José Ángel Allende (64), secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) de la provincia de Entre Ríos y ex diputado provincial del Partido Justicialista, hizo algo que muy pocos hacen: admitió que robó. Fue después de ser acusado de haberse quedado con 1,2 millones de dólares del Estado durante los últimos 22 años. Por eso, para no ir preso, acordó con la Fiscalía devolver la enorme cantidad de dinero que se apropió y además quedará inhabilitado para ejercer cargos públicos de por vida.
Su destino se resolverá esta tarde en la ciudad de Paraná, donde el juez Elvio Garzón dará a conocer si acepta el acuerdo de juicio abreviado, donde enfrenta la acusación de los delitos de enriquecimiento Ilícito, negociaciones incompatibles, coacción y amenazas agravadas por violencia de género. Cuando el magistrado le preguntó en el debate si reconocía los hechos imputados, el gremialista lo admitió. “Reconozco ser el autor de los hechos que se me imputaron”, dijo Allende. Las dos últimas acusaciones fueron por coacciones contra el periodista Martín Carboni y por amenazas contra la ministra de Salud, Sonia Velázquez.
Al acuerdo llegaron los abogados defensores Julio Federik y Leopoldo Lambruschini con el Ministerio Público Fiscal (MPF) representado por Laura Cattaneo, Leandro Dato y Álvaro Piérola. Estuvieron presentes también los representantes tanto de Carboni como de la titular de la cartera de Salud.
Durante la investigación, la justicia pudo demostrar que Allende, por ejemplo, benefició entre 2008 y 2011 mediante 128 subsidios no reintegrables de la Cámara de Diputados a una fundación presidida por su esposa, Adriana Satler y en la que figuraba su hija Victoria como tesorera y él mismo como secretario del Consejo de Administración. Una maniobra que, se estima, sumó casi 1,5 millones de pesos de entonces.
“Allende incrementó desproporcionadamente su patrimonio, utilizando interpósitas personas sus familiares Adriana Sattler, Diana Traverso, Julio Allende, Carolina Allende y Victoria Allende como así también a la Personería Jurídica de UPCN para la adquisición de inmuebles, automotores, embarcaciones, inversiones a plazo fijo y sociedades por montos que no se justificaron son su ahorro disponible”, expresó la representante del MPF, quien además enumeró una a unas las negociaciones incompatibles con su función de diputado cuando fue elegido en 1999 hasta 2016.
La causa se inició tras una investigación del diario local Análisis en el año 2012 y tras varias trabas en estos nueve años, finalmente se pudo avanzar. Según las pericias contables detalladas por el medio entrerriano, Allende se enriqueció en $4.983.146,14 lo que equivale a un valor en dólares de 1.069.841,19, según consta en la causa.
En ese sentido, el MPF solicitó al juez que la condena sea de 2 años y 8 meses de prisión condicional, una multa de $3.000.000 equivalente al 60% del valor enriquecido demostrado en pesos a través del decomiso de dos inmuebles tasados en total en 1.105.211 dólares: una lujosa casa ubicada en el Parque Urquiza valuada en US$720.922, y otra de 378.289 dólares.
La fiscal Cattaneo propuso que la primera se convierta en sede del Consejo de la Magistratura y que la otra sea destinada a la Unidad Fiscal de Violencia de Género, cuya sede recientemente inaugurada es sobre una propiedad alquilada.
No será lo único que enfrente el gremialista. Allende deberá fijar un domicilio y “tiene la prohibición de realizar cualquier tipo de acto violento o molesto a las víctimas, la obligación de realizar algún tipo de actividad relacionada con la violencia de género y libertad de expresión dispuesta por la Oficina de Medios Alternativos (OMA) y la prohibición de cualquier acto violento que significase un delito”.
Entre otros detalles, el MPF pedirá que se desestime toda acusación o investigación contra los familiares de Allende, ya que el dirigente sindical aseguró que ellos no sabían nada de las maniobras de corrupción.
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