Tramo final del juicio en el que Julio De Vido y Ricardo Jaime están acusados por la compra de trenes chatarra a España y Portugal

El viernes 1 de abril se conocerá el veredicto en el juicio oral y público en el que el ex ministro de Planificación del kirchnerismo, Julio De Vido, y el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, son acusados por la compra de trenes chatarra a España y Portugal.

El Tribunal Oral Federal 6, integrado por los jueces Julio Panelo, Fernando Canero y Ricardo Basílico, fijó para ese día la lectura del veredicto que pondrá fin a un juicio que abarcó otros casos de corrupción en los que fue acusado Jaime.

En noviembre pasado la fiscal del juicio Gabriela Baigún había pedido penas para De Vido y Jaime por la compra de trenes chatarra . Para De Vido, había solicitado que se lo condene a la pena de cuatro años de prisión. Lo consideró autor del delito de defraudación contra la administración pública.

Por ese caso de corrupción y por otros tres más por los que fue juzgado desde 2019 la fiscal había solicitado una pena de ocho años de prisión Jaime, ex secretario de Transporte del kirchnerismo entre 2003 y 2009. La fiscal había considerado que Jaime debía ser condenado a esa pena porque fue responsable en la investigación por su enriquecimiento ilícito y en otros casos de corrupción. En su última intervención en el juicio Baigún señaló que dos de los casos estaban prescriptos.

En el caso de la compra de los trenes chatarra -uno de los que no prescribieron- Jaime fue acusado, además, como autor del delito de cohecho, es decir de cobrar coimas. Para la fiscal “Jaime cobró retornos” en los contratos firmados con España y Portugal.

Para esa maniobra tuvo como partícipe necesario a su ex asesor, testaferro y hacedor de negocios oscuros, Manuel Vázquez. La fiscal había pedido para Vázquez una pena de cinco años y ocho meses de prisión. Vázquez también fue acusado de ser testaferro que intervino en el enriquecimiento ilícito de Jaime. La fiscal había solicitado también que los jueces les dicten a De Vido, Jaime y Vázquez la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La compra de trenes chatarra a España y Portugal comenzó durante el gobierno de Néstor Kirchner. Se intentó adquirir material ferroviario en desuso en Europa para luego repararlo aquí y de ese modo revitalizar los talleres ferroviarios que estaban sin funcionar.

Se gastaron 100 millones de euros y durante la investigación judicial se determinó que buena parte del material rodante traído no funcionó. “El 54% de las formaciones adquiridas no prestó ningún tipo de servicio al 2012 y el 25% del material restante se encontró operativo durante muy poco tiempo. En definitiva, el 79% del material rodante comprado por De Vido y Jaime no era utilizado de ningún modo por el sistema ferroviario nacional en el año 2015″, había explicado la fiscal en su alegato. La denuncia realizada en 2013, a partir de la que comenzó el caso que llegó a juicio, se basó en un lapidario informe que sobre la compra hizo la Auditoría General de la Nación (AGN).

“Ya se dijo en varias oportunidades que no estamos juzgando una decisión de índole política, sino las graves irregularidades que rodearon esta política pública, y fueron comprobadas en el marco de este debate”, había dicho Baigún para dejar en claro que no se analizaba la decisión de la compra de los trenes sino el delito cometido a partir de la adquisición del material ferroviario.

Cuando pidió las penas, la fiscal había dicho que: “No puede perderse de vista que, el porcentaje de material que jamás se reparó y, por lo tanto, que nunca prestó funciones en Argentina es muy elevado. Ya sea que se tome el relevamiento de la AGN (44%) o el aquí propuesto (54%), el número es demasiado alto como para pasar desapercibido. No se trata de algún material aislado que no se pudo reparar por algún motivo concreto. Estamos diciendo que la mitad de todo lo que se compró, nunca se usó. Esta situación es demasiado ostensible y notoria, y jamás pudo haber pasado desapercibida”.

Al fundamentar los pedidos de penas Baigún explicó lo que debían haber hecho De Vido y Jaime cuando se formalizó la compra de trenes chatarra: “Tanto el ministro como el secretario de Transporte tenían un deber de garantía asignado por la propia ley para el transporte ferroviario, en el que diariamente viajan millones y millones de personas”.

La fiscal había dicho que el ex ministro y el secretario de Transporte incumplieron con varias de las responsabilidades que tuvieron como funcionarios públicos a la hora de supervisar la compra de trenes europeos. Baigún había dicho que no hubo dictámenes “del servicio jurídico permanente de la administración pública”; que “salvo en un solo caso excepcional, no obran en los expedientes administrativos actos de autorización y aprobación de los gastos” y que no cumplió con “el recaudo de incorporar informes técnicos y de racionalidad de los precios, que justifiquen o fundamenten la conveniencia de las compras”. Tampoco-según la acusación de la fiscal- cumplieron con lo que prevé la Ley de Ética Pública, que establece que los funcionarios deben “proteger y conservar la propiedad del Estado y sólo emplear sus bienes con los fines autorizados”.

“Los funcionarios públicos debían administrar los bienes del Estado como si fueran propios. Sin embargo, conforme concluyó la AGN, y declararon en forma unánime todos los funcionarios y empleados de dicho organismo que prestaron testimonio en este juicio: las compras no respondieron a los criterios de eficiencia, eficacia y economía. Obviamente, no resultaron útiles para la rehabilitación de los Servicios Interurbanos de Transporte Ferroviario de Pasajeros”, había sostenido Baigún cuando explicó las responsabilidades por las que pidió las penas para De Vido y Jaime.

La fiscal también había señalado que: “En definitiva, es palmario que Jaime tenía competencia para efectuar las tareas de compra del material rodante a España y Portugal, las asignaciones de las formaciones a los operadores, y las diligencias tendientes a que se llevaran adelante las reparaciones. Todas estas tareas debió haberlas realizado, a los fines del fortalecimiento y desarrollo del sistema ferroviario. Sin embargo, conforme se desarrolló ya extensamente, esta labor, lejos de haber contribuido al mejoramiento de dicho sistema, generó un elevado perjuicio económico para las arcas públicas”.

La fiscal graficó cómo era el sistema de decisiones durante los años en los que Jaime manejó un enorme presupuesto. Baigún señaló que para la compra de trenes europeos, Jaime no consultó a nadie salvo a su testaferro Manuel Vázquez, con quien compartió el cobro de coimas. “…Ninguno de los funcionarios y empleados pertenecientes a la secretaría de Transporte o a la subsecretaría de Transporte Ferroviario, que declararon en este juicio, reconoció haber tenido intervención sustancial en este proceso de adquisición de material rodante a España y Portugal. Cabe remarcar que todos ellos desconocieron haber formado parte de las múltiples etapas que implicaron estas compras: desde su ideación hasta la recepción del material y su administración en el país”.

De Vido ya tiene una condena por su responsabilidad en la Tragedia de Once. Fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión y la condena que fue confirmada por Casación fue apelada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De Vido está excarcelado y asistió al juicio desde su casa. Jaime está preso en la cárcel de Ezeiza y en la última parte del juicio no estuvo en las audiencias por Zoom. Fue condenado por la Tragedia de Once-sentencia que no está firme- y por robar pruebas en un allanamiento y por haber recibido coimas de empresarios a los que debía controlar cuando fue secretario de Transporte de Néstor y Cristina Kirchner.

En la audiencia de hoy se espera que los imputados de dos de los casos digan –si así lo desean- sus últimas palabras. El viernes tendrán la misma oportunidad los imputados en los otros casos. Y luego se conocerá el veredicto.

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