Juezas y abogadas van a elecciones por el Consejo de la Magistratura, pero todavía no se sabe si podrán asumir

La elección puede ser inédita. Las candidatas -todas las postulantes son mujeres- que sean electas tal vez no asuman. Están en campaña e irán a un comicio, pero con la incertidumbre de si ocuparán el cargo para el que se postulan. Eso ocurre en las elecciones de abogadas y juezas que se harán la semana que viene para completar el Consejo de la Magistratura de la Nación después del fallo de la Corte Suprema de Justicia de Nación que declaró inconstitucional su actual integración y ordenó que haya una nueva.

Y eso ocurre porque si bien abogados y jueces tendrán a sus representantes electas, no ocurre lo mismo con los otros sectores que deben completar el cuerpo. Específicamente los designados por el Congreso de la Nación. Todo indica que Diputados y el Senado no enviarán al legislador que les corresponde. Todo por cuestiones políticas entre oficialismo y oposición. Pero principalmente por una idea que tiene el Gobierno: que la Corte no esté en el Consejo.

Esto puede llevar a otra situación inédita e institucionalmente grave. Que desde el 15 de abril el Consejo quede paralizado en sus funciones más importantes. Si eso ocurre, por primera vez desde el regreso de la democracia una institución creada en la Constitución Nacional quedará prácticamente cerrada.

Más allá de esa situación, en las elecciones de la semana que viene -las abogados votan el martes y los jueces el jueves- se ponen en juego las disputadas políticas internas de cada sector, los reacomodamientos y posicionamientos para las elecciones de fin de año, cuando el Consejo se vuelva a renovar.

La historia comienza mucho antes pero un punto de partida es el 16 de diciembre pasado. Ese día la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de la actual integración de 13 miembros del Consejo, el órgano encargado de la selección y acusación de los jueces nacionales y federales y de la administración del Poder Judicial. El máximo tribunal señaló que esa composición no respeta el equilibro que ordena la Constitución Nacional. De los 13 consejeros, siete son del ámbito político (seis legisladores nacionales y el representante del Poder Ejecutivo) y seis de los llamados técnicos (abogados, jueces y académicos).

La Corte resolvió que el Congreso debe dictar una nueva ley que regule el equilibro. Para eso dio un plazo de 120 días que vence el 15 de abril. Y si para esa fecha no hay una nueva norma, determinó que el Consejo debe volver a su integración anterior de 20 integrantes para completar el actual mandato que se inició en 2018 y vence en noviembre. Para llegar de 13 a 20 se deben sumar el presidente de la Corte -hoy Horario Rosatti-, dos abogados, un juez, un representante de los académicos, un diputado y un senador.

Así, las nuevas consejeras tendrán un mandato limitado siete meses, si es que asumen. “Estamos en una situación en la que en un año el Consejo tenga tres integraciones”, resume la situación un consejero.

El fallo de la Corte fue criticado en el Consejo tanto por oficialistas como por opositores porque el plazo de 120 días era escaso para organizar todo lo que implica la elección para los estamentos que las deben tener. Padrones, plazos, cierre de listas, convocatorias, la fecha de la elección. En el organismo dieron por descontado que el Congreso no iba a sancionar una nueva ley en ese tiempo. La paridad entre oficialismo y oposición así lo marcaba, sobre todo por las diferencias políticas y porque la Constitución fija una mayoría especial para sancionar la norma. El tiempo le dio la razón. Recién la semana pasada las comisiones del Senado aprobaron un dictamen que se tratará la semana que viene en el reciento.

Hay otra diferencia política clave. El Gobierno -y en esto coinciden el presidente Alberto Fernández y el kirchnerismo- no quiere a la Corte en el Consejo. La oposición, sí. Y así lo plasmaron en los proyectos que cada sector presentó.

En diciembre pasado el Consejo comenzó a organizar las elecciones de abogados, jueces y académicos. Hubo un acuerdo en que sean mujeres para respetar la paridad de género en un Consejo en el que de sus 13 integrantes solo cuatro son mujeres. Ese calendario electoral, y con la fecha clave de 15 de abril por delante, comenzará la semana que viene.

