La causa que investiga si el gobierno de Mauricio Macri contrabandeó material bélico a Bolivia cuando Evo Morales era forzado a dejar el poder sigue sumando elementos: mientras el juez en lo penal económico Javier López Biscayart analiza la información que solicitó la semana pasada, el fiscal Claudio Navas Rial amplió las imputaciones por la nueva denuncia que presentó el Ejecutivo la semana pasada.
La primera jugada del ex presidente Mauricio Macri en el expediente, por ahora, naufragó. Es que el ex mandatario -varado en Europa- se presentó en el expediente a través del abogado Pablo Lanusse -quien también lo asesora en otras causas penales en donde esta imputado-.
En las últimas horas, según revelaron a Infobae fuentes del caso, Macri pidió que se suspenda el sumario interno que está haciendo Gendarmería por orden del presidente Alberto Fernández, en busca de la recolección de información de los protagonistas que viajaron a Bolivia con el armamento denunciado.
Lanusse planteaba que el sumario debía suspenderse para que la defensa pudiera controlar la prueba que se estuviera produciendo con ese informe. Según revelaron las fuentes a Infobae, la defensa no tuvo suerte. El juez López Biscayart denegó el pedido. Es probable que la defensa apele esta decisión ante la Cámara en lo Penal Económico.
El sumario interno es, precisamente, el lugar donde el Ministerio de Seguridad está haciendo su investigación a instancias del presidente Alberto Fernández. Según trascendió, en ese sumario ya declararon miembros del grupo de élite de Gendarmería que viajó a Bolivia. Los indicios es que las declaraciones de los agentes apuntan hacia “arriba”. El viernes, la ministra Frederic entregó en el juzgado un CD con el avance del sumario.
El juez espera que se complete el resto de la información que solicitó a distintas áreas, que incluyen no solo documentación sino filmaciones. Por lo pronto, uno de los puntos que llamó la atención es que los 70 mil cartuchos antitumultos denunciados “no estaban consignados en el manifiesto de carga del vuelo” del Hércules.
En la causa, están imputados el expresidente de la Nación Mauricio Macri; sus ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Oscar Aguad; el entonces embajador en Bolivia, Normando Álvarez García; al exdirector general de la Gendarmería Nacional, Gerardo José Otero; y los entonces directores de Logística y Operaciones de esa fuerza, Rubén Carlos Yavorski y Carlos Miguel Recalde, respectivamente.
Hoy, el fiscal Navas Rial sumó como imputado en la causa por contrabando agravado a Bolivia al comandante de Gendarmería Adolfo Héctor Caliba. A él se lo señala como la persona que coordinó con la policía boliviana el envío de elementos represivos durante los días en los que se produjo el golpe de Estado al gobierno de Evo Morales.
Los hechos salieron a la luz a raíz de una misiva enviada el 13 de noviembre de 2019 por el entonces comandante general de la Fuerza Aérea Boliviana, Gral. Jorge Gonzalo Terceros Lara, actualmente detenido por su participación activa en el golpe de Estado, al entonces embajador de la República Argentina en Bolivia, Normando Álvarez García. En la carta, dijo la denuncia, se evidencia la recepción de 40.000 cartuchos antitumulto calibre 12/70, 18 gases lacrimógenos en spray MK-9, 5 gases lacrimógenos en spray MK-4, 50 granadas de gas CN, 10 granadas de gas CS y 52 granadas de gas HC provenientes del Gobierno argentino.
Es consecuencia de la presentación que hizo el jueves pasado el Ejecutivo, en el marco de la denuncia original que ya habían presentado el 12 de julio los ministros de Justicia, Martín Soria; y Seguridad, Sabina Frederic; junto a la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont. Allí la denuncia apuntaba además al canciller Jorge Faurie, al ex director de Aduanas Jorge Dávila y a Eugenio Cozzi, ex director ejecutivo de la ANMaC.
La semana pasada, el comandante de la Policía de Bolivia, Jhonny Aguilera, anunció que se había hallado en un depósito de esa fuerza parte del material bélico enviado por Macri el 13 de noviembre de 2019: había balas anti-tumulto 12/70, granadas y spray de gas pimienta.
“Está comprobado que las municiones son de la partida que compró Patricia Bullrich para el G20, en el año 2018. Hay una parte de lo que se envío que todavía existe y llegó a la Policía de Bolivia; no sabemos qué pasó con las 40 mil municiones que fueron agradecidas por el Comandante de la Fuerza Aérea de Bolivia a nuestro embajador”, dijo la ministra Frederic en declaraciones periodísticas.
En ese contexto se decidió pasar a retiro a tres gendarmes: Carlos Miguel Recalde, Rubén Carlos Yavorski y Gerardo José Otero. Yavorski estuvo a cargo de presentar las solicitudes ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) para sacar las armas y las municiones del país. Inicialmente, el 11 de noviembre de 2019, pidió autorización para llevar 3600 cartuchos antitumulto 12/70, pero al día siguiente, cuando ya estaba en el poder la dictadora Jeanine Añez, pidió ampliar el permiso para llevar 70.000 cartuchos. En tanto, Recalde informó el 15 de julio de 2020 que los 70.000 cartuchos se habían usado en entrenamientos., pero Frederic planteó que los gendarmes jamás habrían efectuado disparos en Bolivia.
Para el fiscal Navas Rial, la última documentación aportada al expediente por los denunciantes permite “robustecer la hipótesis del caso originalmente trazada” al impulsar la acción penal por el posible contrabando agravado de armas y municiones al Estado Plurinacional de Bolivia el 12 de noviembre de 2019.
En ese contexto, Navas Rial acusó a un cuarto gendarme, Caliba, “en razón del rol que éste habría desplegado en el aeropuerto del Alto, La Paz, en las tareas de recepción del personal de Gendarmería y de los armamentos y municiones aparentemente enviado”, según se informó oficialmente a través del sitio fiscales.gob.ar
Según la denuncia, Caliba fue el encargado de coordinar con la Policía de Bolivia todos los movimientos previos y posteriores a la llegada del vuelo: se ocupó de dirigir a una comitiva argentina, escoltada, hasta el aeropuerto y supervisó la carga y descarga del avión que nunca apagó su motor en la madrugada del 13 de noviembre de 2019. También es el que el 17 de noviembre de 2019 le envió una nota al entonces director nacional de la Gendarmería, Otero, en la que le informaba sobre distintas protestas que por esos días se llevaban a cabo en contra del gobierno de facto encabezado por Jeanine Áñez.
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