El oficialismo avalará hoy en el Senado 48 DNU dictados por Alberto Fernández durante la pandemia

En la última sesión del Senado en la que tendrá quórum propio antes del recambio legislativo, el oficialismo convalidará hoy a libro cerrado 48 Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) dictados por Alberto Fernández en los últimos dos años. La cifra, si bien roza el medio centenar, es menos de la mitad de los 116 DNUs que habían obtenido dictamen del Frente de Todos en la Bicameral de Trámite legislativo el 18 de noviembre pasado. Ese día, el oficialismo hizo valer su mayoría en esa Comisión y la bancada opositora se levantó de la reunión tras considerar que eran “inválidos” porque no habían sido oportunamente debatidos por el Congreso. Tras firmar un dictamen de minoría propio, hoy insistirá en el recinto con su rechazo a ese paquete.

Apenas tres semanas después, el kirchnerismo decidió dejar afuera más de la mitad de los DNU firmados por Alberto Fernández. La mayoría de los restantes 48 a los que dará blindaje jurídico con el aval parlamentario -casi todos de necesidad y urgencia pero también hay de facultades delegadas-, están referidos a medidas sanitarias y económicas vinculadas a la pandemia dictados en 2020 y este año, excepto uno: el que declara de interés público nacional la promoción de gas natural argentino.

Si bien desde el oficialismo aseguran que buscaron llevar al recinto aquellos “no conflictivos” en un gesto para la oposición de Juntos por el Cambio, luego de las quejas por la desprolijidad de buscar aprobar más de un centenar al mismo tiempo, la lectura política que sobrevuela en los pasillos del Parlamento y en la Casa Rosada es otra. La vicepresidenta Cristina Kirchner, en su despedida de la mayoría propia en el Senado, no le dará el aval a esos otros 68 decretos del Presidente, entre los que figuran varios referidos a decisiones clave de la gestión de Fernández.

Por ejemplo, uno que generó ruido interno dentro del Frente de Todos: la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria dictada en el gobierno de Mauricio Macri. Ese DNU le dio al Ejecutivo la potestad de fijar los aumentos discrecionalmente y, en la práctica, los haberes previsionales resultaron por debajo de la inflación acumulada.

Los 48 DNU que se aprobarán hoy incluyen 17 que dispusieron el aislamiento obligatorio y el distanciamiento social (ASPO y DISPO), con restricciones en la movilidad y en las actividades permitidas; otros 4 sobre la asistencia y beneficios sociales a determinados sectores, como los planes ATP y REPRO; y 24 vinculados a decisiones del ámbito laboral, como la emergencia en materia ocupacional y la prohibición de despidos sin causa. Solo el que oficializó el Plan Gas 2020-2024 integra el paquete económico del listado original promovido por el mismo oficialismo en la Bicameral hace apenas tres semanas.

Algunos de los que quedaron “pendientes”

No fueron incluidos, en cambio, varios otros DNU relevantes en la gestión albertista, firmados por la lapicera presidencial y su gabinete, como la ampliación del Presupuesto para 2021 en $710.000 millones, la reducción de las retenciones a exportación para la minería, la creación del Ente estatal de control de la Hidrovía, o la suba del piso de Ganancias a $175.000. Desde la oposición también denunciaron que el listado original figuraba la contabilización dos veces de los derechos de giro del FMI - por USD 4.334 millones - para poder emitir más de 400.000 millones de pesos en el plan “platita” post derrota del Gobierno en las PASO.

También quedaron afuera, por ejemplo, la derogación de la creación de la Agencia nacional de protección a testigos e imputados creada durante el gobierno de Cambiemos, y la del decreto de Macri que permitía la expulsión rápida de extranjeros que delinquen. En el oficialismo dijeron que serán enviados en “paquetes” y cuestionaron el rechazo opositor por “motivos políticos” sobre medidas tomadas en “la excepcionalidad de la pandemia”.

Hay quienes especulan que, al no aprobar todos los decretos que dictó Fernández, puede quedar abierta la puerta a una futura anulación. Pero para hacer “caer” un DNU se requiere un rechazo de ambas cámaras, algo muy improbable con la actual composición del Congreso. Para su convalidación, en cambio, solo es necesaria la aprobación de una de ellas. Pero en la práctica, su “no tratamiento” permite que sigan vigentes al no ser expresamente rechazados.

