El juez federal Ernesto Kreplak ordenó en las últimas horas que la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), un organismo técnico de la Procuración General, quede a cargo de las pericias sobre el material secuestrado en los allanamientos de la semana pasada. Son computadoras, celulares y pen drives. Aunque la causa sigue activa porque el juez habilitó la feria, recién la semana próxima se realizará la extracción del material, pudo saber Infobae de fuentes judiciales.
La DATIP fue creada en 2015, durante la gestión de Alejandra Gils Carbó, y tuvo una activa participación en expedientes judiciales de alta repercusión mediática como la causa del espionaje ilegal que tramitó en el juzgado de Dolores, en el crimen del joven Facundo Astudillo Castro, y hasta en la investigación por la muerte de Santiago Maldonado.
Al comienzo, la DATIP estuvo a cargo de Cristina Caamaño, actual interventora en la AFI y denunciante en el caso de la “Gestapo”. Para ese entonces, la entonces fiscal también tenía el control del Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM), encargado de las escuchas judiciales.
La estructura interna de la DATIP se modificó sustancialmente cuando las escuchas pasaron a manos de la Corte Suprema.
Tras la renuncia de Gils Carbó, Caamaño dio un paso al costado. El año pasado, el procurador interino Eduardo Casal designó a Romina del Buono, una funcionaria de carrera.
LA DATIP tiene varios laboratorios forenses dedicados a la medicina legal, la criminalística, el análisis de telecomunicaciones, documentos, redes sociales y de audio y video.
Siempre interviene a pedido de los fiscales, en este caso de la fiscal federal de La Plata, Ana Russo.
Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, Kreplak ordenó que la DATIP analice todo el material secuestrado en los allanamientos del miércoles pasado en oficinas y despachos vinculados a los ex funcionarios de la AFI y del gobierno de María Eugenia Vidal que estuvieron en la reunión del Banco Provincia.
También hubo procedimientos en el Senado de la provincia de Buenos Aires y en dos sedes del mismo banco.
El material ya está en poder de la DATIP, pero la extracción del contenido se hará recién la semana pasada.
La investigación no se detiene
En el expediente ya se presentaron Marcelo Villegas (que en el video dice que le gustaría tener una Gestapo contra los sindicatos), el intendente de La Plata, Julio Garro, el senador provincial de Juntos por el Cambio Juan Pablo Allan y los ex funcionarios de la AFI Dario Biorci y Sebastián De Stefano.
Esta semana el juez firmó una orden de allanamiento para ingresar al despacho de Allan y una orden de presentación para obtener un teléfono y un Ipad de Biorci, dos de los trámites que no se habían podido realizar la semana pasada.
La causa por ahora tramita en La Plata, pero podría terminar en los tribunales de Comodoro Py por una vieja denuncia que hizo el propio Medina. En 2019, el ex titular de la UOCRA de La Plata denunció la existencia de una mesa judicial a raíz de los dichos de otro sindicalista platense, Marcelo Balcedo, y de un párrafo del libro “La Raíz” del periodista Hugo Alconada Mon donde se hacía mención a la reunión del Banco Provincia.
Según consta en ese expediente, al que tuvo acceso Infobae, Balcedo le transmitió a Medina supuestos dichos del entonces ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires Marcelo Villegas, en una reunión social que habría ocurrido diez o quince días antes del 26 de septiembre de 2017, el día de su detención.
En marzo del año pasado, el fiscal Carlos Stornelli impulsó esa denuncia y pidió varias medidas de prueba, pero el expediente hasta ahora no tuvo grandes novedades. “Si avanza la causa en La Plata vamos a pedir que se incorpore la causa de Comodoro Py”, adelantó uno de los letrados.
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