Diputados del interbloque de Juntos por el Cambio solicitaron la presencia de la titular del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), María Magdalena Odarda, en un plenario de las comisiones de Legislación General; Población y Desarrollo Humano y Seguridad para que informe sobre los conflictos territoriales con las comunidades indígenas en distintos puntos del país, en particular en la provincia de Río Negro.
La diputada nacional Carla Carrizo presentó un proyecto para citar a la titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), con el fin de que brinde información y explique los motivos por los cuales a 15 años de la sanción de la ley 26.160 que declaró la emergencia territorial de las comunidades indígenas continúan multiplicándose los conflictos territoriales en diversos puntos del país.
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Al respecto, Carrizo sostuvo: “La Presidenta del INAI, Magdalena Odarda debería hoy estar explicando en el Congreso Nacional por qué a 15 años de la ley 26.160 de emergencia sobre propiedad y titularidad de tierras, los conflictos escalan en lugar de disminuir. Según Amnistía Internacional, ya en 2016 había 163 focos de conflictos territoriales; hoy son más de 200 y vemos todos los días cómo se recrudece el tema en el sur del país. La ley vence a fin de año. ¿Cuál es el plan del gobierno?, ¿Prorrogarla sin informar?”.
En 2006, el Congreso Nacional sancionó la ley 26.160 que declaró la emergencia en materia territorial de las comunidades indígenas originarias del país por el término de 4 años, la cual fue prorrogada sucesivamente y vence el próximo noviembre.
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Entre las problemáticas que motivaron el proyecto señalan que existe una brecha significativa entre el marco normativo en materia indígena y su implementación real, la existencia de muchas comunidades indígenas que continúan sin ser relevadas en el Registro técnico, jurídico y catastral que establece la referida ley nacional y, fundamentalmente, la creciente conflictividad territorial que involucran a diversos grupos originarios y “el gobierno decide, en el mejor de los casos, ignorar o como ha declarado la gobernadora de Río Negro hace un tiempo, fagocitar”, señalaron.
Ante esto, la diputada nacional Carla Carrizo reclamó por “un Estado que no sea de cartón, regule como corresponda y sirva así a las comunidades originarias para vivir mejor”; por “menos días, más políticas reales y efectivas”, concluyó.
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El proyecto es acompañado por los legisladores nacionales Alejandro Cacace, Dolores Martínez, Emiliano Yacobitti, Claudia Najul, Gabriela Lena, Fabio Quetglas, Soledad Carrizo, Jorge Rizzotti, Lorena Matzen, Lidia Ascarate, Gustavo Mena, Aida Ayala, Pablo Torello, José Patiño, Federico Frigerio, Mónica Frade, Jorge Enríquez, Jorge Vara, Gonzalo Del Cerro y Martín Berhongaray
Este lunes la fiscal federal subrogante Sylvia Little presentó su renuncia en medio de una nueva escalada del conflicto mapuche. Little, que tiene a su cargo las causas judiciales por las usurpaciones, los cortes de ruta, y los ataques perpetrados por esos grupos, explicó que su decisión se debía a la falta de apoyo.
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“Se sintió sola, siempre fue al frente con las causas, está decepcionada”, había trascendido desde su entorno. El detonante de la renuncia fue la absolución de María Nahuel, usurpadora de Villa Mascardi. Pero el conflicto dio un vuelco: el Procurador Eduardo Casal decidió darle un fuerte respaldo por lo que seguirá en su cargo.
A través de una resolución a la que tuvo acceso Infobae, Casal conformó un equipo especial que apoyará a la fiscal de Bariloche. Ese equipo estará integrado por Andrés Heim, titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), y Gabriel González Da Silva. Además, el Procurador dispuso que la Dirección de Apoyo Técnico a las Investigaciones Penales (DATIP) “brinde la colaboración necesaria, en los procesos que así lo requieran, a la Fiscalía Federal de San Carlos de Bariloche, a solicitud de la doctora Little”.
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