Un sector del oficialismo quiere cobrar el impuesto a la riqueza también el año que viene. La alarma en el ámbito empresarial la encendió Victoria Tolosa Paz, la principal candidata del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, la semana pasada. “Tiene que haber una presión más fuerte sobre las grandes empresas, grandes fortunas y grandes patrimonios”, dijo.
Aunque a priori se lo difundió como una iniciativa de “emergencia” y de “una sola vez”, fuentes del Congreso indicaron a Infobae la semana pasada que funcionarios de la cartera que conduce Martín Guzmán buscaron incluir la iniciativa en el proyecto de presupuesto 2022 que deberá enviar el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo el 15 de septiembre.
“Ni me lo manden”. Así de tajante, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, frenó en seco el intento del Ministerio de Economía.
La intención es sumar estos ingresos extraordinarios para cumplir con las metas fiscales y llegar más tranquilos a la discusión de un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Tras las subas en alícuotas de ganancias corporativas y bienes personales, parte del kirchnerismo en el Congreso de la Nación plantea hace tiempo subir aún más la presión tributaria, algo que llama la atención de especialistas que afirman que el margen para aumentar impuestos a las empresas ya se agotó hace tiempo.
Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria, y cuarto en la lista de candidatos a legisladores por la provincia de Buenos Aires, reiteró en varias oportunidades que el impuesto a la riqueza tendría que ser 15% con lo cual prácticamente en seis años el Estado le comería el patrimonio a cualquier persona que haya podido juntar un mínimo capital.
La Argentina está catalogada como uno de los países en los que más impuestos pagan las empresas. “En la Argentina por cada $100 de utilidades las empresas pagan $106. El promedio de la OCDE es $45″, comentó el tributarista César Litvin de Lisicki, Litvin & Asociados.
Para Sebastián Domínguez de SDC Asesores Tributarios, en lo que va del actual período del Gobierno la mayor presión impositiva sobre empresas ya se hizo realidad. “Lo que tendría que hacer el Estado es luchar contra la evasión. Los principios de progresividad están muy bien, pero no se puede subir la carga impositiva al infinito”, enfatizó.
El impuesto a las grandes fortunas, que se superpone con Bienes Personales, generó varios amparos y alguno de ellos ya va camino a la Corte Suprema de Justicia; otros contribuyentes optaron por no pagar y esperar una determinación de oficio de la AFIP para recurrir luego al Tribunal Fiscal y a la Justicia ordinaria por la cuestión de fondo. Algunos que sí pagaron observan con atención la decisión de la Justicia y podrían optar por presentar más adelante una acción para reclamar por la posible confiscatoriedad de este tributo, sobre todo si se extendiera por otro ejercicio fiscal.
Incluso, mientras se defendió su aplicación, los legisladores del oficialismo que sancionaron el proyecto afirmaron que todos los países del mundo iban a aplicar un tributo extraordinario. Sin embargo, y a diferencia de lo que ocurrió en Argentina, en el resto del mundo no se aumentaron impuestos, en tal caso se bajaron o postergaron.
Globo de ensayo o no, está claro que el Gobierno buscará la manera de subir más la presión fiscal el próximo año, con miras al ajuste que busca lograr para acordar con el Fondo Monetario Internacional y que intentará que, una vez más, lo paguen los contribuyentes.
A fines de julio de este año, la AFIP comandada por Mercedes Marcó del Pont, había recaudado por el “Aporte Solidario y Extraordinario” algo cercano a los $200.000 millones de parte de unos 10.000 contribuyentes.
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