Fiesta en Olivos: Alberto Fernández busca cerrar un acuerdo judicial antes de las elecciones para evitar más costos políticos

La fiesta de cumpleaños de la primera dama Fabiola Yañez, autorizada por Alberto Fernández en Olivos cuando estaban prohibidas las reuniones sociales por un Decreto de Necesidad y Urgencia y el artículo 205 del Código Penal, desplomó la imagen presidencial y ya afecta las perspectivas electorales del Frente de Todos a nivel nacional.

Alberto Fernández está sólo en su defensa legal y política. Sergio Massa y Máximo Kirchner ya se muestran juntos en un tándem que gana peso propio en el Frente de Todos, mientras Cristina Kirchner optó por hacer campaña sin el Presidente como sucederá hoy en Santa Fe.

Una de las principales preocupaciones del jefe de Estado es enfrentar todos los días un goteo informativo sobre la causa Fiesta de Olivos que maneja Ramiro González. En Balcarce 50 desmienten que la investigación del fiscal federal complique las posibilidades del Frente de Todos, pero en la intimidad del poder se observa una curva descendente constante de la imagen presidencial que puede terminar en una crisis política.

Alberto Fernández ya asumió que conocerá los resultados de las PASO en una circunstancia inédita para su vida personal y política: imputado en Comodoro Py por un hecho penal que reconoció ante la opinión pública.

Y ante esta compleja situación política, el Presidente busca que su oferta de reparación económica y su pedido de sobreseimiento sean aceptados antes de las elecciones del próximo 14 de noviembre. La pretensión de Alberto Fernández no es un acto de puro voluntarismo militante, pero depende de los tiempos procesales que aplique el juez federal Sebastián Casanello.

El fiscal González investiga y fija sus propias opiniones, mientras que el juez Casanello resuelve en última instancia. Si las partes no están de acuerdo con Casanello -desde González al Presidente-, tienen la posibilidad de apelar ante la Cámara Federal porteña.

Y si eso pasara, Alberto Fernández llegaría al segundo año de su mandato con la imputación vigente por haber violado el artículo 205 del Código Penal y sus propios Decretos de Necesidad y Urgencia que dictó para enfrentar al COVID-19.

Antes de analizar la propuesta de Alberto Fernández, el juez federal debe determinar si son constitucionales los DNU dictados por el Presidente para prohibir las reuniones sociales durante la cuarentena. Mauricio D’Alessandro, abogado de la invitada Stefanía Domínguez, planteó el sobreseimiento de su cliente alegando que esos DNU violan la Constitución Nacional y por lo tanto no es reprochable haber ido al cumpleaños de Fabiola Yañez.

Todos los representantes legales de los imputados -con excepción de Alberto Fernández que se presentó más tarde al expediente- recibieron la vista del juez Casanello para que expliciten su perspectiva legal sobre los DNU firmados por el Presidente y sus 21 ministros.

Casanello aguarda la respuesta de los abogados defensores el martes próximo, y a partir de ese momento -sin plazos prescriptos- deberá resolver el planteo de Mauricio D’Alessandro. Sobre este asunto en particular hay dos interrogantes que causan cierta incertidumbre en Comodoro Py: si el letrado patrocinante de Fabiola Yañez tiene espacio político para opinar que los DNU de Alberto Fernández son inconstitucionales, y si Casanello está en condiciones dictar la inconstitucionalidad de la única herramienta jurídica que detenta el Poder Ejecutivo para enfrentar la pandemia del COVID-19.

Cuando concluya su decisión jurídica sobre el planteo de D’Alessandro, el juez federal deberá avocarse a la presentación de Alberto Fernández. El jefe de Estado aseguró que no hay delito reprochable, pidió su sobreseimiento y propuso una reparación económica prevista el artículo 59, inciso 6 del Código Penal y en artículo 34 del Código de Procedimiento en lo Penal.

Como sucedió con la defensa del abogado de Stefanía Domínguez, Casanello dará vista a todas las partes -incluido al fiscal González- para que fijen posición jurídica acerca de la propuesta presentada por Alberto Fernández. Y si no hay demoras burocráticas, el juez federal debería tener las respuestas hacia principios de septiembre, a escasos días de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

A diferencia de la propuesta de D’Alessandro, que pone en jaque la capacidad jurídica del Presidente, la posible reparación ofrecida por Alberto Fernández puede tener muchísimo consenso entre los imputados. Todos son amigos de Fabiola Yáñez, y todos están buscando un ardid legal para cerrar un expediente que afecta al Gobierno.

Casanello no descarta la reparación económica para dictar el sobreseimiento de Alberto Fernández. Pero se tomará su tiempo para evitar suspicacias políticas. El juez federal sabe como funciona el poder y nadie le tiene que explicar que la Fiesta de Olivos es un asunto clave de la campaña electoral.

Faltan 75 días para los comicios de medio término. Un tiempo electoral que transformará a Casanello en un jugador inesperado de la batalla silenciosa que ya se libra en la Casa Rosada, el Senado y la Cámara de Diputados.

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