Dos diputados de Juntos por el Cambio le pidieron al presidente de Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI), el oficialista Leopoldo Moreau, que el Poder Ejecutivo explique las circunstancias en las que tres agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) fueron descubiertos mientras seguían por la calle a una empleada de la embajada de la República Islámica de Irán en la Argentina.
Los legisladores opositores Cristian Ritondo y Sebastián García de Luca, integrantes de la CBI, solicitaron que el Poder Ejecutivo, a través de la Jefatura de Gabinete y de la Secretaría Legal y Técnica, informe qué sucedió con el seguimiento por parte de espías que fue detectado por la empleada de la embajada iraní, quien denunció el hecho ante la Policía de la Ciudad.
El 27 de septiembre pasado -tal como reveló Infobae- la mujer identificada como M.T. iba por la avenida Juan B. Justo con su auto rumbo a su casa en el barrio de Floresta. A la altura de Villa Crespo, en la esquina de Juan B. Justo y Warnes, le avisó a un policía que la perseguían. El policía detuvo al vehículo señalado por la mujer y sus ocupantes resultaron ser tres integrantes del área de Contrainteligencia de la AFI. Infobae confirmó mediante llamados telefónicos que la mujer-cuya identidad, al igual que la de los agentes no se revela- trabaja efectivamente como secretaria en la embajada de Irán en Buenos Aires.
A partir de la intervención policial se inició un expediente por “hostigamiento” en la Justicia de la Ciudad. Pero como se podía estar en presencia de un acto de inteligencia ilegal, la fiscalía de la Ciudad envió el caso a la justicia federal. El caso le tocó por sorteo al juez Luis Rodríguez. Interviene en la causa el fiscal Gerardo Pollicita.
Los diputados señalaron en la presentación a la que accedió Infobae que “los hechos ocurridos y los resultados de la operatoria por parte de los agentes que han tomado estado público denotan en primera instancia una preocupante falta de profesionalismo y pericia a la hora de llevar adelante operaciones encubiertas. Una vez más, la imagen de nuestra Agencia Federal de Inteligencia y el prestigio de nuestro sistema de inteligencia quedan dañados ante la comunidad internacional, impactando en la credibilidad y fiabilidad de nuestro sistema; además, de dificultar a futuro la generación de vínculos de confianza y las articulaciones tan necesarias en materia de integración y cooperación con nuestros aliados en la materia”.
Los legisladores solicitaron que Cristina Caamaño, interventora de la AFI responda a los siguientes interrogantes:
“¿Esta operación se encuentra aprobada por la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia?
¿Cuál es el área responsable de dicha operación? ¿Qué medidas se han tomado luego del fracaso de la misma?
¿Las autoridades de la AFI poseen directivas específicas para aprobar dichas operaciones en la actualidad? ¿Quién es el responsable final de aprobar las operaciones de contrainteligencia? ¿Existe un protocolo de acción? ¿En caso de existir, el mismo fue cumplido?
Ante la gravedad institucional que implica el mal uso de los servicios de inteligencia ¿Cuáles son las medidas y/o sanciones adoptadas a los responsables del diseño, la planificación y la ejecución de dicha acción encubierta?
Ante el grave daño realizado a la imagen institucional como consecuencia colateral de esos hechos, ¿Qué medidas se han tomado para mitigar el impacto reputacional negativo de la AFI? ¿Qué medidas se han tomado para evitar la reiteración de hechos similares en el futuro? ¿Qué acciones se realizarán para fortalecer las relaciones de confianza y las articulaciones con los demás integrantes de nuestro sistema de inteligencia nacional y nuestros aliados en la materia?”.
El caso del seguimiento de una empleada de la embajada de Irán por parte de agentes de la AFI ya tiene repercusiones institucionales. Ayer llegó al Congreso de la Nación. Un día antes había llegado a los tribunales federales de Comodoro Py.
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