Crisis del sistema de salud privado: las empresas del sector propusieron un plan de sustentabilidad para evitar las medidas de fuerza

Mientras hacen frente a la pandemia, las entidades de la medicina privada que componen la Unión Argentina de Salud (UAS) propusieron un plan de sustentabilidad para evitar la reprogramación de turnos no urgentes a modo de protesta. El viernes vence la conciliación obligatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo y las empresas anunciaron que reprogramarán los turnos no urgentes en demanda de soluciones a la crisis financiera del sector, mientras que el Sindicato de Sanidad realizará ese día paros de cuatro horas por turno en caso de no llegar a un acuerdo previamente.

A través de un comunicado, la UAS le solicitó al Gobierno una serie de medidas transitorias y permanentes. En cuanto a las primeras, pidieron:

- Extender el REPRO y la reducción del SIPA mientras perdure la emergencia económica y sanitaria.

- Más allá del acuerdo paritario 2021, otorgar una gratificación extraordinaria mensual, financiada y abonada desde el Estado en forma directa, mientras perdure la emergencia sanitaria del 50% del salario de enfermera/o. Esta gratificación deberá alcanzar a todos los empleados en relación de dependencia, médicos con contrato de locación de servicios y residentes o alumnos de la carrera de especialización.

- Asignar un “pase” que identifique al personal de salud como esencial. Con el mismo tendrá prioridad para utilizar los medios de transporte público de forma gratuita. En el caso que utilice un medio de transporte particular, el “pase” le otorgará prioridad y gratuidad en las autopistas, como así también libre estacionamiento.

Las propuestas permanentes son las siguientes:

- Eximir al sistema de salud de la carga fiscal producto de Ingresos Brutos, créditos y débitos bancarios, etc.

- Facultar a las entidades de la UAS a utilizar el crédito fiscal IVA no utilizado para ser aplicado al pago de aportes, contribuciones o cualquier tipo de tributo que esté alcanzada la actividad.

- Crear una partida de fondos del Estado proveniente del Tesoro Nacional para financiar coberturas establecidas por leyes de los últimos años que no tengan o no hayan tenido financiación prevista en su marco normativo; los tratamientos de alto costo de medicamentos, prótesis y órtesis; las coberturas de enfermedades preexistentes; y los gastos sociales emergentes de la atención de la discapacidad (educación, traslados, geriátricos, etc.).

- Disponer una fórmula polinómica que contemple ajustes mensuales y automáticos de las cuotas de las empresas de medicina prepaga, en virtud de la variación de los costos (tal cual fija la ley, con revisión y aplicación del cálculo desde su inicio).

- Establecer un marco normativo para el ajuste de aranceles y posterior traslado efectivo a los prestadores por parte de las obras sociales nacionales y provinciales, y las creadas por leyes especiales y entes autárquicos.

- Constituir una comisión para garantizar la sustentabilidad y el acceso con equidad del sistema de salud. Esta comisión asumirá, en un plazo no mayor a seis meses, la tarea de generar propuestas que contengan la visión de los sectores que intervienen en la prestación del servicio médico en la Argentina. Las partes posibles para convocar serían, en forma enunciativa y no restrictiva, UAS, Federación de Prestadores, PAMI, Ministerio de Salud, Federación de Prestadores, PAMI, SSSALUD, COFESA, COSPRA, CGT, FATSA, COMRA y el Ministerio de Trabajo.

En el mismo comunicado, UAS se refirió a los motivos que, según la entidad, llevaron a la pérdida de solvencia y sustentabilidad en el sector: “Entre otros motivos, por la incorporación, por parte del Estado, de coberturas o derechos sin que se previera los fondos para hacer frente a estos mayores costos, y el propio Estado ha incumplido con el otorgamiento de las actualizaciones que la propia Ley 26.682 establece en virtud de estos mayores costos y la inflación”.

Según el escrito, estos gastos han “desequilibrado” el sistema privado de salud y han afectado las coberturas que brindan a los beneficiarios.

Además, aseguran que se ha “quebrado” el principio de equidad y previsión del modelo, lo que obliga a la recepción de personas con preexistencias y sin jamás haber aportado al sistema.

Asimismo, señalan: “El Estado ha establecido impuestos sobre todos los conceptos del gasto en salud, encareciendo el aporte que las personas deben realizar, como es el IVA, ingresos brutos y el impuesto a los débitos bancarios, entre otros”.

“Estos mayores costos y los insuficientes incrementos de ingresos tienen como consecuencia un desfinanciamiento que impacta en el precio de las prestaciones y, por consiguiente, produce un brutal endeudamiento y la imposibilidad de retribuir en forma adecuada la tarea del equipo de salud, que en forma denodada y por demás valorable se ha puesto al frente de esta pandemia de consecuencia ruinosas e insospechadas”, concluyen.

Ante esta situación, el viernes podría ser una jornada complicada para atenderse en el sistema de salud, ya que el Sindicato de Sanidad anunció que ese día realizará paros de cuatro horas por turnos, mientras que el sector empresarial de los prestadores decidió una protesta que consistirá en la reprogramación de los turnos no urgentes en clínicas, sanatorios y hospitales privados.

Ambos sectores pasarán a la ofensiva el viernes porque ese día vencerá la conciliación obligatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo en el conflicto por las paritarias 2021 del personal de Sanidad y quedarán en libertad de disponer las medidas que consideren convenientes.

Hay una audiencia oficial con sindicalistas y empresarios programada para este jueves, pero los prestadores de salud insistieron en su posición: “No podemos garantizar la pretendida actualización de los salarios de alrededor del 45% porque las obras sociales y las empresas de medicina prepaga no trasladan los recursos suficientes para poder afrontar ese porcentaje”.

SEGUIR LEYENDO: