La oposición también rechazó en el Senado bonaerense la ley que permite a los intendentes controlar precios

El proyecto de ley que faculta a los intendentes a controlar precios, garantizar el cumplimiento de la ley de etiquetado frontal y de la ley de góndolas en la provincia de Buenos Aires ya levantó polvareda entre la dirigencia política bonaerense. Intendentes de Juntos rechazaron la iniciativa que es de autoría del senador del Frente de Todos, Francisco Durañona y que cuenta con el respaldo del secretario de Comercio de la Nación, Roberto Feletti, intendentes del oficialismo y organizaciones de consumidores. Ahora, la discusión pasará a la Legislatura, donde los números son ajustados.

La voluntad del oficialismo es avanzar con la iniciativa que lo que hace es modificar la Ley de Defensa del Consumidor de la provincia de Buenos Aires y empodera a los gobiernos locales con herramientas legislativas para llevar adelante el control de distintos convenios suscritos tanto por el gobierno nacional como provincial: principalmente Precios Cuidados que ahora se expandió a comercios de cercanía.

Entre los puntos más fuertes aparecen las penalidades a superficies comerciales que no cumplan con los convenios a los que adhirieron. En la interpretación del proyecto está el meollo de la cuestión y las diferencias que ya afloraron a menos de 24 horas de haberse presentado. Para Juntos, la iniciativa va contra pequeños y medianos comercios. En el Frente de Todos aclaran que abarca a grandes cadenas de súper e hipermercados.

El proyecto fue presentado formalmente este miércoles en un acto que encabezó Durañona, junto a la presidenta del bloque del Frente de Todos en el Senado bonaerense, Teresa García; el senador Adrián Santarelli y la presidenta de la Unión de Consumidores Argentina, Adriana Malek. Además de la participación de otros senadores del Frente de Todos y algunos intendentes del FdT que lo hicieron de manera virtual como Federico Achával de Pilar, Alberto Descalzo de Ituzaingó u Osvaldo Cáffaro de Zárate que envío a un funcionario.

“Estamos en una época en donde el rol de los municipios juega un papel preponderante. A la hora de implementar políticas públicas no es posible ni viable hacerlo sin una participación protagónica de los municipios y para eso se requieren las herramientas institucionales que permitan poder garantizar a sus vecinos el acceso pleno a todos los derechos”, dijo Durañona durante la presentación. Justo al mismo momento en que el Frente de Todos explicaba la iniciativa que buscará empujar desde la Legislatura, el bloque de Juntos en el Senado anunciaba sus reparos al proyecto. La composición de la Cámara alta hará que la búsqueda de consensos por este tema sea trabajosa.

“No entiendo cómo creen que con esta iniciativa empoderan a los intendentes, que por el contrario están socorriendo a los comerciantes, muchos de los cuales se vieron afectados por las medidas restrictivas que este gobierno adoptó durante la pandemia y asfixiados por la enorme carga impositiva”, remarcó el presidente del bloque de Juntos, Cristian Gribaudo.

También sumó su rechazo el senador Alejandro Rabinovich al sostener que “El control de precio no debe ser competencia de los jefes municipales. El gobierno tiene que asumir que fracasó y generar políticas serias”.

Tanto Gribaudo como Rabinovich integran el PRO. Pero en el radicalismo legislativo siguen el mismo camino. El senador Agustín Máspoli le dijo a Infobae que “los intendentes son el primer mostrador con la sociedad y en muchos casos son los primeros que se hacen cargo del tema de la inflación con los vecinos que sufren la inflación. La receta de control de precios no funcionó ni va a funcionar nunca. No es una buena idea darle esa tarea y responsabilidad a los intendentes”. El mes pasado, el legislador presentó un proyecto de ley para avanzar con la autonomía municipal.

Uno de los puntos cuestionados por la oposición tiene que ver con que se irá detrás del mediano comerciante. En rigor, la iniciativa explicita que será para quienes hayan suscrito acuerdos del tipo Precios Cuidados. Sucede que al extenderse a comercios de proximidad, los supermercados familiares por ejemplo o los llamados chinos podrían ser tener sanciones si adhieren a Precios Cuidados y no lo cumplen. También se busca el cumplimiento de otras medidas que hacen a la defensa del consumidor como Ley de Etiquetado o Góndolas.

“Acá nadie busca sancionar al pobre almacenero. Acá de lo que se trata son las grandes superficies comerciales, los supermercados que marcan precios y cómo fijan precios. El intendente de Carlos Casares no va a perseguir al almacén de calle Dorrego, estará atento”, explicó García para refutar el argumento opositor. La titular del bloque también se refirió -aunque sin nombrarlo- al posicionamiento del intendente de Lanús, Néstor Grindetti. El jefe comunal, uno de los primeros que expresó su negativa al proyecto de Durañona, twitteo: “Quiero decirles a los más de 6 mil comerciantes de Lanús, que este intendente ni ningún agente municipal van a perseguirlos ni cerrar ningún comercio de barrio. El Frente de Todos está desesperado porque no sabe cómo contener la creciente inflación”. Parafraseando, la titular del bloque oficialista contestó: “¿y a los vecinos que les dice? ¿joróbense?”.

Según explicó Durañona, el oficialismo le manifestó su voluntad para que el proyecto se apruebe en el Senado y luego, en Diputados, corra con la misma suerte. Durante la presentación aclaró que recibió el llamado del presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Federico Otermín, quien garantizó el acompañamiento. Si bien la ecuación en Diputados es apenas más sencilla que en la Cámara alta, el oficialismo debe contar con bloques aliados para avanzar. En el Senado es donde, a priori, la tiene más difícil. Es que la composición de 23 bancas para el FdT y 23 para Juntos obliga a consensuar. Este jueves, la iniciativa, toma estado parlamentario.

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