Del caso Hotesur a la re-re de intendentes: un peligroso mensaje que ignora el voto y las preocupaciones sociales

Pasaron apenas dos semanas desde las elecciones. Y parece que el mensaje mayoritario del voto -un conjunto de dos tercios, heterogéneamente opositor- poco tiene que ver con lo que ocurre en estas horas. Son varios los síntomas alarmantes de disociación superestructural -en sentido amplio del término- con la realidad dura de la crisis. En orden cronológico, el primero fue el discurso oficialista de triunfo frente a la derrota. Después, el impulso vergonzante de intendentes bonaerenses para habilitar re-reelecciones en el lejano 2023. Y anoche, el sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner en las causas Hotesur y Los Sauces, sin juicio y en apurada y sugestiva decisión.

En rigor, la contradicción asoma por partida doble. Expresa desconocimiento del reciente mensaje electoral, como tendencia crítica del voto hacia la gestión oficial y con el agregado inquietante de la baja participación, una advertencia a todos. Y expone al mismo tiempo desconexión con las visibles preocupaciones de buena parte de la sociedad.

Ayer mismo, el dólar volvía a ganar las primeras líneas, con más restricciones -en este caso, para viajes- y con una nueva medida para aspirar billetes de los bancos privados. Dos medidas en menos de 24 horas: síntomas del estado de cosas y no sólo por su significado específico. En tanto, los precios siguen esmerilando ingresos, con cifras de inflación fuertes también en noviembre, luego de los picos de septiembre y octubre, en la perspectiva de 50% anual.

Por supuesto, se puede agregar la inseguridad, la pobreza, los casos de violencia institucional, de gatillo fácil y de abuso. También, los episodios de violencia en el Sur o el ataque al edificio del grupo Clarín. Y para completar, un discurso oficial cambiante sobre el coronavirus, que oscila entre el presunto fin de la pandemia y una amenazante nueva ola.

En ese contexto, los temas de los intendentes o de la ex presidente suenan alarmantes. Por supuesto, nada es definitivo. Las causas judiciales deberán recorrer otras instancias. Los jefes comunales embarcados en el proyecto de re-reelección ni siquiera definen cómo avanzar, por el cálculo de costos en imagen y por las resistencias por convicción o conveniencia en las fuerzas políticas mayoritarias. Y el efecto del resultado electoral se notará, finalmente, en el Congreso y en el tablero más amplio de la política.

Importa, de todos modos, el contexto social y el sentido último de tales movimientos.

CFK, sus hijos y otros involucrados en la investigación lograron el sobreseimiento en los casos que seguramente más la inquietaban: Hotesur y Los Sauces. Refieren sin escalos a manejos de lavado de dinero. El Tribunal Oral Federal 5 tomó esa decisión que en la práctica significa eludir el juicio. Es llamativo, pero no es la primera vez. Ya ocurrió con las causas de Dóla futuro y Memorándum con Irán.

Es esta oportunidad, resulta un dato relevante y sin tapujos que la decisión fue asumida por dos de los integrantes del tribunal, de alineamiento práctico o ideológico con el kirchnerismo. Uno de ellos, además, dejará su lugar en cinco días. El próximo escalón será la Cámara de Casación y hasta podría escalar a la Corte Suprema. Se verá, pero en el terreno político parece una señal de la velocidad que la ex presidente busca darle a las nuevas cargas en el frente judicial.

En esa línea, justamente, la tensión no decrece más allá de la medida tomada por el tribunal referido. El tema no está cerrado y, en la vereda estrictamente política, la elección de hace dos semanas dejó sin aire la posibilidad, ya leve, de avanzar con los proyectos judiciales frenados en Diputados y menos, de lanzar una ofensiva sobre la Corte Suprema para modificar su estructura e imponer designaciones.

La interna del oficialismo registra en ese terreno un cuadro de extrema complejidad. En el círculo de Alberto Fernández consideran que el panorama del Congreso excede la voluntad del oficialismo y que no hay chances de una salida a cargo del Ejecutivo. La apuesta del Presidente fue a una fuerte presión política que allanara todos los caminos en la Justicia. Pero los recorridos son largos e inciertos, más allá de la celebración de éxitos como el que acaba de anotarse la defensa de CFK.

La interna, además, está en proceso de renovada tensión, menos sonora, después de la derrota electoral. Alberto Fernández busca afirmarse en el poder frente al silencio de CFK. Y todos los acuerdos domésticos que viene conversando tienen una contraparte de concesiones. Con la CGT, con los movimientos sociales y con los llamados jefes territoriales.

En ese último rubro se anotan especialmente los intendentes peronistas del Gran Buenos Aires. Sienten haber ganado espacio por el achicamiento de la diferencia con Juntos, a pesar de la derrota general. Exhiben sobre todo los resultados de la tercera Sección Electoral, aún con números lejanos a las mejores marcas del PJ y a la del frente oficialista hace dos años.

Buena parte de los intendentes retomó apenas pudo el reclamo de apoyo político para batallar por la posibilidad de una re-reeleción en 2023. El Presidente ratificó su apoyo, que en realidad ya había sido expresado sin éxito práctico hace un año. Ahora, el gesto de Olivos tampoco parece alcanzar. No hay poder que discipline o encolumne a todos los intereses en juego.

Algunos referentes del PJ bonaerense -empezando por Martín Insaurralde- han tendido puentes con intendentes de JxC, como Jorge Macri y Gustavo Posse. De momento, no hubo avances. Las voces en sentido contrario anotan a la primera línea del PRO, incluidos algunos jefes comunales, y de la UCR. María Eugenia Vidal, Diego Santilli y Facundo Manes ya avisaron que rechazan una modificación de la ley que impide un tercer mandato consecutivo.

Tampoco en el oficialismo el panorama es lineal. Axel Kicillof, de mala relación con los intendentes, deja trascender que debería haber un acuerdo político con la oposición. Máximo Kirchner dio un guiño, pero en rigor mantiene sus prevenciones. Y Sergio Massa rechaza la movida: impulsó junto a Vidal la aprobación de la ley, que contó con apoyo de algunos referentes del PJ tradicional. Eso fue en 2016.

Lo llamativo de esta jugada para habilitar otra reelección es que todos sus impulsores, abiertos o menos visibles, evalúan que podría tener alto costo. Ven muy difícil impulsar una ley que modifique el texto sancionado hace cuatro años y de hecho, hasta ahora nadie juega esa carta. La otra alternativa es una presentación judicial reclamando que el mandato 2015-2019 no sea considerado como primera gestión. Otras experiencias judiciales muestran que no es camino seguro, en particular porque se trata de legislación electoral y no penal.

Pero lo más significativo en esta etapa es que el tema sea manejado de manera vergonzante, por su posible impacto negativo en términos de imagen. Un mínimo reflejo frente a la agenda social de estos días.

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