Finalmente, los legisladores de Juntos resolvieron en bloque apoyar al procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, luego del pedido de juicio político presentado por el Frente de Todos ante la denuncia de formar parte de una “mesa judicial” que perseguía ilícitamente a dirigentes sindicales.
Los diputados y senadores bonaerenses del bloque opositor emitieron un comunicado a última hora del jueves en el que denunciaron el interés del oficialismo por “desestabilizar y forzar la renuncia” del jefe de los fiscales de la provincia de Buenos Aires.
Con el título “En defensa de la institucionalidad para evitar la colonización de la Justicia por parte del kirchnerismo”, los dirigentes de Juntos compartieron el texto en el que expresaron “respaldar la continuidad institucional” de Conte Grand. Dijeron que, con el juicio político, el oficialismo perpetra un “atropello institucional” que “arremete contra las instituciones a fin de conseguir impunidad para su fuerza política”.
Conte Grand llegó a la función como jefe de los fiscales a raíz de su cercanía con la gobernadora María Eugenia Vidal, tras desempeñarse como Secretario de Legal y Técnica durante su gestión al frente de la gobernación. Era quien le controlaba la firma a la ex mandataria en sus decretos y resoluciones.
Por eso, en el Frente de Todos le achacan a Conte Grand su relación política y de confianza con Vidal, y advierten que no podía desconocer lo que ocurría en la provincia.
Todo se desprende del video que aparece el ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, en el que habla de crear una “Gestapo” para perseguir a dirigentes sindicales. Allí, el funcionario a cargo de las relaciones laborales asegura frente a agentes de inteligencia, empresarios y funcionarios de la anterior gestión provincial que podían avanzar en una denuncia contra el jefe de la UOCRA La Plata, Juan Pablo “Pata” Medina porque se había chequeado con “el juez, Procuración y la fiscalía”.
Pese a las acusaciones por mal desempeño y a la investigación judicial en curso, el espacio de Juntos contestó ahora oficialmente la avanzada del Frente de Todos para avanzar en la remoción de Conte Grand. En el comunicado, los opositores señalaron que el procurador “fue elegido por el voto de todos los bloques legislativos en el Senado de la provincia”.
Y agregaron: “Frente a los ataques reiterados de distintos referentes del oficialismo provincial, sin sustento legal, que desde que comenzó su gestión han intentado desestabilizar y forzar la renuncia del procurador general, Juntos por el Cambio sostiene la necesidad de respetar el marco institucional y los fundamentos democráticos previstos por la Constitución”.
Además, explicitaron que “la metodología del oficialismo demuestra, una vez más, que persigue fines ajenos a una sana democracia, y arremete contra las instituciones a fin de conseguir impunidad para su fuerza política”. En ese marco en que criticaron el pedido de juicio político como “un atropello institucional”.
“La democracia supone el equilibrio de poderes, no la vocación hegemónica de la suma del poder público con fines espurios”, concluyeron.
El oficialismo bonaerense había dado el primer paso para impulsar el juicio político de Conte Grand. Pero para que la idea tenga un viso de realidad, se requiere el apoyo opositor, algo que parece a esta altura de las conversaciones parece estar descartado.
El presentarse la iniciativa, el pedido de juicio político contaba con el el respaldo de 43 diputados del oficialismo, un número que no es suficiente para iniciar el proceso, que necesita de dos tercios. Podría llegar a conseguir los 49 votos necesarios para alcanzar el quórum, pero está lejos de las 62 manos para habilitar la votación que defina la remoción del procurador.
Conte Grand viene cosechando varios apoyos para permanecer en su función. Además del comunicado de la oposición, los procuradores generales también expresaron su solidaridad con el jefe de los fiscales.
En el Senado, el oficialismo pidió convocar a una sesión para el martes 11 de enero. El tema es similar, solo que el objetivo es responder a los requerimientos de la Justicia sobre el senador Juan Pablo Allan. El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, había dispuso el allanamiento del despacho del senador provincial de Juntos que participó de la reunión cuya filmación fue revelada por la AFI. Allan aceptó en que se avance con el procedimiento.
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