El domingo son las elecciones internas legislativas en todo el país y a dos días de los comicios surgió un enfrentamiento entre la Cámara Nacional Electoral, el tribunal a cargo de la organización, y la jueza electoral de la ciudad de Buenos Aires, María Servini. La disputa, que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es por las atribuciones en la organización de los comicios, que este año tiene la particularidad de que serán en pandemia.
Servini envió esta semana una nota a la Corte Suprema para denunciar que la Cámara Electoral se tomaba atribuciones en la organización cuando eso corresponde a cada jurisdicción donde las particularidades son distintas. La magistrada hizo referencia a una “intromisión constante” de la Cámara en los juzgados electorales que conlleva a “graves circunstancias” en la organización de las elecciones. El máximo tribunal remitió la nota a la Cámara.
Y hoy el tribunal le contestó a Servini. “Planteos como el que suscita esta intervención producen confusión y estrépito en el electorado, en un contexto delicado como el que atraviesa la ciudadanía y lejos de promover la confianza en las instituciones, abundan en el descrédito y la desazón de quienes deben cumplir sus obligaciones cívicas”, respondieron los jueces de la Cámara, Santiago Corcuera, Alberto Dalla Vía y Daniel Bejas.
Jueza electoral desde los años 90, Servini tiene un histórico enfrentamiento con la Cámara Electoral. El de ahora es por la organización de la elección. La Cámara elaboró con los ministerios de Salud e Interior de la Nación un protocolo con pautas sobre cómo organizar estas elecciones por la pandemia del coronavirus. Servini consideró que se trata de una intromisión en la facultad de cada magistrado electoral.
“La intromisión constante de la Cámara Electoral solo consigue entorpecer el desarrollo de nuestra labor, perjudicando a todos los que poniendo el cuerpo desde la trinchera y lejos de la comodidad de los despachos donde se teoriza sobre la cuestión, trabajan denodadamente y muchas veces sin descanso, para poder concluir un proceso electoral exitoso que permita a la ciudadanía expresarse en las urnas”, señaló la jueza en la nota que mandó a la Corte Suprema.
De hecho, Servini dispuso algunas medidas para esta elección distintas a las de la Cámara. El tribunal había dispuesto en el protocolo que dos horas de los comicios sean franja horaria de prioridad para personas de riesgo ante el coronavirus; Servini dispuso que prioridad la tengan durante todo el día. También la Cámara recomendó que la fila se haga fuera de los colegios, mientras que Servini ordenó que en los lugares donde se pueda hacer en el interior la fila sea allí.
La Cámara le respondió al presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, que el protocolo se elaboró con la opinión y participación de los jueces electorales de todo el país. “Se invitó a todos los jueces y juezas del fuero a reuniones consultivas -que se llevaron a cabo en modalidad virtual, y en una de las cuales participó activamente la magistrada presentante- para compartir ideas y aportes tendientes a establecer un protocolo para las distintas etapas del proceso electoral, teniendo en cuenta el carácter federal de nuestro país y las realidades diversas de cada una de las jurisdicciones”, señalaron los jueces de la Cámara. Los magistrados explicaron que el protocolo “constituye una plataforma de orientaciones y recomendaciones mínimas para la organización del acto electoral”.
“Ahora bien, las medidas adoptadas en dicho protocolo, como las demás que esta Cámara ha venido estableciendo hace ya mucho tiempo, en modo alguno suponen una intromisión en Ia órbita de competencia propia de los jueces y juezas de primera instancia, ni tampoco desconocen las complejidades y diversidades de cada uno de los veinticuatro distritos electorales en que se divide el país, sino que responden al reclamo de actuación deI Tribunal -en ejercicio de sus atribuciones, como cabeza de Ia administración electoral de Ia República Argentina- que la índole de la cuestión sanitaria y epidemiológica exige”, concluyeron y recordaron la “autonomía” de cada magistrado.
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