El martes, casi 170 mil abogados de la matricula federal de todo el país están habilitados para votar a sus representantes. Se presentan dos listas. “Lista 1. Abogacía para la Independencia Judicial” que encabeza Jimena de la Torre, ex funcionaria de la AFIP durante el gobierno de Mauricio Macri y fundadora de “Abogados en acción”, tiene el apoyo de Juntos por el Cambio. Y la “Lista 2. Abogacía Federal” que postulada a María Fernanda Vázquez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y cercana a Diego Molea, actual integrante del Consejo por los académicos que se referencia en el bloque del oficialismo.

La elección de las abogadas por es por dos cargos en el Consejo y como la distribución del resultado se hace por el sistema D’Hondt tanto de la Torre como Vázquez resultarán electas, coindicen todas las fuentes.

El jueves será el turno de los jueces nacionales y federales. Unos 750 están habilitados para votar en todo el país. Se presentan tres listas. La “Lista Bordó” lleva a Agustina Díaz Cordero, jueza civil de primera instancia; la “Lista Celeste” a Viviana Dobarro, magistrada laboral de primera instancia; y “Compromiso Judicial” a Jimena Monsalve, jueza de ejecución penal. Las tres el lunes harán un debate en la sede de la Asociación de Magistrados que será transmitido por videoconferencia.

El lugar para los jueces es uno y la competencia directa está entre la lista Bordó -más crítica del kirchnerismo- y la Celeste -más cercano al oficialismo-. De hecho, sus representantes actuales en el Consejo así se referencian. La Bordó mantiene la hegemonía en los últimos 20 años: ganó todas las elecciones. La Celeste, en los últimos dos comicios achicó la diferencia y espera dar el salto el jueves. Por su parte, Compromiso Judicial busca mantener y superar su caudal de votos para ser competitiva en noviembre y mantener a su presentante en el Consejo.

Jueces y abogados tendrán designadas a sus representantes para antes del 15 de abril. No ocurre lo mismo con el sector de los académicos. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) hará su elección con colegio electoral el 18 de abril, tres días después del pazo que dio la Corte. “Fue la fecha que se pudo fijar con la complejidad de la organización”, explicaron en el Consejo. El plazo para presentar listas vence esta semana y se espera que haya una lista de unidad.

Para completar el Consejo de 20 faltan los representantes del Congreso. Allí no hay elecciones, sino que es por designación de los titulares del Senado -Cristina Kirchner- y de Diputados -Sergio Massa- a propuesta de los bloques. Los lugares le corresponden a la segunda minoría parlamentaria de cada cámara. Y no hay acuerdo sobre quién es. Sobre todo después de las últimas designaciones que no se dieron por bloque, sino por la reunión de firmas entre varios de ellos. Y sobre eso no hay acuerdo político. Pero tampoco en el Congreso se dio una discusión para cubrir los lugares.

A la falta de acuerdo político se suma que como el oficialismo no quiere a la Corte en el Consejo, ni Massa ni Cristina Kirchner firmarán ninguna designación.

Así, de los siete consejeros que se deben sumar al cuerpo habrá solo cinco. ¿Qué pasará entonces? La postura mayoritaria en el organismo -tanto oficialistas como opositores- que es desde el 15 de abril no habrá Consejo posible. Se basan en el propio fallo de la Corte que dijo que “los nuevos miembros iniciarán su mandato de manera conjunta y simultánea”. Es decir, los siete juntos.

Pero algunos especulan que quienes resulten electas en los comicios buscarán la forma de asumir. Incluso, algunas voces se preguntan qué postura podría tomar la Corte. “¿Rosatti el 16 se sienta en el Consejo?”, fue la pregunta que surgió entre algunos consejeros en los últimos días. Entienden que por el propio fallo de la Corte deben estar los siete consejeros nuevos. Pero las especulaciones, ante la incertidumbre, siempre mandan.

Como la expectativa es que desde el 15 de abril la composición del cuerpo no esté completa y por lo tanto todo lo que el Consejo haga será nulo, ya se comenzó a trabajar en el día 16. Los consejeros aprobarán un reglamento especial para trabajar en la emergencia, que podría durar hasta noviembre.

Saben que concursos y acusaciones de jueces no podrán aprobar porque se requiere la intervención del plenario, es decir de la participación de los 13 integrantes que la Corte declaró inconstitucional. Pero entienden que sobre otros temas, para los que no se necesita que pasen por el plenario, podrán continuar con sus funciones. Principalmente en todo lo que tiene que ver con la administración del Poder Judicial como pago de sueldos, compra de insumos, licitaciones. Ese reglamento esperan aprobarlo antes del 15 de abril, la fecha clave para la justicia que todos miran.

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