Trenes chatarra: la fiscal pidió en su alegato penas de prisión para Julio De Vido y Ricardo Jaime

La fiscal Gabriela Baigún cerró hoy su alegato en el juicio por la compra de trenes chatarra a España y Portugal. En ese caso pidió que a Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal durante el kirchnerismo, se lo condene a la pena de cuatro años de prisión. Lo consideró autor del delito de defraudación contra la administración pública.

Por ese caso de corrupción y por otros tres más por los que fue juzgado desde 2019 la fiscal pidió una pena de ocho años de prisión para Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte del kirchnerismo entre 2003 y 2009. La fiscal consideró que Jaime debe ser condenado a esa pena porque fue responsable en la investigación por su enriquecimiento ilícito y en otros dos casos de corrupción. En el caso de la compra de los trenes chatarra Jaime fue considerado, además, autor del delito de cohecho, es decir de cobrar coimas. Para la fiscal “Jaime cobró retornos” en los contratos firmados con España y Portugal.

Para eso tuvo como partícipe necesario a su ex asesor, testaferro y hacedor de negocios oscuros, Manuel Vázquez, para quien Baigún solicitó una pena de cinco años y ocho meses de prisión. El pedido de pena para Vázquez abarca también su condición de testaferro que intervino en el enriquecimiento ilícito de Jaime. La fiscal solicitó también que los jueces les dicten a De Vido, Jaime y Vázquez la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La fiscal pidió que Jaime se lo multe por la suma de $15.860.336 y a Vázquez por $10.986.664,23 como pena por el enriquecimiento ilícito.

La compra de trenes chatarra a España y Portugal se inició durante el gobierno de Néstor Kirchner. Se intentó comprar material ferroviario en desuso en Europa para luego repararlo aquí y de ese modo revitalizar los talleres ferroviarios que estaban desactivados. Se gastaron 100 millones de euros y durante la investigación judicial se determinó que buena parte del material rodante no funcionó. “El 54% de las formaciones adquiridas no prestó ningún tipo de servicio al 2012 y el 25% del material restante se encontró operativo durante muy poco tiempo. En definitiva, el 79% del material rodante comprado por De Vido y Jaime no era utilizado de ningún modo por el sistema ferroviario nacional en el año 2015″, había dicho la fiscal en la parte inicial de su alegato. La denuncia realizada en 2013 se basó en un lapidario informe que sobre la compra hizo la Auditoría General de la Nación (AGN).

La fiscal hoy agregó que: “No puede perderse de vista que, el porcentaje de material que jamás se reparó y, por lo tanto, que nunca prestó funciones en Argentina es muy elevado. Ya sea que se tome el relevamiento de la AGN (44%) o el aquí propuesto (54%), el número es demasiado alto como para pasar desapercibido. No se trata de algún material aislado que no se pudo reparar por algún motivo concreto. Estamos diciendo que la mitad de todo lo que se compró, nunca se usó. Esta situación es demasiado ostensible y notoria, y jamás pudo haber pasado desapercibida”.

El Tribunal Oral Federal 6 abrió la audiencia de hoy a las 12.17. La fiscal, antes de llegar al pedido de pena, debía terminar su alegato que había comenzado dos audiencias atrás. Los jueces Julio Panelo, José María Martínez Sobrino, Fernando Canero y Ricardo Basílico, los defensores y los imputados escucharon cómo Baigún describió la autoría de los delitos por los que los acusó.

La fiscal marcó en el juicio algo que se sabía durante los años de gobierno kirchnerista. “He llegado a la conclusión de que entre De Vido y Jaime no existía ningún tipo de relación, incluso trabajando en oficinas situadas en el mismo inmueble. Ningún testigo que declaró en este juicio contestó afirmativamente al ser consultado sobre este extremo”. Se llevaban mal, muy mal, aunque ambos respondían al mismo jefe: Néstor Kirchner.

Luego la fiscal explicó qué era lo que se suponía que De Vido y Jaime tuvieron que hacer cuando se realizó la compra de trenes chatarra: “Tanto el ministro como el secretario de Transporte tenían un deber de garantía asignado por la propia ley para el transporte ferroviario, en el que diariamente viajan millones y millones de personas”.