“Los DNU surten efecto desde el momento en que se los dicta. Hoy son hechos consumados y, a esta altura, ya no hay nada que se pueda modificar. Por eso es importante que se exprese la Cámara dentro de un plazo razonable de dictados. Pero el oficialismo planchó su tratamiento durante ocho meses en la Bicameral de Trámite Legislativo que debía discutirlos”, advirtió Luis Naidenoff, presidente del bloque del radicalismo.

“Todos los atropellos y abusos cometidos en las provincias durante la cuarentena dispuesta por estos decretos fueron convalidados por los gobernadores que responden a Cristina Kirchner. Y los senadores del oficialismo fueron cómplices de esos atropellos, como los que ocurrieron por ejemplo en Santiago del Estero, Córdoba o Formosa. Los avalaron al no permitir su debate oportunamente, cuando fueron dictados por el presidente”, agregó el legislador formoseño, hasta hoy también jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado, y quien a partir de mañana será reemplazado en ese cargo por Alfredo Cornejo, a punto de dejar la jefatura del Comité Nacional de la UCR.

Para el diputado Luis Petri, también radical que integra la Bicameral donde la oposición los rechazó en su conjunto, no hay dudas: “La decisión de llevar al recinto sólo una parte de los 116 tiene que ver con una interna de ellos y una discusión puertas adentro, para un eventual condicionamiento por parte de Cristina Kirchner a Alberto”.

El listado original de 116 incluía también promulgaciones parciales de leyes, e incluso algunas desprolijidades, como dos decretos comunes, uno con la aprobación de la renuncia de Federico Basualdo al Ente Nacional regulador de la electricidad (ENRE) para pasar a ser subsecretario de Energía de la Nación. Basualdo es el funcionario avalado por Cristina Kirchner que el ministro de Economía, Martín Guzmán, nunca pudo echar.

Adiós al quórum propio

La de este jueves es la última sesión de la Cámara alta con su conformación producto de la elección del 2019, que le dio al Frente de Todos mayoría y quórum propio. Comenzará pasado el mediodía, al finalizar la sesión preparatoria en la que jurarán los senadores elegidos el 14 de noviembre último. Como los nuevos legisladores recién asumen el 10 de diciembre, el Gobierno contará hoy por última vez - y hasta la medianoche - con el número requerido para sesionar (37), y votar las iniciativas sin necesidad de la oposición.

A partir de las 0 horas de mañana, por primera vez desde 1983 el peronismo en sus diferentes versiones no tendrá el quórum asegurado. El bloque que seguirá presidiendo el formoseño José Mayans pasará de 41 a 35 senadores, dos por debajo del número requerido para sesionar. Antes de que el reloj marque esa hora, el Frente de Todos aprovechará su mayoría en la Cámara alta.

Producto del triunfo de Juntos a nivel nacional en los comicios legislativos en los que el Senado renovó 24 bancas, y de la derrota del Frente de Todos en 6 de los 8 distritos que ponían en juego sus tres escaños, el interbloque de Juntos pasará a tener 31 legisladores, y aspira a sumar el apoyo de 3 aliados del Interbloque Federal, lo que dejaría al Senado en un virtual empate de 34 a 35.

El resto de los temas de la sesión

Además del medio centenar de DNU del Presidente, se acordó abrir la discusión de dos proyectos sobre tablas, que requieren una mayoría especial de dos tercios para habilitar su tratamiento: uno sobre contracepción en personas con discapacidad, y el otro que busca garantizar los derechos humanos de las personas en situación de calle.

El resto de las iniciativas, unas 45, tienen el acuerdo de todas las bancadas y serán aprobadas sin discusión. Son impulsadas por senadores de diferente signo político y que, en muchos casos, pidieron apurar su tratamiento antes de despedirse de sus bancas. Entre ellas se encuentra el que declara el 3 de diciembre Día Nacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. También figura el permiso que cada año debe otorgarle el Congreso al Presidente de la Nación para que pueda ausentarse del país por motivos protocolares.

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