La Corte Suprema terminará 2021 con cuatro miembros: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. No hay una sola circunstancia política que permita alentar la posibilidad de encontrar una sucesora a Elena Highton de Nolasco que combine un acuerdo interno en el Frente de Todos y un aval externo de Juntos por el Cambio en la Cámara de Senadores.
Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner se encontraron a solas en la quinta de Olivos. Sucedió la semana pasada, duró menos de dos horas y escasearon las sonrisas. En este contexto, el Presidente y CFK tendrán muchísimas dificultades para consensuar una candidata al alto tribunal que satisfaga sus respectivos intereses políticos.
El jefe de Estado pretende una magistrada que le permita conectar con la Corte Suprema, una circunstancia política e institucional parecida a la utopía desde la renuncia forzada de Marcela Losardo como ministra de Justicia. En cambio, la Vicepresidente desea una mandataria personal que conozca sus necesidades procesales y sepa todas las variables del denominado alegato de oido.
Alberto Fernández no tiene causas abiertas en la Corte Suprema, mientras que Cristina sueña con un máximo tribunal que entierre todos los expedientes que investigan sus presuntos casos de corrupción cometidos durante sus dos mandatos presidenciales.
Hay escasas probabilidades que el Presidente y la vicepresidente consensúen un candidato en reemplazo de Highton de Nolasco, y menos aún si se comprueban las peores pesadillas políticas de Balcarce 50 y el Instituto Patria: una derrota histórica en los comicios del 14 de noviembre.
Alberto Fernández ya probó la sistemática displicencia de CFK con sus propias nominaciones. Daniel Rafecas fue propuesto para Procurador General a mediados de marzo de 2020, y la nominación del jefe de Estado encalló en el Senado por instrucción directa de la vicepresidente.
Juntos por el Cambio ya fue sondeado por el Gobierno para encontrar un consenso que permita designar a la nueva magistrada de la Corte Suprema. La respuesta fue simple: habrá que esperar hasta después de las elecciones, cuando las mayorías en la Cámara Alta impliquen un recorte del poder institucional de CFK.
Si se confirman las cuentas que hacen Alberto Fernández, Cristina, Horacio Rodríguez Larreta, Alfredo Cornejo y Elisa Carrió, el Frente de Todos perderá al menos cuatro bancas de senadores y la posibilidad de imponer su propio quórum para sesionar.
La legislación vigente establece que un candidato a juez de la Corte necesita los dos tercios de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, al momento de aprobar su nombramiento en el recinto de sesiones (artículo 99 de la Constitución).
Alberto Fernández y CFK ahora no tienen ese quórum propio para imponer un eventual candidato elegido por consenso interno, y menos lo tendrán después de los comicios legislativos de noviembre. El Presidente y la Vice necesitan el respaldo de Juntos por el Cambio, y es poco probable que suceda durante 2021 si no media un acuerdo global entre las dos coaliciones políticas.
Rodríguez Larreta, Cornejo y Carrió, por citar tres referentes de la oposición, consideran que tiene que haber una revisión a fondo de la arquitectura institucional de la Corte Suprema y que la necesaria designación de la sucesora de Highton de Nolasco abre una camino hacia ese objetivo político.
Desde esta perspectiva, Alberto Fernández enfrentará una dificultad legal extra que por ahora no tiene solución: la renuncia de Highton de Nolasco corre desde el primero de noviembre, y el Poder Ejecutivo debe anunciar a su reemplazante durante un plazo máximo de 30 días desde esa fecha (decreto 222/03).
El Presidente conoce la historia de Roberto Carles, Eugenio Sarrabayrouse y Domingo Juan Sesin, que fueron propuestos por CFK como jueces de la Corte cuando su influencia declinaba hacia fines de 2015. Los pliegos nunca llegaron al recinto del Senado, y sus nombres y trayectorias estuvieron largos días en la licuadora del poder y los medios de comunicación hasta que Daniel Scioli perdió los comicios ante Mauricio Macri.
Alberto Fernández no quiere repetir esta experiencia política, y además tiene un problema adicional: ningún candidato -propio o impuesto por Cristina- se someterá a las audiencias públicas sin un acuerdo con Juntos por el Cambio, que por ahora dice que no y aguarda una victoria contundente el 14 de noviembre.
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