Mal mensaje político: el Congreso entra en modo electoral sin haber dado un debate serio sobre el COVID-19

El pronóstico de legisladores con rodaje dice que quedan dos semanas de actividad en Diputados y que después serían escasos los márgenes para avanzar con alguna ley. Nada mucho mejor pinta en el Senado. Se viene el cierre de listas para las PASO y se van liquidando los temas de consenso o con número suficiente para la aprobación. Un clásico de año electoral, se dice, pero en un contexto roto por el coronavirus y el manejo de las restricciones. Ese es el dato significativo: no hubo un debate serio sobre un marco racional para administrar la crisis.

Todo indica que entre los temas postergados quedan algunos de alto costo para el oficialismo. Es el caso del proyecto para modificar la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal. Sigue frenado en Diputados el texto para cambiar las reglas de juego y designar al nuevo jefe de los fiscales. La movida motorizada por el kirchnerismo duro fue aceptada por Olivos, pero de hecho no logra hasta ahora reunir número por el rechazo de Juntos por el Cambio y otros legisladores, incluso algunos que a veces acompañan al Frente de Todos.

El resultado asoma similar en el caso de la Ley Pandemia, pero el trasfondo y el espesor político no son idénticos. No puede ser medido como costo o beneficio exclusivamente del oficialismo. El intento de avance sobre la estructura de los fiscales es negativo en sí mismo y expuso, finalmente, la mayor expresión de alineamiento interno con la estrategia de Cristina Fernández de Kirchner. La cuestión de una norma legal frente a la pandemia expresa el intento de imponer un criterio único desde el Gobierno pero para tratar un tema sensible y necesario desde el punto de vista sanitario y también como mensaje político a la sociedad.

No aparece en la agenda legislativa de las próximas dos semanas. Hubo un acuerdo de hecho entre el oficialismo y la oposición para tratar en Diputados temas de “consenso”. Son cuestiones que se definen básicamente en tratativas de Sergio Massa y Máximo Kirchner con el interbloque de JxC. Un ejemplo: para la sesión de hoy se incluye como punto central la iniciativa que consagra la marcha atrás con la insólita aplicación de la anterior y reciente reforma sobre el régimen simplificado de monotributistas. Hay acuerdo general.

También se anotó una cuestión que no genera consenso global pero cuenta con número: el nuevo texto regulatorio para los biocombustibles. Es un tema cruzado por enormes intereses sectoriales y las tensiones crecieron con la decisión oficial de no prorrogar la actual ley, aunque ese había sido el mensaje en el Senado. Sin embargo, con impulso especial de Máximo Kirchner, se avanzó en una nueva redacción que genera algunas fisuras en la oposición e incluso, de manera menos ruidosa, en alguna franja oficialista.

En rigor, se trata de un regresión desde el punto de vista medioambiental. Existen, naturalmente, intereses cruzados de provincias y empresas. Como siempre, se trata de elegir un camino, como definición política. Y en este caso, se retrocedería más de diez años en la exigencia de corte con biocomustibles –en particular, con el gasoil-, lo cual va a contramano también del sentido de compromisos internacionales en esta materia.

Tal vez sea la última tensión en el recinto. Lo que se supone que seguirá en Diputados será una semana más para temas de poco debate. Y después, escasa actividad. El cronograma electoral dice que el 14 de este mes vence el plazo para inscribir alianzas y diez días después, para anotar las listas de candidatos. De hecho, además, la campaña ya expone su arranque informal.

El Gobierno discute en estas horas qué hacer frente al panorama complejo el coronavirus: invierno, alerta sobre la tercera ola de contagios y dificultades o atrasos en la vacunación. Está en discusión el criterio de los tiempos convenientes para las segundas dosis y, en el caso de la Sputnik V, la posibilidad de combinarla con otras vacunas ante la escasez del componente dos. De eso habló en las últimas 48 horas Carla Vizzotti con los comités de asesores.

Alberto Fernández debe seguir manejándose con DNU ante la falta de una ley. Pero ese no es el tema en sí mismo, sino consecuencia de la falta de intención para lograr algún tipo de acuerdo en esta materia. Siguen dominando las disputas, que tuvieron su expresión única pero sí de alto impacto en la pulseada por las clases presenciales.

Ese sentido de batalla y la respuesta opositora derivaron en la idea de Gobierno de armar un proyecto de ley que copiara la letra de los decretos. Hubo algunas voces de otras fuerzas que advirtieron a referentes oficialistas sobre el posible empantanamiento legislativo. Pero no sólo se trató del texto, sino del mensaje efectivo: el texto fue remitido al Senado. El Frente de Todos impuso su número y lo aprobó sin vueltas. En Diputados, hecho el recuento informal de votos, el oficialismo frenó antes de ir a una sesión adversa.

El estancamiento del proyecto no es un resultado inesperado. Al revés, todo el trayecto, desde su inicio, indica que la disputa política marcó el sentido de la movida. Y hasta el texto en sí mismo quedó en un plano secundario. Final previsible, imagen negativa.