Importante respaldo a la jueza y a la fiscal que arrestaron a los gremialistas de Camioneros, y repudio al pedido de Moreau

Mientras todo indica que el próximo miércoles avanzará una causa clave que se enturbió por las presiones políticas y gremiales que llevaron a la jueza de San Nicolás, María Eugenia Maiztegui, a pedir una licencia por estrés, tanto la magistrada como la fiscal María del Valle Viviani, quien pidió la prisión preventiva de dos gremialistas de Camioneros -Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola- detenidos por presunta extorsión a un empresario, recibieron el apoyo desde distintas organizaciones, entre los que se destacan la Asociación Argentina de Fiscales (AAF) y la Sociedad Rural de San Pedro.

En respaldo de Maiztegui y Viviani, la AAF, presidida por Marcelo Varona Quintián, consideró que el pedido del kirchnerista Leopoldo Moreau, presidente de la comisión Bicameral de Inteligencia, “es una afectación de la independencia de los fiscales con motivo de los procesos que les toca intervenir”. Asimismo, advirtió que no surge de la Ley de Inteligencia Nacional, invocada en su solicitud por el funcionario kirchnerista para fundamentar su pedido, “ninguna facultad expresa ni implícita que autorice a un legislador nacional a intervenir de modo que permita vulnerar el mecanismo procesal expresamente previsto en la ley provincial y, además, controlar el desempeño de las/los magistrados/das en las causas por las que ante ellos tramitan, más aún cuando la función de la Comisión Bicameral de Inteligencia supervisa y sólo se ejerce sobre los organismos del sistema de Inteligencia Nacional, quienes deberán suministrar la información que la Comisión solicite”.

En su comunicado, los fiscales plantean que el pedido de Moreau “no puede ser satisfechos por varias razones”, entre ellas lo establecido por la ley del Ministerio Público Fiscal. El organismo, de esta manera, se refiere al pedido de Moreau para acceder al caso “durante la etapa investigativa por parte de miembros de otro poder”, lo cual “no es ni más ni menos que ventilar y adelantar toda hipótesis de investigación” para complicar la causa..

“De aceptar la práctica intromisoria sobre la labor fiscal que se pretende, implicaría en los hechos que la mera referencia ante una comisión en sede legislativa permitiría una suerte de causa paralela, sin juez ni fiscal, sin garantías y sin jurisdicción, lo que dejaría a la población a la suerte de comisiones especiales de juzgamiento prohibidas por nuestra Constitución Nacional en su artículo 18″, afirmó la entidad liderada por Quintián.

De igual modo, la Sociedad Rural de San Pedro expresó sus discrepancias con el pedido de Moreau para interferir en la causa en que están detenidos dirigentes de Hugo Moyano. “Vemos con preocupación y mucho temor estos movimientos en los que dirigentes políticos vinculados con el gobierno, se dedican a interceder a favor de los sindicalistas, en lugar de dedicar su tiempo a sacar de esta enorme crisis a todos los argentinos”, analizó ayer la entidad mediante un comunicado de prensa.

Por su parte la abogada Florencia Arietto, quien representa a la familia Rey, dueña de la empresa de San Pedro que fue bloqueada por el gremio de Moyano, anticipó que la semana próxima presentará en los tribunales de Comodoro Py una denuncia contra Moreau por obstrucción de justicia, coacción e incumplimiento de los deberes de funcionario público porque “trata de interferir en una investigación” y “forma parte de una Comisión Bicameral, que debería tener mayoría opositora, para controlar los servicios de inteligencia de la actualidad y no los hechos que sucedieron antes, que tiene que investigar un juez”.

También denunció que el legislador kirchnerista “está arrancando confesiones extrajudiciales en esa comisión parlamentaria para que después sean utilizados en procesos penales contra esas personas, la mayoría de la oposición y, por lo tanto, eso se llama apremios ilegales”.

El último miércoles, Moreau elevó un pedido formal a la jueza Maiztegui para que le entregue un legajo reservado del expediente en el cual procesó a Cabaleyro, jefe de la seccional San Nicolás de Camioneros, y a Espíndola, dirigente de San Pedro. Pero desde la entidad rural consideraron a dicha solicitud como “un flagrante acto de intimidación” contra la jueza Maiztegui, la fiscal Viviani y “contra quienes vienen trabajando con gran compromiso en esta denuncia”.

El lunes pasado, en conferencia de prensa, Hugo Moyano afirmó que “este procedimiento es una clara causa de lawfare” y acusó a la Justicia de actuar en connivencia con “intereses políticos” para “perseguir” al gremio. Y agregó: “Todo lo que nos viene pasando, y le pasa a la dirigencia gremial en general y a los trabajadores en particular, es una maniobra judicial”.

Ahora, a raíz del periodo de licencia en el que ingresó la magistrada Maiztegui, su reemplazante en la causa es el juez Román Parodi, quien tiene cuatro días para decidir si dicta o no la prisión preventiva de Cabaleyro y Espíndola, los dos dirigentes del Sindicato de Camioneros detenidos en San Nicolás por el bloqueo a la empresa de la familia Rey.

En San Nicolás, Parodi, titular del Juzgado de Garantías Nº 1 desde abril de 2019, tiene fama de magistrado “objetivo” y quienes lo conocen aseguran que “no se va a dejar apretar”. Con muchos años en la carrera judicial, antes fue secretario del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil.

Este jueves, Parodi encabezó la audiencia que estaba prevista, en la que Cabaleyro y Espíndola fueron notificados sobre las acusaciones que recibieron y tanto los denunciantes como los defensores pudieron exponer sus argumentos.

Los abogados de los sindicalistas pidieron al juez que sean liberados directamente, que se les coloque una tobillera electrónica o que paguen una fianza, mientras que Arietto solicitó que se confirme la prisión preventiva y aseguró que el motivo por el cual están detenidos es “un sistema coordinado por el Sindicato de Camioneros que conduce Hugo Moyano” y que quedan en libertad “es muy posible que obstruyan la tarea de la Justicia o amenacen a los testigos en un juicio oral”.

Curiosamente, según trascendió, los defensores de Cabaleyro y Espíndola no cuestionaron la calificación de extorsión por la cual están imputados y sólo hicieron referencia a la necesidad de que los liberen porque las cárceles están colapsadas y los dirigentes tienen un fuerte arraigo en la ciudad.

En tanto Pablo Moyano, secretario adjunto del Sindicato de Camioneros de Capital y Buenos Aires, estuvo este jueves en San Nicolás al frente de unos 100 manifestantes en respaldo de los dirigentes detenidos..

El intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia, de Juntos por el Cambio, volvió a tener una postura dura contra el Sindicato de Camioneros por las presiones ejercidas contra la jueza: “Primero quisieron tomar de rehén a la ciudad y no pudieron. Ahora van por la justicia, con la complicidad del Gobierno. Todo para garantizar la impunidad de dos referentes de Moyano. Argentina no tiene futuro por este camino”, señaló en su cuenta de Twitter.

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