Con una estrategia de control de daños, el Gobierno busca relativizar la polémica por las visitas a Olivos

Después de una semana donde la gestión y la campaña se vieron atravesadas por la fuerte repercusión que tuvo la publicación de las visitas sociales a Olivos durante el período más estricto de aislamiento obligatorio, el Gobierno desplegó una estrategia de control de daños destinada a restarle importancia y desviar la atención del caso, que se encuentra bajo investigación en la Justicia. El presidente Alberto Fernández, principal apuntado por las críticas de la oposición de Juntos por el Cambio, se focalizará en los actos de la gestión, mientras el resto de los dirigentes intentará concentrar la atención en la agenda proselitista.

En el comienzo de la semana, cuando el alcance del escándalo escalaba en los medios y las redes sociales, empezó a crecer la inquietud en la Casa Rosada por la denuncia, que en un comienzo habían minimizado. Se ordenó una investigación interna para evaluar exactamente lo ocurrido, y sobre todo, determinar responsabilidades en la filtración de información sobre los ingresos a Olivos y la organización de los eventos.

Según comentaron desde el entorno del Presidente a Infobae, durante ese seguimiento se concluyó que no se podía apuntar al staff de la residencia oficial. “Esto no fue una filtración, como sí lo fueron las visitas de jueces a (el expresidente, Mauricio) Macri. Desde antes de la cuarentena se había discutido si hacer públicas las visitas y se resolvió que así fuera. El problema fue ese. Y ahora el tema está ahí afuera. Hay pocas posibilidades de encontrar a otros responsables”, dijo un funcionario desde la Casa Rosada, donde algunos lamentaban la transparencia que avaló el propio Gobierno desde el comienzo de la gestión respecto de la información sobre los ingresos Olivos.

La ventilación de las visitas provocó un clima de desconfianza en la opinión pública en general, pero también al interior del Frente de Todos, donde hubo reproches al Presidente. El malestar apuntaba a la realización de reuniones sociales que no respetaron las normas que regían el año pasado para evitar los contagios de coronavirus, aunque distintos funcionarios aclararon que el cuestionamiento no estaba apuntado a la vida personal del primer mandatario.

Hacia el final de la semana, la inquietud se incrementó en Balcarce 50, cuando el fiscal federal Ramiro González pidió informes a la Casa Militar de la Presidencia sobre los registros de ingresos y salidas a la residencia presidencial de la actriz Florencia Peña, la funcionaria y amiga de la Primera Dama Fabiola Yáñez, Sofía Pacchi, y su novio, el empresario Chien Chia Hong, entre otros. Quedó claro que el caso podría avanzar en la Justicia a partir de la causa que se abrió con una denuncia presentada, a fines de julio, desde la agrupación Republicanos Unidos, que dirige Yamil Santoro, precandidato de la lista de Ricardo López Murphy bajo el sello de Juntos por el Cambio.

En Balcarce 50 temen que los avances de la pesquisa sobre la violación del aislamiento obligatorio mantenga el tema en el candelero y empañe la figura del Presidente, una de las piezas clave en la campaña del Frente de Todos para las PASO. Sobre todo teniendo en cuenta que parte de la carrera proselitista estará basada en recorridas de los precandidatos en medios de comunicación. El asunto, creen, será una de las preguntas ineludibles en las entrevistas.

El Gobierno planea retrucar las acusaciones apuntando contra los enfoques críticos misóginos de las visitas. La primera vez que Santiago Cafiero se refirió al tema lo hizo en referencia a un pedido de expulsión del Frente de Todos en la Cámara baja contra el diputado nacional Fernando Iglesias, por sus comentarios contra Florencia Peña. En una entrevista con Radio 10, el jefe de Gabinete, uno de los hombres más cercanos a Alberto Fernández, consideró “adecuada” la solicitud del bloque oficialista, y opinó que las palabras de Iglesias eran parte del “discurso del odio y misoginia”.

“La denuncia por Olivos se va a anular con la de Peña”, dijo un vocero presidencial, en referencia a la presentación judicial que decidió hacer esta semana la actriz, por violencia de género mediática, institucional y simbólica, contra Iglesias y Waldo Wolff, el otro diputado del bloque opositor que se expresó de forma similar. “El tema está judicializado. Y cuando se judicializa, no se resuelve”, deslizaron en la Casa de Gobierno. Se mostraron confiados en que la cuestión “quedará para el ping-pong mediático” más que “para cosas importantes”.

En pleno arranque de la campaña, en el Gobierno dijeron que no se transmitió un pedido a los postulantes sobre qué responder ante el público, pero piensan que la estrategia de control de daños quedó en evidencia a través de los mensajes del jefe de Gabinete, y del propio Alberto Fernández, quien habló al respecto el viernes por la mañana, una semana después de que empezara a circular la lista de nombres.

En una entrevista por AM750, el Presidente se mostró ofuscado, desmintió las versiones sobre supuestas contrataciones con uno de los visitantes (el empresario taiwanés Chie Chia Hong, pareja de Pacchi), respaldó sus encuentros presenciales en la necesidad de gestionar, y omitió referirse a las críticas por las reuniones sociales que se realizaron en la residencia oficial durante el aislamiento.

En Balcarce 50 opinan que el mensaje que debería expresarse desde la coalición en su conjunto debería estar en esa línea. Y mostraron hartazgo con el tema. “Quedó atrás”, lanzó, confiado, uno de los armadores de la campaña, en diálogo con Infobae.

“Ya se desarmó, se desactivó. Las pibas laburaban ahí. Pacchi es una colaboradora. El chino (por el empresario taiwanés) no fue a hacer negocios, y Alberto tenía una restricción médica para ir a la Casa Rosada y necesitaba recibir a la gente en Olivos, donde además trabajan 200 personas. La teoría que quieren imponer se cayó a pedazos”, sintetizó la postura oficial un altísimo funcionario, que dio por terminado el asunto.

En un contexto donde las encuestas muestran malestar por la situación social derivada de los aislamientos y la crisis económica -con altos niveles de inflación y desempleo-, hay serias posibilidades de que se produzca una elección apretada. Para aflojar la tensión social, el viernes el Gobierno relajó las medidas de distanciamiento, basado en el avance del plan de vacunación y la estabilización en el número de contagios de coronavirus.

Y en los próximos días terminará de definir los cambios en el Gabinete. Falta determinar al sucesor de Agustín Rossi en el Ministerio de Defensa -el nombre aún es una incógnita-, y que se efectivice el nombramiento de Juan Zabaleta, intendente de Hurlingham, cercano al Presidente, al frente de Desarrollo Social. Según adelantaron en el primer piso de la Casa Rosada, juraría el martes por la tarde.

Mientras tanto, el Gobierno enfocará todas las acciones de gestión en la campaña para las PASO, que en lo inmediato se basarán en medidas económicas, sociales, laborales y estudiantiles orientadas a la franja de los más jóvenes. En la “Semana de la Juventud” buscarán reconquistar al segmento etario que históricamente manifestó afinidad con el kirchnerismo en las urnas, pero que según las encuestas se mostraría reticente a dar apoyo mayoritario al Gobierno y se volcaría por otras opciones, quizá, a la derecha del espectro ideológico.

En las filas del Frente de Todos están ansiosos por dejar atrás la pandemia y las consecuencias que acarrea en la opinión pública. Inclusive sus coletazos más inesperados, como la publicación tardía de las reuniones en Olivos durante el ASPO. Aunque si la Justicia avanza con el caso, la posibilidad de dejar el asunto en el olvido prontamente se dificultará.

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