El Frente de Todos prepara una nueva estrategia para demorar los nombramientos en el Consejo de la Magistratura

A pesar de las advertencias de Juntos por el Cambio, que hoy en conferencia de prensa aseguró que denunciará penalmente a Sergio Massa y a Cristina Kirchner si no designan a los dos representantes que faltan para el Consejo de la Magistratura, el oficialismo continúa esperando.

El jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, le presentó una nota formal al presidente de la Cámara de Diputados para que se abstenga de firmar el nombramiento de Roxana Reyes -la candidata que propuso la UCR- hasta que no se defina con claridad cuál es el criterio para determinar qué fuerza es la segunda minoría de la Cámara.

“Considero que no debe avanzarse en nuevas designaciones hasta tanto quede absolutamente en claro el criterio de definición de lo que se considera el ‘bloque con mayor representación legislativa’, ‘la primera minoría’ y ‘la segunda minoría’, de conformidad a lo expresado por el art. 2, inc. 3 de la ley 24.937″, dice el texto.

Desde el oficialismo aseguran que la oposición está cambiando el criterio para definir qué espacio político tiene la potestad de designar a un representantes. Según su visión, en 2018 Cambiemos nombró a Pablo Tonelli por la primera minoría. “Pero ahora Negri quiere nombrar a Reyes y dice que la UCR es la segunda minoría. Negri a veces se autopercibe primera minoría y a veces, segunda”, bromearon desde la bancada oficialista.

Es decir, para el Gobierno de los cuatro legisladores debería designarse a uno por la mayoría (Frente de Todos), uno por la primera minoría (Juntos por el Cambio) y el de la segunda minoría correspondería a alguno de los bloque minoritarios. Por ejemplo, Provincias Unidas, liderado por Luis Di Giacomo. El Interbloque Federal ya tiene representante con Graciela Camaño.

Para aumentar la complejidad del debate, los nombramientos también serían según leyes diferentes: en 2018 según la ley de 2006, y ahora según la ley de 1997, a raíz de la declaración de inconstitucionalidad de la norma de 2006.

Tras los contundentes fallos de la Corte Suprema, que dieron por tierra con los intentos oficialistas de ganar tiempo, ahora el Frente de Todos en Diputados busca cambiar el eje de la discusión. Si bien no está claro cuál sería el ámbito para resolver esta disputa, desde el oficialismo insinuaron que podría debatirse en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos.

Probablemente al tanto de la estrategia del Frente de Todos, el presidente del bloque radical Mario Negri advirtió a través de las redes sociales que “no hay ninguna posibilidad de que el kirchnerismo y aliados se queden con los lugares que corresponden a Luis Juez y Roxana Reyes”.

Y agregó: “Nos respaldan la ley de 1997 en vigor y los fallos de la Corte. Si quieren ir por izquierda les va a pasar como con el juez de Paraná”.

Ayer, la Corte Suprema asumió la conducción del organismo que nombra y remueve a los jueces tras haber declarado -en diciembre- la inconstitucionalidad de la ley de 2006. Habían argumentado que su conformación no respetaba el equilibrio entre los diferentes estamentos políticos y técnicos.

En el mismo fallo, el máximo tribunal le había dado al Congreso 120 días para que sancione una nueva ley. Si bien un proyecto del kirchnerismo obtuvo media sanción en el Senado, luego naufragó en la Cámara baja. Finalmente, el plazo venció el viernes pasado.

El mandato de la Corte señalaba que si no se sancionaba una nueva ley, el Consejo volvería a su conformación original de 20 integrantes, tal como estipulaba la norma de 1997. Esa norma asignaba cuatro legisladores consejeros por cada una de las Cámaras y actualmente sólo hay tres. Por eso la UCR y el PRO presionan para que sus representantes -la diputada Roxana Reyes y el senador Luis Juez- sean nombrados. Les corresponden -dicen- esos lugares por ser las segundas minorías en cada Cámara.

Hasta ayer Cristina Kirchner y Massa pudieron frenar las dos designaciones gracias a una medida precautelar firmada por  el juez federal de Paraná, Daniel Alonso, que hizo lugar a un planteo del diputado del Frente de Todos Marcelo Casaretto. Sin embargo, la Corte Suprema finalmente anuló todo lo actuado por el magistrado entrerriano y lo acusó ante el Consejo de la Magistratura por su mal desempeño. “Se alzó de manera flagrante y directa contra un pronunciamiento firme de este Tribunal”, advirtieron.

Al frenar las designaciones, el oficialismo esperaba poder paralizar la conformación del Consejo y así buscaba forzar a la oposición y a la Corte a buscar una salida negociada. Se amparaban en que el mismo fallo del máximo tribunal estipulaba que los nuevos consejeros debían jurar todos juntos en forma simultánea.

Sin embargo, ayer el titular de la Corte, Horacio Rosatti, ordenó tomarle juramento a los nuevos consejeros electos y notificar al Congreso por su tardanza. “Resultaría inadmisible que la demora o el incumplimiento de ese deber legal por parte de alguno de los estamentos –cualquiera fuera el motivo– pudiera retrasar, frustrar o paralizar el funcionamiento de un órgano de rango constitucional”, dijo la Corte.

El Frente de Todos reclama desde hace dos semanas más tiempo a la oposición y a la Corte Suprema para poder debatir el tema. Pero tanto el máximo tribunal como Juntos por el Cambio se mostraron intransigentes con los plazos marcados. De hecho, los jefes de bloque del PRO, la UCR, y la Coalición Cívica hicieron hoy una conferencia de prensa para exigir el cumplimiento de los fallos judiciales. “El fallo de la Corte es muy claro, no es opinable sino acatable”, dijo Negri. “Si no lo hace, voy a denunciar penalmente a la Vicepresidenta”, advirtió el senador Juez. Elisa Carrió también envió una carta pública a CFK y a Massa para exigir que aprueben los nombramientos.

Si bien desde el oficialismo reconocieron que la idea siempre es actuar en forma coordinada entre ambas Cámaras, todavía no trascendió cuáles serán los próximos pasos de Cristina Kirchner en el Senado.

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