El futuro de la causa conocida como “La ruta del dinero K” quedó en manos de la Sala IV de la Cámara de Casación. El Tribunal Oral Federal 4 aceptó ayer las apelaciones de todos los acusados contra la sentencia y el expediente pasará ahora al máximo tribunal del país.
Lázaro Baéz fue condenado a fines febrero a 12 años de prisión por lavado de activos agravado. También recibieron condenas sus cuatro hijos. Del entorno de Báez se condenó a su ex contador Daniel Pérez Gadín como organizador de las maniobras de blanqueo, a la pena de ocho años, lo mismo que recayó sobre el abogado Jorge Chueco. En tanto, a Fabián Rossi, señalado como partícipe necesario, se le dictó una condena de cinco años.
En el caso de Leonardo Fariña, el tribunal decidió condenarlo a 5 años por su rol de arrepentido.
El 26 de abril último, el TOF 4 dio a conocer los fundamentos del fallo en un extenso escrito de más de 3.000 páginas en el que los jueces Néstor Costabel y Adriana Palliotti, por mayoría, ratificaron que la fortuna que amasó el empresario provenía de los contratos de obra pública, que se investigan en la causa conocida como “Vialidad”, donde Báez está siendo enjuiciado junto la vicepresidenta Cristina Kirchner. Asimismo, tuvieron en cuenta las causas de evasión donde el empresario también está siendo investigado.
El Tribunal concedió ayer, primer día hábil en los Tribunales de Comodoro Py, los recursos de casación de todos los acusados y emplazó a las defensas “para que comparezcan a mantener los recursos concedidos ante la Cámara Federal de Casación Penal, en el término de tres días a contar desde que las actuaciones tuvieran entrada en dicho Tribunal”.
La Sala IV será la responsable en confirmar o no aquellas condenas. Se especula que recién el año próximo podría haber novedades.
La investigación judicial comenzó en abril de 2013, por ese entonces a cargo del juez Sebastián Casanello y del fiscal Guillermo Marijuán, a partir de un informe del programa Periodismo para Todos (PPT) y apuntó a la red de cuentas bancarias abiertas en el exterior y la maniobra, mediante la compra de bonos, para reingresar el dinero a la Argentina, justo cuando Báez necesitaba capitalizar su empresa para poder quedarse con la construcción de dos represas en Santa Cruz. Se trata de una causa con implicancias políticas por la cercanía del empresario con la familia Kirchner.
Durante el juicio también se debatió el traslado de dinero en los aviones privados de Báez desde el Sur hasta Buenos Aires, y la compra del campo “El Carrizalejo”. El otro campo, conocido como “El Entrevero”, quedó al margen en otro juicio.
Báez sigue cumpliendo la prisión domiciliaria en un domicilio que se mantiene en reserva hasta que la condena quede firme. El último de los acusados que salió de la cárcel fue su hijo Martín, que también debe cumplir con la prisión domiciliaria a pocos metros de su padre. “Están en el mismo barrio, a unos metros, pero no pudieron verse ni para el Día del Padre”, contó una fuente de la familia.
La pelea de fondo ahora es por el tema patrimonial. Con la sentencia, el TOF 4 ordenó el decomiso de USD 54.872.866,69 por la maniobra de lavado general y USD 5.000.000 por la compra del campo “El Carrizalejo” (conocido como el hecho B). Además, impuso a las firmas Austral Construcciones, Top Air S.A., OACI S.A. y Real Estate Investment Fiduciaria S.A. una multa por el doble de las operaciones en que intervinieron. En el caso de Helvetic Services Group, se ordenó la cancelación de la personería jurídica, y una multa correspondiente a siete veces el monto de las operaciones.
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