Las diferencias entre el oficialismo y la oposición todavía generan incertidumbre sobre el futuro de la Ley de Alquileres

Las reuniones informativas para reformar la Ley de Alquileres terminaron este martes en la comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados. Ahora los legisladores se encaminan a firmar dictamen la semana que viene y a debatir alguno de los proyectos en el recinto durante las primeras dos semanas de mayo.

Si bien tanto en el oficialismo como en la oposición aseguran que buscarán alcanzar un amplio consenso, todavía persisten importantes diferencias entre las soluciones que proponen unos y otros. Incluso hay fuertes matices al interior del Frente de Todos. Por lo tanto, hoy por hoy la posibilidad de que el oficialismo y Juntos por el Cambio firmen un dictamen unificado parece lejana.

Durante las últimas semanas, expusieron más de un centenar de agrupaciones de inquilinos, cámaras inmobiliarias, martilleros, ONG, académicos y miembros de Defensa del Consumidor, entre otros. En estas jornadas de debate quedó en claro que las asociaciones de inquilinos y de propietarios todavía no coinciden en la mejor forma de perfeccionar el funcionamiento del mercado inmobiliario. Mientras los primeros defendieron los contratos de tres años y la actualización anual por IPC/RIPTE -porque garantizan previsibilidad-, desde el sector inmobiliario argumentaron que en realidad se terminan perjudicando porque cada vez hay menos propiedades en alquiler debido a la incertidumbre y a la baja rentabilidad.

A fines de marzo pasado, oficialismo y oposición habían acordado analizar posibles cambios en la legislación durante 30 días hábiles. La actual Ley de Alquileres está vigente desde junio de 2020. Por aquel entonces, la norma tuvo amplio consenso: fue aprobada por la Cámara de Diputados en noviembre de 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, pero fue sancionada por el Senado en junio de 2020, durante la gestión de Alberto Fernández. Sin embargo, su implementación provocó un efecto negativo en los precios y en la cantidad de propiedades en oferta en el mercado inmobiliario.

Los dos artículos que cosechan más críticas son la duración de los contratos por tres años y la actualización anual por el índice ICL, que combina inflación y evolución de los salarios.

En la bancada de Juntos por el Cambio la mayoría de los diputados que conforman la comisión se inclina por volver a los contratos de dos años y a que la actualización de los alquileres se acuerde “libremente entre las partes”. Pero hay varias cuestiones y detalles que estarán en la mesa de negociación para buscar acuerdos con el Frente de Todos.

Ante la consulta de Infobae, una diputada de Juntos por el Cambio explicó que podría evaluarse el libre acuerdo de los alquileres pero con topes vinculados a la evolución de los salarios, para evitar aumentos excesivos. A su vez, si se implementan topes, la actualización cada seis meses sería una opción para “compensar” a los propietarios. Por otro lado, un legislador señaló que podría discutirse una “renovación automática” tras los dos primeros años de contrato (”2+1″) que le ahorraría al inquilino el pago de comisiones y depósitos.

En cambio, muchos diputados del Frente de Todos comparten la idea de que los inquilinos “es la parte más débil” de la ecuación y por lo tanto un “libre acuerdo de partes” del alquiler terminará perjudicándolos. Sin embargo, un diputado oficialista reconoció ante Infobae que cualquier fórmula de indexación resultará problemática si la inflación sigue rondando el 60%.

Según uno de los referentes de las asociaciones de inquilinos, “los diputados del Frente de Todos están en un problema, porque en el fondo saben que cualquier cambio va a ir en contra de los intereses de los inquilinos y van a terminar pagando un costo político”.

Para acercar posiciones, el Frente de Todos dejó en el camino proyectos como el del diputado José Luis Gioja que proponía topes en los precios y un impuesto a la vivienda vacía. Este último punto dinamitaría cualquier negociación con Juntos por el Cambio, que durante la campaña se comprometió a no aumentar o crear ningún impuesto. Una alternativa más pragmática para aumentar la oferta de viviendas en alquiler podría ser ofrecer algún tipo de incentivo fiscal a los propietarios, detalló un diputado oficialista.

Gisela Marziotta, que presentó un proyecto propio que congela los aumentos hasta que se creen un nuevo índice de actualización y una Cámara Nacional de Alquileres, también podría impulsar un dictamen de minoría.

Ante este panorama, la semana que viene podría haber dos o tres dictámenes diferentes. Uno de Juntos por el Cambio y dos del Frente de Todos. Aunque sí habría acuerdo en no derogar la ley anterior para no dejar sin efectos otros artículos que sí funcionaron, como la regulación de las comisiones que cobran las inmobiliarias. Solo se reformarán los dos artículos más cuestionados.

“Más allá de cualquier acuerdo, con lo que más vamos a insistir es que esta ley no soluciona los problemas de la macroeconomía. Si no, la gente se puede confundir y va a terminar siendo una gran decepción”, sintetizó una diputada del radicalismo.

Juntos por el Cambio se reunirá mañana para terminar de unificar posiciones. El Frente de Todos también planea un encuentro de bloque con similar objetivo. Ninguna de las dos coaliciones tiene suficientes votos para avanzar sola por su cuenta. Si en las próximas semanas no hay acuerdo para aprobar un nuevo proyecto, la oposición -ya adelantó- retomar su iniciativa de derogar la ley vigente.

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