Coparticipación: el Gobierno y CABA ingresan en la lucha por los fondos y se amplían las diferencias

La discusión por el porcentaje de coparticipación que la Nación le quitó a la Ciudad de Buenos Aires en el 2020 y que el gobierno porteño pide que se le restablezca para sostener el pago de la Policía, ingresó en la etapa más conflictiva: la búsqueda del acuerdo por el monto de dinero que debe ser transferido.

Este miércoles hubo una reunión en el Salón Presidente del ministerio del Interior, en la sede ubicada por la Avenida Alem, a pocos metros de la Casa Rosada. Los principales representantes de ambos gobiernos fueron los mismos y el avance de las negociaciones fue mínimo.

Por el lado de la Nación estuvieron la Secretaria de Provincias, Silvina Batakis, y el titular de la Dirección Nacional Electoral, Marcos Schiavi. Del lado del gobierno porteño estuvieron el jefe de Gabinete, Felipe Miguel; el ministro de Hacienda, Martín Mura y el subsecretario de Finanzas, Abel Fernández Semhan.

En la reunión de hoy, CABA presentó por escrito el mecanismo de liquidación y actualización de los montos coparticipables, propuesta que se había discutido el miércoles de la semana pasada. En ese punto hay acuerdo en cómo hacerlo.

Pero a partir de la semana que viene comenzarán a tratar el monto concreto que debe ser coparticipado. Y es en esa parte de la negociación donde se expondrán las principales diferencias y en donde creen que la tensión subirá al ritmo de las discusiones.

En la Casa Rosada ven difícil el avance en esta etapa de negociaciones. “Pareciera que cumplen con la formalidad que pidió la Corte Suprema”, indicaron fuentes de Interior a Infobae, en referencias al pedido del máximo tribunal para que en el plazo de 30 días hábiles lleguen a un acuerdo y no sean los jueces quienes deban tomar la decisión final.

Ambas partes consideran que será complejo arribar a un acuerdo por el dinero que se debe transferir, aunque desde el gobierno porteño son más entusiastas que en el Ministerio del Interior, donde creen que la negociación ingresará en un pantano donde las diferencias serán difíciles de resolver.

¿El motivo? En la cartera que conduce Eduardo “Wado” de Pedro sostienen que en el decreto 194/2016 en el que en el que el ex presidente Mauricio Macri aumentó el número de la coparticipación de 1,4 a 3,75% no está justificado que la suba será para sostener el pago de la Policía ni tampoco el monto preciso.

Lo complejo será poder lograr un acuerdo sobre cuál es el número que corresponde. “Es difícil discutir sobre un número que no existe”, explicó un funcionario. Según indicaron en la Casa Rosada, en el 2016 el traslado de la Policía tuvo un costo de 8.047 millones de pesos y el monto transferido por coparticipación fue de 17.386 millones. Es decir, más del doble.

“¿Qué pasó con la diferencia? ¿En qué la usaron? Nunca dijeron en que la usaron”, señalaron en Balcarce 50. En el gobierno porteño los cálculos que hacen arrojan que por este año en curso la Nación debería abonarles cerca de 120.000 millones de pesos.

En el recurso de amparo presentando ante la Corte también exigen percibir los montos actualizados de lo que le deberían haber abonado en el 2020 y el 2021. Según las cuentas que hacen en Uspallata, entre los últimos tres años deberían cobrar cerca de 300.000 millones.

En el gobierno nacional ponen el foco más atrás en el tiempo. Advierten que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta debería devolver el dinero excedente que le fue transferido entre el 2016 y 2020. “¿Ellos van a devolver esos fondos? Va a ser difícil ponerse de acuerdo en todo lo que corresponde a los montos”.

En la Casa Rosada intuyen que el gobierno porteño está dilatando la negociación porque creen que la Corte Suprema fallará a su favor y que obligará a la Nación a cumplir con la transferencia del 3,5% de la coparticipación, que es el número que fijo Macri en el 2018.

En el larretismo son cautos sobre la posible intervención del máximo tribunal y advierten que tienen la vocación de evitar que la Corte decida y cerrar un acuerdo con el gobierno de Alberto Fernández. “Nosotros trabajamos en línea con lo que nos pidió la Corte. Queremos negociar y tratar de llegar a un acuerdo”, indicaron en Uspallata.

La negociación está llena de suspicacias y desconfianzas. Si bien el clima de cada reunión es ameno, como reconocen ambos actores, en el Gobierno no están tan seguros de la voluntad acuerdista de la Ciudad y sembraron dudas sobre la posible actuación de la Corte Suprema, que en el caso de tener que decidir, no tiene un plazo estimado para hacerlo.

“¿La Corte va inclinar la cancha para el lado de la Ciudad en el 2023, que es un año electoral?”, se preguntó un funcionario nacional muy cercano a “Wado” de Pedro, considerando que la resolución de los jueces puede demorarse y caer en el año donde los argentinos volverán a elegir al Presidente.

Desde que en el 2020 el gobierno de Fernández decidió que el porcentaje de coparticipación se reduzca a 2,32%, no se giraron más los fondos a la Ciudad. A partir de ese momento la relación entre el Jefe de Estado y Horacio Rodríguez Larreta se rompió. Hoy ambos gobiernos solo se sientan a la mesa por temas puntuales como el de esta negociación.

La reunión de este miércoles se llevó a cabo mientras en la Casa Rosada el ministro de De Pedro intentaba buscar el apoyo de 19 gobernadores al reclamo y la posición que tiene la Nación respecto a la discusión con la Ciudad. Los tres de Juntos por el Cambio (Gerardo Morales, Gustavo Valdés y Rodolfo Suárez) estuvieron ausentes.

Fue un movimiento político que buscó aislar a Rodríguez Larreta del resto del país y hacer público, en forma unificada, el rechazo de la mayoría de los mandatarios, quienes hablaron de los “privilegios” de los porteños y el “robo” de fondos que deberían ser repartidos en las provincias.

En el gobierno porteño no quieren ingresar en un ida y vuelta de reproches con el gobierno nacional. Tampoco con los gobernadores. “La negociación va por carriles separados. Nosotros estamos abocados a lograr un acuerdo. Es lo que nos importa”, repiten cerca del Jefe de Gobierno porteño. Le escapan a la polémica. Al menos, por ahora.

SEGUIR LEYENDO: