En medio de las presiones, la jueza de San Nicolás que debía resolver la prisión de gremialistas de Camioneros pidió licencia

La magistrada alegó problemas médicos y no estuvo esta mañana en una audiencia donde se trató el pedido de los activistas para ser liberados. Llamó la atención el silencio de las asociaciones de magistrados y colegios de abogados que no la respaldaron

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La jueza María Eugenia Maiztegui, que investiga a sindicalistas de Camioneros imputados por el bloqueo a una distribuidora de San Pedro, pidió licencia por cuestiones médicas y no pudo estar esta mañana en una audiencia en la cual se debatió la situación procesal de los acusados. La magistrada fue subrogada por Román Parodi, titular del Juzgado N° 1 de Garantías de San Nicolás, informaron fuentes judiciales consultadas por Infobae.

Medios locales aseguran que la jurista sufrió un pico de estrés.

Dirigentes de la oposición denunciaron que Maiztegui había sido presionada por el diputado kirchnerista Leopoldo Moreau, quien en su condición de presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia amenazó con denunciarla por mal desempeño.

En diálogo con Infobae, Florencia Arietto atribuyó la licencia de la jueza a “presiones de la mafia sindical y parte de la estructura del Gobierno” y calificó lo realizado por Moreau como ilegal porque son “apremios ilegales, coacción de justicia, obstrucción de justicia porque está arrancando confesiones extrajudiciales en la Bicameral de Inteligencia”. Según explicó, la Bicameral debería estar constituida mayoritariamente por la oposición porque “debe controlar a los organismos de inteligencia vigentes”.

Asimismo, Arietto anticipó que le hará una denuncia penal a Moreau por obstrucción de justicia porque, a su parecer, “está intimidando a los funcionarios para que anule la causa o libere a los detenidos”.

La carta de Moreau a Maiztegui
La carta de Moreau a Maiztegui

Maiztegui es la jueza que había ordenado la detención de dos dirigentes del Sindicato de Camioneros, Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, acusados de extorsión y coacción en el marco de un bloqueo a un empresario local. Tras la audiencia realizada este jueves, el tribunal deberá resolver si dicta la prisión preventiva solicitada por la fiscal María del Valle Viviani.

Pablo Moyano y otros miembros del sindicato se movilizaron esta mañana frente al juzgado pidiendo por la liberación de los imputados. También llegaron a las inmediaciones del Parque San Martín concejales del Frente de Todos.

Llama la atención que frente a las presiones políticas y gremiales que sufrió Maiztegui no hubo muestras públicas de respaldo de jueces y colegios de abogados.

Pablo Moyano y Maximiliano Cabaleyro, uno de los detenidos, en San Nicolás
Pablo Moyano y Maximiliano Cabaleyro, uno de los detenidos, en San Nicolás

Durante la audiencia realizada este jueves, Parodi leyó lo cargos que le imputan a los detenidos.

El pedido de Viviani para que los acusados continúen detenidos y se le imputen otros delitos como turbación de la posesión, extorsión, extorsión en grado de tentativa y coacción fue el resultado de un allanamiento en la sede central del Sindicato de Camioneros para buscar documentación sobre la presunta deuda de la empresa Distribuidora Rey, de San Pedro, que dio origen al bloqueo realizado en febrero de 2021.

La delegación nicoleña del Ministerio de Trabajo acreditó la existencia de esa deuda, pero no aportó documentación que lo avalara, por lo que la jueza le pidió al Sindicato de Camioneros de San Nicolás que la presentara. Como esta seccional explicó que había enviado esa información a la sede central del gremio, el juzgado de Maiztegui libró un oficio a la organización que lidera Moyano, pero primero no obtuvo respuesta y luego no recibió ningún detalle al respecto. Por eso la fiscal Viviani encabezó el allanamiento en el gremio para secuestrar la información correspondiente.

Camioneros esta mañana fueron a pedir la liberación de los detenidos
Camioneros esta mañana fueron a pedir la liberación de los detenidos

La fiscal habría encontrado en la sede nacional del sindicato los mismos recibos que estaban en la seccional San Nicolás de Camioneros, firmados por Cabaleyro, pero ninguna documentación que acredite que efectivamente esa deuda de la empresa era real.

Incluso, como anticipó Infobae, Viviani pasó momentos de tensión en la sede de Camioneros, en San José al 1700 de esta Capital. Primero tuvo que ordenarle a un directivo del sindicato que retirara del lugar a un grupo de matones que se hizo presente mientras ella buscaba documentación. “Les pido, por favor, que se vayan porque están obstruyendo el trabajo de la Justicia y voy a pedir que se los lleven detenidos”, dijo Viviani. Así logró que la patota sindical se fuera del lugar y pudo inspeccionar para llevarse información de distintas oficinas del gremio.

Luego, se enfrentó con Hugo Moyano, quien irrumpió a los gritos y se quejó de lo involucraron en una “causa política ordenada por Macri”. Viviani, quien proviene de una familia de abogados y de simpatías peronistas, le respondió con dureza: “Yo no hago política. Estoy investigando un delito. Vengo de una familia peronista y creo en el derecho de los trabajadores, pero también en el derecho de las empresas a trabajar. Se avanzó en esta causa porque hay pruebas. Si no, la hubiera archivado. Pero acá hay pruebas de sobra”. Más calmo, Moyano le habría pedido disculpas por haber levantado la voz y dejó que siguiera con su tarea.

Por esa protesta de Camioneros, denunciada ante la Justicia, quedaron detenidos el 8 de abril pasado Cabaleyro, el jefe de la seccional nicoleña de Camioneros, y Espíndola, sindicalista de San Pedro.

Según el diario El Norte, de San Nicolás, la fiscal “sostiene que existe peligro procesal y por eso pedirá que los imputados afronten el proceso detenidos por el riesgo de entorpecimiento de la causa”.

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