Por instrucción directa de Alberto Fernández, Martín Guzmán dialogó ayer con Kristalina Georgieva para negociar el aumento del 60 por ciento que exige el Fondo Monetario Internacional (FMI) para cerrar un acuerdo con Argentina que permita refinanciar la deuda de 44.000 millones de dólares que contrajo Mauricio Macri en 2018.
El ministro de Economía y la directora gerente del FMI tienen muy buena relación personal y la conversación fue en términos técnicos. Guzmán explicó que no es posible aumentar las tarifas eléctricas en un 60 por ciento como exige el staff del Fondo, en tanto que Georgieva replicó que -a su juicio- no parece sustentable el sendero fiscal que se propone para reducir el pesado déficit argentino.
No es que Georgieva no comparta el sendero fiscal diseñado por el ministro de Economía, simplemente no cree que pueda cumplirse si no se aumentan las tarifas en 60 por ciento.
La comunicación entre Buenos Aires y Washington solo sirvió para ratificar las discrepancias que enfrentan a la Argentina con el FMI.
Alberto Fernández no está dispuesto a ajustar las tarifas en un 60 por ciento, mientras que el Fondo reclama ese fuerte incremento para garantizar que habrá un déficit fiscal de 2.5 del Producto Bruto Interno (PIB) en 2022.
Con la negociación aún empantanada, tras el call de Guzman con Georgieva, en Gobierno no descartan la posibilidad de solicitar a la Casa Blanca que influya -de nuevo- en la toma de decisiones del FMI. Jake Sullivan es el consejero de Seguridad Nacional de Joseph Biden y fue clave su encuentro con Georgieva para evitar que Argentina caiga en default hacia fines de enero.
La situación se repite un mes más tarde. Si Georgieva no recibe una instrucción directa de la Casa Blanca, a favor de la propuesta que defiende Guzmán ante el staff del Fondo, Argentina podría caer en default el próximo 22 de marzo.
Alberto Fernández deseaba anunciar el acuerdo durante esta semana, y lograr que la Cámara de Diputados y el Senado sancionen la Ley FMI en menos de quince días. Con este calendario parlamentario, el Presidente se garantizaba que el board del Fondo avalara el programa antes del 22 de marzo.
Pero las exigencia del FMI congelaron los deseos presidenciales, y ahora en Balcarce 50 afirman que finalmente habrá anuncio durante el fin de semana. Si fuera así, los plazos son muy cortos.
Y aún no se sabe con certeza cómo se resolverían las diferencias que a esta hora empantanan las negociaciones entre Argentina y el Fondo.
Todavía no se abrió un backchannel para sumar la influencia Sullivan -absorbido por la crisis en Ucrania- y es poco probable que Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner aprueben un acuerdo con el FMI que establece un ajuste de tarifas eléctricas del 60 por ciento para 2022.
Alberto Fernández tampoco comparte ese ajuste económico, pero si lo hiciera para evitar un default en marzo, los diputados y senadores que responden a CFK y Máximo votarían en contra de la decisión presidencial.
En este contexto, el acuerdo con el FMI está en riesgo. Hay diferencias respecto a la reducción del gasto, la vicepresidente y el líder de La Cámpora ya aspiran a un cambio de ministro de Economía, y los plazos legislativos se achican con el correr de las horas.
El 22 de marzo vencen 2.800 millones de dólares con el Fondo, y el Banco Central no tiene las reservas para enfrentar este vencimiento. Georgieva sabe que Argentina puede caer en default con el FMI y arrastrar al Club de París, que aguarda un pago de 2.000 millones de dólares que vencieron en marzo de 2021.
La directora gerente fue distante cuando conversó ayer con Guzmán. Mala señal.
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