Fiesta en Olivos: un tribunal decidirá quién se queda con la causa, mientras el Gobierno evalúa un “plan B” si hay una sorpresa

La disputa entre los dos jueces federales de San Isidro por la causa que investiga la Fiesta en Olivos será resuelta por la Cámara Federal de San Martín. Luego del fin de semana largo, según fuentes judiciales consultadas por Infobae, el juez Lino Mirabelli le dará intervención a ese tribunal luego de que su colega Sandra Arroyo Salgado rechazó su pedido de inhibitoria. El oficio ya estaría redactado y aterrizaría este mismo martes en la Cámara. “El nuevo Código Procesal Penal prevé un sorteo entre los camaristas, resolverá un solo juez”, adelantó una fuente de ese tribunal.

La foto del jueves a la tarde mostraba a dos jueces federales investigando el mismo hecho y hasta ordenando medidas de prueba casi similares. Mirabelli sostiene que la denuncia que está radicada en el juzgado de Arroyo Salgado es posterior (13 de agosto de 2021) a la que se realizó en Comodoro Py (28 de julio de 2021). Y que él estaba del turno cuando se produjo el cambio de jurisdicción. En cambio, Arroyo Salgado asegura que su causa es anterior.

El miércoles pasado, la jueza rechazó la inhibitoria de Mirabelli y le pidió que se inhiba de seguir investigando. “De sostenerse lo contrario, podría incurrirse en una violación intolerable a los principios fundamentales que rigen nuestro ordenamiento jurídico penal”, escribió en el final de su resolución.

Mirabelli mantiene sus argumentos y no pretende desprenderse del expediente que tiene entre los imputados al presidente Alberto Fernández, a su pareja Fabiola Yañez y al resto de los invitados al cumpleaños: Sofía Pacchi, Florencia Fernández Peruilh, Santiago Basavilbaso, Emanuel Esteban López, Stefanía Domínguez, Fernando Consagra, Rocío Fernández Peruilh, Carolina Marafioti y Federico Abraham.

El conflicto de competencia será resuelto por la Cámara de San Martín. “Habrá un sorteo entre los cincos jueces, con el nuevo Código Procesal estas decisiones ahora son unipersonales”, adelantó una fuente judicial.

Tanto en el Gobierno como en la oposición evalúan que la causa seguirá en manos de Mirabelli. Hay factores jurídicos pero también políticos.

El Gobierno ya había advertido que no quería la intervención de Arroyo Salgado cuando la jueza amagaba con pedir el expediente. “Más allá de las personas que puedan ser investigadas en esta causa, claramente no garantiza ningún tipo de objetividad e imparcialidad, eso lo ha demostrado su conducta en los últimos años”, sostuvo el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, el 2 de septiembre sobre la ex mujer del fallecido fiscal Alberto Nisman.

En la oposición también sospechan que Arroyo Salgado no se quedará con la causa. “El kirchnerismo tiene mucha llegada a la Cámara de San Martín, es difícil que haya una sorpresa”, respondió anoche un ex funcionario de Cambiemos que tiene llegada al mundo judicial.

Otro dato importante: la decisión no será inmediata y además no es apelable. No obstante, en el Gobierno evalúan la posible recusación de Arroyo Salgado por “enemistad manifiesta” si llega a ser elegida. Por ahora es un escenario poco probable.

El jueves, en medio de la incertidumbre por el futuro del expediente, la jueza ordenó una serie de medidas de prueba y algunas de ellas se hicieron efectivas. La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) fue con una orden de presentación requiriendo a la Casa Militar para pedir los registros de ingresos y egresos a la Residencia Presidencial de Olivos “desde el 14 de julio de 2020 a las 20 horas hasta el 15 de ese mismo mes y año a las 02 horas y del día 30 de diciembre de 2020, entre las 13 y las 20 horas”.

Una semana antes, Mirabelli también había ordenado pedidas de prueba en su causa. Por un lado, le pidió a la Secretaría General de la Presidencia que informe los protocolos sanitarios que se habrían aplicado la noche del 14 de julio de 2020, cuando se realizó el festejo por el cumpleaños de Yañez. También le pidió a la Secretaría de Innovación Pública que entregue una información sobre la aplicación Cuidar. A ambos organismos les dio un plazo de 5 días.

El Gobierno pretendía cerrar el escándalo antes de las elecciones del 14 de noviembre. Por ahora parece un objetivo lejano.

El juez que quede a cargo de la investigación, una vez que se acumulen ambos expedientes, deberá resolver los planteos pendientes. El Presidente pidió ser sobreseído al considerar que en el caso no se cometió delito y propuso una reparación económica al Instituto Malbrán durante cuatro meses. Otra imputada, Carolina Marafioti, también pidió una conciliación. Y la defensa de Stefanía Domínguez, la primera que cambió de abogado, planteó la inconstitucionalidad del decreto que impuso las restricciones durante la pandemia que impedían el festejo.

El escándalo quebró el diálogo entre algunos de los imputados. Hoy hay cinco defensas interviniendo. El abogado Juan Pablo Fioribello y su socio Mariano Lizardo defienden a la Primera Dama y a otros cuatro invitados. También están en el expediente Fernando Burlando, Alejandro Rúa, Mauricio D’Alessandro y la defensa conjunta de Pablo Slonimsky y el ex camarista Jorge Ballestero.

Todos esperan que se resuelva el conflicto entre los jueces para actuar.

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