A pesar de que el gobierno nacional decidió apartarse de la causa por la usurpación de dos lotes pertenecientes a Parques Nacionales en Villa Mascardi por parte de una comunidad mapuche, la fiscal federal de Bariloche, Sylvia Little, solicitó el requerimiento para elevar a juicio a los siete imputados por el delito de usurpación.
Se trata de los integrantes de la comunidad autodenominada mapuche Lafken Winkul Mapu, que en noviembre de 2017 ingresó a dos lotes pertenecientes al Estado Nacional, en el marco de una supuesta reivindicación territorial.
Los acusados fueron imputados y procesados como coautores del delito de usurpación por despojo de los lotes pertenecientes a la Administración de Parques Nacionales.
En esa misma causa, por decisión del directorio de la Administración de Parques Nacionales, el Estado Nacional dimitió en su rol como querellante, permitiendo así la permanencia de la agrupación mapuche, que desde que se asentó en el lugar protagonizó numerosos episodios violentos. Además avanzó en la usurpación de lotes linderos pertenecientes a otros organismos estatales y también a privados.
La decisión que adoptó el Estado fue celebrada por los integrantes del clan mapuche y criticada por los pobladores de Villa Mascardi, muchos de los cuales aún no logran reconstruir los daños que ocasionaron los encapuchados.
La demanda se mantuvo en pie ya que la fiscal decidió sostener las acusaciones y avanzar con el expediente para llegar al enjuiciamiento de los acusados.
En su presentación, Little describió los episodios de violencia que protagonizaron los integrantes de esa agrupación, de los que incluso fueron víctimas integrantes de fuerzas de seguridad y el juez federal Gustavo Villanueva cuando subrogaba en el juzgado local.
Mencionó además los daños ambientales que provocaron desde su instalación, al talar árboles milenarios de especies nativas para construir tranqueras y viviendas, e incluso también para comercializar la leña.
Desde su instalación, el grupo provocó el incendio de un transformador de energía, afectando el suministro de toda la zona y causaron daños en maquinarias viales pertenecientes a una empresa que realizaba tareas en el lugar.
A pesar de que son siete los mapuches que podrían ser juzgados, la fiscal admitió que el grupo es aún mayor, integrado también personas que no pudieron ser identificadas.
Además del avance sobre las tierras de Parques Nacionales, el grupo usurpó un predio perteneciente al Obispado de San Isidro, sobre la que la Justicia rionegrina dispuso su desalojo, aunque luego el querellante pidió “demorar” la expulsión del grupo hasta tanto “no estén dadas las condiciones de seguridad” tanto para los usurpadores como también para quienes debían llevar adelante la medida.
Siempre violentos
Desde su instalación en Villa Mascardi, la comunidad Lafken Winkul Mapu fue protagonista de numerosos hechos delictivos, algunos de los cuales no están mencionados en el escrito de Little.
Fue la propia gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, quien fue increpada por los encapuchados en el marco de una manifestación que realizó la comunidad para expresar su desacuerdo con el desalojo de otra agrupación mapuche, que usurpó un campo privado en El Foyel.
El presidente de la Junta Vecinal de la zona, Diego Frutos, también fue agredido por mapuches y varios turistas denunciaron ser apedreados por los encapuchados.
Uno de los últimos episodios similares ocurrió días atrás cuando una familia se reunió frente al lago Mascardi para despedir los restos de un ser querido que había fallecido. La ceremonia se tuvo que suspender debido a que los usurpadores iniciaron un ataque con piedras lanzadas con gomeras a los vehículos de los asistentes, algunos de los cuales terminaron con los vidrios rotos.
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