Comodoro Py podría investigar los crímenes contra la comunidad Rohingya en Myanmar: las víctimas contaron los tormentos que padecieron

Parece un tema tan lejano para Argentina y sin embargo la Cámara Federal porteña debe decidir en los próximos días si da paso a que en los tribunales de Comodoro Py se investigue una de las matanzas más atroces que ocurrieron en los últimos años en el mundo: los asesinatos, torturas, ataques sexuales y deportaciones que vive la minoría musulmana Rohingya instalada en Myanmar, un escenario desatado en el sudeste asiático descripto por Naciones Unidas como un “genocidio”.

Vía zoom, seis víctimas de esos tormentos se presentaron ante tres jueces argentinos y les pidieron que abran la causa que investigue estos crímenes. ”Necesitamos justicia del tribunal argentino”, dijeron en la audiencia, según reconstruyó Infobae. Estas mujeres, cuyos nombres se mantienen en reserva y firmaron con sus huellas digitales la presentación por escrito, quisieron hablar ante la justicia argentina desde los refugios en donde viven, como miembros de la comunidad rohingya en Bangladesh.

Una traductora convirtió su relato al inglés y otra al español. No fue fácil para estas víctimas dar el paso de revelar lo que les pasó. Es que, por el peso de su cultura, tuvieron que animarse a detallar lo que vivieron. Una de ellas habló en nombre de todas, que estaban a su lado, porque comparten la misma y dramática experiencia: todas fueron violadas por militares de su país que luego asesinaron a sus familiares.

“El 27 de agosto de 2017 ingresó al pueblo donde yo vivía un grupo de militares. Nos tomaron a un grupo de mujeres y nos llevaron a una escuela. Dos hombres me taparon los ojos con un trapo. Fui violada brutalmente -contó esta joven, que hoy tiene 28 años-. Todas fuimos violadas. No pudimos escapar. Traté de localizar a mi esposo, su hermano, mi suegro... No los pudimos encontrar. Los habían asesinado”.

La escuchaban, desde el segundo piso de los tribunales de Retiro, los miembros de la Sala I de la Cámara Federal, Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia. Desde Londres, también participó Maung Tun Khin, presidente de la Burmese Rohingya Organization UK (BROUK), denunciante y pretenso querellante. Tun Khin logró escapar de Myanmar. Parte de su familia aún vive allí. Uno de sus hermanos fue encarcelado y torturado en prisión durante cuatro años.

“Somos víctimas del genocidio. Representamos la tragedia del pueblo Rohingya -dijo Tun Khin a la Cámara Federal-. Esta es la primera vez en que a mi pueblo se le permite presentarse ante un tribunal independiente para tratar los crímenes que han sido cometido contra nosotros. El objetivo de esta audiencia es que todos mis conciudadanos hagamos historia para conseguir justicia en representación de la gente de Myanmar.”

¿Pero por qué estas personas, que vivieron una pesadilla del otro lado del mundo, buscan que la justicia argentina investigue los crímenes que les tocó pasar? La respuesta es una sola: “justicia universal”, dice a Infobae el abogado Tomás Ojea Quintana, quien fue relator de las Naciones Unidas para la situación de derechos humanos en Myanmar y presentó esta denuncia en los tribunales federales porteños.

“La Argentina es reconocida internacionalmente como ferviente defensora de los derechos humanos, y esta causa judicial de los rohingya abona ampliamente a esa consideración”. En su puja para lograr que la justicia argentina impulse una investigación están dispuestos a llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El caso

La población rohingya es una minoría étnica mayoritariamente musulmana en Myanmar, la antigua Birmania, donde la religión mayoritaria es el budismo. Hasta hace poco, más de un millón de estas personas vivían sobre todo en el estado de Rajine, en el oeste del país, cerca de la frontera con Bangladesh. Desde 1948, cuando se independizó el país, esa población ha sido víctimas de tortura, negligencia y represión. Las Naciones Unidas han sostenido que esta persecución constituye una “limpieza étnica” en donde miles de personas fueron asesinadas y más de 740.000 huyeron del país para sobrevivir. Su último éxodo comenzó el 25 de agosto de 2017, cuando estalló la violencia en el estado de Rakhine, en Myanmar.

Amnistía Internacional y la Organización de las Naciones Unidas se han pronunciado acerca de esta terrible problemática. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional tiene una causa abierta para investigar crímenes ocurridos en el territorio de Bangladesh, “dentro del contexto de las dos olas de violencia en el norte del Estado de Rakhine, Myanmar”, entre octubre de 2016 y agosto de 2017.

A raíz de esta investigación en curso, el fiscal Guillermo Marijuan opinó que a la Justicia argentina no le correspondía investigar estos crímenes en Comodoro Py. La jueza María Servini, siguiendo su criterio, archivó la denuncia. Incluso, la jueza diferenció estos hechos de la causa que ella misma investiga sobre los crímenes ocurridos durante el franquismo en España, también en base al criterio de justicia universal.

