INDUSTRIAS QUÍMICAS Y PETROQUÍMICAS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y ZONAS ADYACENTES entidad con Personería Gremial otorgada inscripta bajo el número 71 en el Sistema DNAS no registra autoridades con mandato vigente (...) y el Sindicato no se encuentra adherido a Federación Alguna que pueda tender a su normalización institucional
(...)
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social resuelve:
“Desígnase como Delegado Normalizador (...) a Gerardo Wálter Javier Guelman”, se redactó en el comunicado oficial publicado en el Boletín gubernamental.
Desde principio de año, Infobae publicó diferentes historias de pequeños empresarios que denunciaban a esa entidad gremial de haberles realizado presiones, extorsiones y bloqueos que impidieron su normal funcionamiento. En algunos casos, los dueños de esas pymes aseguraron que tuvieron que cerrar sus proyectos debido a la imposibiidad de poder hacer frente a los gastos.
“Mi empresa estuvo bloqueada desde el 28 de diciembre hasta anteayer. Por eso decidí cerrarla, directamente. No me da más la vida. Estoy con palpitaciones, tomando ansiolíticos. Con mi hermana somos dos socios que arrancamos cuando teníamos 20 años cada uno. Y acá estoy, treinta años después, fundido”, aseguró en su momento Wálter Cividino, dueño de la empresa química Rame, que estuvo cerrada durante todo enero. El mismo propietario de la empresa denunció que el sindicato químico de Avellaneda le había impedido trabajar durante 10 días y eso le ocasionó una pérdida estimada de más de 70 millones de pesos de lucro cesante.
“No peleamos contra un sindicato, sino contra un sistema”, fueron las palabras de Verónica Razzini, quien denunció que su empresa de distribuidora de materiales de construcción también fue bloqueada por sindicatos y así decidió crear en el 2021 el Movimiento Empresarial Anti Bloqueo.
El conflicto legal del SPIQyP se produjo en enero, cuando la Justicia detectó irregularidades en el proceso electoral interno que encontró como nuevo Secretario General a Facundo Aveiro.
La Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo sentenció el último 16 de febrero la nulidad de esos comicios “por haber violado derechos y las garantías de la democracia interna, igualdad de trato entre las listas, no discriminación y debido proceso”.
Entre las diversas pymes que denuncian haberse visto afectadas por los bloqueos y las extorsiones por parte de los sindicatos se encuentran diversas compañías de transportes de productos.
La empresaria Razzini encontró en el apoyo de la abogada penalista Florencia Arietto el sustento para que las denuncias de los pequeños empresarios comenzaran a tomar nueva forma y a captar la atención de la Justicia.
Ahora se espera que el interventor del sindicato, Gerardo Wálter Guelman, convoque a una nueva fecha para la realización de las elecciones del secretario general del sindicato.
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