La directora regional de Amnistía Internacional cuestionó el voto argentino en la OEA por Nicaragua

El Consejo Permanente de la OEA aprobó ayer una segunda resolución reclamando a Nicaragua la “liberación inmediata” de todos los opositores detenidos, entre ellos siete aspirantes a las elecciones presidenciales de noviembre. Un grupo de 7 países, entre ellos Argentina, se abstuvo de condenar al régimen de Daniel Ortega, lo que generó críticas de la oposición, los socios del Mercosur y otros organismos.

En esa línea, la directora regional de Amnistía Internacional Erika Guevara-Rosas cuestionó al bloque de países que se abstuvieron de la votación. “Es vergonzoso que 7 estados, entre ellos #México y #Argentina, se abstengan de votar por resolución de la @OEA_oficial que condena la grave crisis en #Nicaragua, y llama al régimen de #Ortega a liberar a personas aspirantes a la presidencia y decenas más presas por ejercer #DDHH”, publicó a través de su cuenta personal de Twitter.

La postura de una de las voceras de la ONG de defensa de derechos humanos se suma a los actores que expresaron su desacuerdo con la abstención ante el caso Nicaragua. Durante el debate en el organismo regional, el representante argentino ante la OEA Carlos Raimundi argumentó su decisión de no votar a favor de una resolución por considerarla “improcedente y extemporánea”. Después de ese comentario intervino la delegación diplomática de Uruguay, que dejó traslucir su indignación ante Argentina por no condenar a “la dictadura nicaragüense” y su “grado de violencia extrema”.

“¡¿Qué se necesita para comprender que no se les está permitiendo a los candidatos ser libremente candidatos, que hay un pueblo desesperado clamando por libertad!? ¡¿Qué pruebas hay que ofrecerles para que adhieran a un razonamiento que hacemos todos para enfrentar a este tipo de dictaduras?!”, expuso el embajador uruguayo ante la OEA, Washington Abdala.

El Consejo Permanente de la OEA aprobó una segunda resolución, después de junio pasado, sobre la situación en Nicaragua que “reitera su llamado para la liberación inmediata de los candidatos presidenciales y de los presos políticos”. El texto expresó su “grave preocupación” por el hecho de que el régimen de Ortega haya ignorado los esfuerzos para que se comprometa a la celebración de elecciones “libres y justas”.

La resolución contó con el apoyo de 26 de los 34 miembros activos del bloque regional, un ausente -Nicaragua- y siete abstenciones, entre ellas las de las delegaciones de Argentina, Bolivia, México, Honduras, Guatemala, San Vicente y las Granadinas y Barbados.

El equilibrio de Argentina

En el caso de Nicaragua, la gestión diplomática de Cancillería oscila entre la condena explícita de la represión política y las violaciones de los derechos humanos, y una mirada compartida con sus aliados inmediatos -entre ellos México, Bolivia y Venezuela- que la distancian de Washington y el resto de la región.

En el marco de esa puja diplomática, el gobierno argentino fundamentó esta vez su posición al afirmar que si bien la declaración de la OEA “contiene elementos congruentes con la posición argentina en lo que concierne a la situación de los derechos humanos en Nicaragua y los arrestos de representantes de la oposición nicaragüenses”, advirtió que “sólo parece buscar prejuzgar sobre el desarrollo de un acto eleccionario que aún no ha tenido lugar”.

Cancillería, a cargo de Santiago Cafiero, advirtió además que la conclusión del mecanismo regional “invoca distintos estándares internacionales que no son válidos como exigencias a ningún país, más allá de que alguno pueda haberlos adoptado en su legislación interna”.

En ese sentido, afirma el comunicado que “la República Argentina entiende que la consideración apresurada de este tema por el Consejo Permanente resulta improcedente y extemporánea, atento a la proximidad de los comicios en Nicaragua y a la inminente realización del 51 Período de Sesiones de la Asamblea General de la OEA -prevista para sesionar del 10 al 12 de noviembre próximo- que ha incluido la cuestión de Nicaragua entre los temas a considerar”.

Desde el Palacio San Martin recordaron que la postura del gobierno de Alberto Fernández sobre la cuestión de las detenciones de figuras de la oposición en Nicaragua fue “expresamente destacada en el comunicado conjunto emitido con México el 15 de junio pasado”, en el que se manifestó “de manera puntual sobre la detención de figuras políticas de la oposición, rechazando de manera específica, como inadmisible, cualquier acto de persecución política”.

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