Pero la decisión de la jueza Servini fue apelada por los denunciantes. En síntesis, cuestionaron la supuesta conexión de “cercanía” cultural para aplicar la justicia universal en la Argentina y el hecho de que la causa abierta en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional implique una investigación repetida. Además, resaltaron que en la causa obra la respuesta de la Cancillería argentina en donde se subraya “la vigencia genérica del principio de la jurisdicción universal” para el Estado argentino.

“Los delitos que denunciamos fueron cometidos íntegramente en territorio de Myanmar, es decir, ninguno de ellos fue cometido al menos en parte del territorio de Bangladesh. Fueron consumados más precisamente en la provincia de Rakhine, ubicada en el noroeste de Myanmar. Allí se perpetraron los asesinatos de nuestros familiares, las desapariciones forzadas, las torturas, las violaciones grupales contra nosotras mismas, en un ataque generalizado y sistemático por parte de las fueras de seguridad de Myanmar, con la complicidad de las autoridades civiles, contra la población civil de nuestra comunidad Rohingya”, sostuvieron los denunciantes en la presentación a la que accedió Infobae.

Y en ese sentido, resaltaron que los delitos “no se encuentran bajo la órbita jurisdiccional de la Corte Penal Internacional” . Agregaron que “algunos de estos delitos fueron cometidos no sólo en las olas de violencia del 2016 y 2017, sino también en la del 2012, período que actualmente no está cubierto por la investigación de la Fiscalía internacional, por lo que tampoco hay razón para igualar las dos investigaciones respecto de ese período iniciado en el año 2012″.

La jueza también había dicho en su resolución que “nada impide pensar que una vez que cese la situación política actual” en Myanmar allí puedan abrirse investigaciones penales como ocurrió aquí, en Argentina, tras la dictadura militar. Para los denunciantes, esa afirmación implica “desconocer completamente la situación de nuestra comunidad Rohingya que sufrió las olas de violencia extrema por parte de las fuerzas de seguridad en los años 2012, 2016 y 2017 durante el gobierno constitucional, con la complicidad civil, y que nos mantuvo en virtuales ghettos en la Provincia de Rakhine e impidió el retorno de los más de 700 Rohingyas que escaparon de esa violencia en las perores condiciones hacia Bangladesh”.

" ¿Se sugiere que los Rohingya víctimas de genocidio y crímenes de lesa humanidad debamos esperar el cambio de gobierno para reclamar justicia, mientras la situación en el país sigue siendo extremadamente acuciante y más delitos de ese orden se están cometiendo? La dictadura militar argentina duró ocho largos años, y los juicios a los que V.S. se refiere ocurrieron muchos años después, muchos de ellos tras veinte años, y muchos todavía hoy pendientes. Parece haber un error conceptual sobre el significado del derecho a la justicia ante violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos. No debemos olvidar, en todo caso, que la imposibilidad de exigir justicia en Myanmar quedó reflejada por las recomendaciones emitidas en forma unánime por las Naciones Unidas hacia sus Estados miembros de que habilitaran el ejercicio de la jurisdicción universal para investigar y sancionar a los responsables de los crímenes internacionales”, sostiene la presentación.

Desde 2010, la jueza Servini investiga los crimenes ocurridos durante la dictadura franquista. Recientemente procesó al ex ministro español Rodolfo Martín Villa por cuatro homicidios ocurridos en 1976 y 1978 ocurridos allí. Sin embargo, la jueza entendió que “el ejercicio de la jurisdicción universal suele estar vinculado a la existencia de ciertos nexos culturales, sociopolíticos, migratorios con el Estado cuyos tribunales quisieran ejercerla, lo cual, tornan diametralmente diferente a esta denuncia” sobre el caso de Myanmar.

Para los denunciantes, esa aseveración es “infundada” porque esa lógica no está escrita en ningún lado, pero además –señalaron- “ese tipo de nexos, aún siendo importantes, no pueden ser condicionantes para ejercer jurisdicción universal en otros casos en tanto no corresponde aplicar una dimensión relativista frente a crímenes internacionales aberrantes que conmueven el más elemental sentido de humanidad, que nos es común más allá de la cultura”.

Ahora, la Sala I de la Cámara Federal debe resolver si confirma o revoca la resolución de la jueza Servini. En ese contexto es que ocurrió la audiencia oral ante los jueces en donde las víctimas pidieron que se abra la investigación. “Esta denuncia forma parte de una estrategia integral de Naciones Unidades para hacer investigar el genocidio del pueblo Rohingya –dijo el abogado Ojea Quintana a Infobae-. No es una intentona aislada, arbitraria de querer que se abra una causa en la Argentina. En la audiencia las víctimas tuvieron el coraje y la valentía de contar cómo habían sido violadas y sus familiares asesinadas. Lo dijeron claramente: queremos justicia. Fue verdaderamente una audiencia simbólica en donde, desde el otro lado del mundo, reclamaban justicia universal”.

“Entiendo que pueda ser complicado para las autoridades argentinas dimensionar la importancia y magnitud de este caso. Tuvimos reuniones con la Corte Penal Internacional, con Cancillería, hay ONG’S que nos están apoyando... Tenemos confianza y expectativa en que esta causa se abra. Ellos no se imaginan lo que ha representado para las víctimas sentir que han sido escuchadas y que en algún lugar del mundo se puede hacer justicia para ellas”.

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