A pesar del respaldo de Alberto Fernández y CFK, el proyecto de ley agroindustrial tiene pocas posibilidades de ser aprobado este año

El presidente Alberto Fernández presentó el proyecto de ley que crea el Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial, una iniciativa que apunta a consolidar el desarrollo de la cadena sectorial a partir de la promoción de nuevas inversiones, la creación de 700.000 nuevos puestos de trabajo hasta 2030 y la incorporación de tecnologías de última generación a partir de una serie de beneficios fiscales e incentivos productivos.

Del acto participaron todos los ministros nacionales y la vicepresidenta Cristina Kirchner. Fue la tercera vez desde que comenzó la gestión que la presidenta del Senado participó en Casa Rosada de un lanzamiento. Y la primera después de la carta en donde reclamó cambios en el gabinete nacional.

Esa puesta en escena demostró el interés del oficialismo por el proyecto de ley que llevó alrededor de 8 meses de negociaciones. De hecho, hasta la Vicepresidenta se involucró personalmente y mantuvo reuniones con diferentes cámaras agropecuarias.

Ese interés mostrado en el Museo del Bicentenario también queda en evidencia por los tiempo. El Gobierno busca cerrar un capítulo con el sector del agro y avanzar en una nueva relación. Sin embargo, la norma tiene pocas chances de ver la luz antes del 2022.

Hasta el viernes a media tarde el proyecto de Ley impulsado por el Gobierno nacional, que fue consensuado con el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) aún no había entrado al Congreso de la Nación y los legisladores de la oposición no tenían copia.

Aunque circulaba un borrador, desde la bancada de Juntos por el Cambio explicaban que nadie iba a hacer un comentario respecto de un proyecto que no conocían de manera oficial. “Por más bueno que sea para el sector, si no vemos el texto definitivo no sabemos qué buscan en realidad”, explicó un legislador opositor del norte del país.

“Los tiempos que vienen están marcados por la campaña y el Presupuesto y esta ley todavía no llegó. No sabemos si está en el Presupuesto, no se puede hacer mucho análisis al respecto y esto, de nuevo, sin tener el detalle de lo que significa la ley que buscan aprobar para saber si hay que hacerle cambios o no”, agregó.

El dato que revela el legislador de Juntos por el Cambio es el que marca el pulso de la discusión y que hace que sea poco probable que se apruebe antes de fin de año.

Las sesiones ordinarias terminan el próximo 30 de noviembre, por lo que quedan apenas dos meses de actividad del Congreso de la Nación si no hay una decisión de sesiones extraordinarias. En medio de esto, el próximo 14 de noviembre se realizarán las elecciones de medio término y los legisladores que sean electos asumirán el 10 de diciembre. Entre esas dos fechas se suele acelerar el tratamiento de leyes claves como el Presupuesto y alguna otra menos relevantes.

Pero en los 14 días previos a la elección es poco probable que el Poder Legislativo funcione ya que buena parte de sus integrantes van a estar en el tramo final de la campaña electoral en cada una de sus provincias y localidades.

En este esquema sólo quedaría las cuatro semanas de octubre para poder lograr que el proyecto que promueve, entre otros puntos, una amortización acelerada y la devolución de IVA para nuevas inversiones, cambios en el esquema para la valuación del pago de impuestos a las Ganancias en ganadería y la promoción del uso de insumos para impulsar la producción sustentable a partir de un crédito fiscal del 50% de su valor.

Pero como si la campaña electoral no fuese suficiente para ralentizar la actividad parlamentaria -que de por sí ya viene bastante lenta-, las comisiones por las que el proyecto deberá circular antes de llegar al recinto son las mismas por las que transitará el Presupuesto 2022 por lo que los legisladores van a estar abocados a la discusión del proyecto que envió Martín Guzmán ya que la tradición parlamentaria indica que se buscará aprobar antes de la llegada de los nuevos diputados y senadores.

Otro punto a tener en cuenta será la ausencia del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien partirá rumbo a Roma, Italia, para participar de una cumbre de líderes parlamentarios que tendrá como ejes el cambio climático y también los desafíos del mundo para salir de la pandemia.

Massa estará en la capital italiana entre el 7 y el 8 de octubre para participar de la 7° Cumbre de Presidentes de Parlamentos del G20 (P20) que se hará bajo el lema “Parlamentos por las personas, el planeta y la prosperidad’'. Allí estarán representados los Presidentes de los Parlamentos de los países del Grupo de los 20.

Este viaje hizo que la semana que viene se adelantara la sesión al martes 5 de octubre -comúnmente Diputados sesiona los miércoles y el Senado los jueves- ya que el miércoles 6 de octubre el líder del Frente Renovador partirá hacia el Viejo Continente.

Ante este panorama de viajes, reuniones y campaña electoral, las sesiones se reducirán a tres semanas de octubre y, dependiendo del resultado electoral y de cómo cada fuerza política asimile el resultado, a una sola semana durante el mes de noviembre.

Este proceso de discusión es sólo el recorrido que la norma tendría que hacer en la Cámara de Diputados. En el caso del Senado, aunque es más ágil porque el oficialismo cuenta con mayoría y, además, el proyecto de ley tiene el aval de Cristina Fernández de Kirchner, el propio reglamento establece plazos que también hace que sea dificultoso.

El reglamento de Diputados establece que una vez que se tenga dictamen sobre un proyecto de ley, si hay acuerdo se puede llamar a sesionar al día siguiente. En la Cámara Alta, la norma establece que entre el dictamen de la comisión y el tratamiento en el recinto tiene que haber un plazo de siete días.

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