La fiscal aseguró que ambos imputados incumplieron con varias de las responsabilidades que tuvieron como funcionarios públicos a la hora de supervisar la compra de trenes europeos. Dijo que no hubo dictámenes “del servicio jurídico permanente de la administración pública”; que “salvo en un solo caso excepcional, no obran en los expedientes administrativos actos de autorización y aprobación de los gastos” y que no cumplió con “el recaudo de incorporar informes técnicos y de racionalidad de los precios, que justifiquen o fundamenten la conveniencia de las compras”. Tampoco-según Baigún- cumplieron con lo que prevé la Ley de Ética Pública, que establece que los funcionarios deben “proteger y conservar la propiedad del Estado y sólo emplear sus bienes con los fines autorizados”.

“Los funcionarios públicos debían administrar los bienes del Estado como si fueran propios. Sin embargo, conforme concluyó la AGN, y declararon en forma unánime todos los funcionarios y empleados de dicho organismo que prestaron testimonio en este juicio: las compras no respondieron a los criterios de eficiencia, eficacia y economía. Obviamente, no resultaron útiles para la rehabilitación de los Servicios Interurbanos de Transporte Ferroviario de Pasajeros”, dijo Baigún cuando explicó las responsabilidades por las que pidió penas.

La fiscal agregó que: “En definitiva, es palmario que Jaime tenía competencia para efectuar las tareas de compra del material rodante a España y Portugal, las asignaciones de las formaciones a los operadores, y las diligencias tendientes a que se llevaran adelante las reparaciones. Todas estas tareas debió haberlas realizado, a los fines del fortalecimiento y desarrollo del sistema ferroviario. Sin embargo, conforme se desarrolló ya extensamente, esta labor, lejos de haber contribuido al mejoramiento de dicho sistema, generó un elevado perjuicio económico para las arcas públicas”.

La fiscal explicó que para la compra de trenes europeos, Jaime no consultó a nadie salvo a su testaferro Manuel Vázquez, con quien compartió el cobro de coimas. “…Ninguno de los funcionarios y empleados pertenecientes a la secretaría de Transporte o a la subsecretaría de Transporte Ferroviario, que declararon en este juicio, reconoció haber tenido intervención sustancial en este proceso de adquisición de material rodante a España y Portugal. Cabe remarcar que todos ellos desconocieron haber formado parte de las múltiples etapas que implicaron estas compras: desde su ideación hasta la recepción del material y su administración en el país”, señaló Baigún.

“Ya se dijo en varias oportunidades que no estamos juzgando una decisión de índole política, sino las graves irregularidades que rodearon esta política pública, y fueron comprobadas en el marco de este debate”, concluyó Baigún.

Al juicio también llegaron acusados Carlos Retuerto Castaño y Ricardo Testuri quienes al momento de la compra de los trenes trabajaban en la Comisión Nacional De Regulación del Transporte (CNRT). Se los había acusado de no haber hecho las correspondientes inspecciones del material. La fiscal no los acusó y dijo que: “Ha quedado demostrado que la decisión del material a comprar era de la Secretaría de Transporte, y que la competencia para efectuar las reparaciones sobre aquél recaía también sobre dicho organismo y sobre el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación. Tampoco en el transcurso del debate se ha demostrado que Retuerto Castaño y Testuri hubieran tomado conocimiento o tenido injerencia en la toma de decisiones, ni que hubieran advertido el sinfín de irregularidades que se han desarrollado o que, en definitiva, intervinieran en la elaboración y ejecución de la política pública llevada adelante por Ricardo Jaime y Julio De Vido”.

El juicio que se realiza vía Zoom continuará la semana que viene con el alegato de la defensa de Jaime. Se presumía que iba a terminar antes de fin de año, pero lo más probables es que el veredicto se conozca recién en el verano de 2022.

De Vido ya tiene una condena por su responsabilidad en la Tragedia de Once. Fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión y la condena que fue confirmada por Casación fue apelada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Jaime fue condenado en tres oportunidades: por robar pruebas en una allanamiento, por admitir cobrar coimas de empresarios a los que debía condenar y por la Tragedia de Once: le dictaron una condena de ocho años de prisión que aún no está firme. Si el TOF 6 los hallara culpables en los términos que solicitó la fiscalía, se les compondría la pena, que no quiere decir que se le sumen aritméticamente los años de prisión de una condena con la otra. De Vido está excarcelado y asistió al juicio desde su casa. Vázquez tiene prisión domiciliaria y se conectó al Zoom. Jaime está preso en la cárcel de Ezeiza y no escuchó el pedido de pena de ocho de años de prisión que hizo la fiscal.

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