Elevan a juicio el caso por la compra del edificio de la Procuración General de la Nación durante la gestión de Alejandra Gils Carbó

La ex jefa de los fiscales nacionales y federales deberá responder por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública

La Cámara emitió un duro fallo en contra de Alejandro Gils Carbó (Adrián Escándar)
La Cámara emitió un duro fallo en contra de Alejandro Gils Carbó (Adrián Escándar)

El juez Julián Ercolini elevó a juicio oral y público el expediente en el que fue procesada Alejandra Gils Carbó por la compra del edificio de la calle Perón al 600 donde tiene la sede la Procuración General de la Nación.

En octubre de 2017, la ex funcionaria y otras personas fueron procesadas por Ercolini por el delito de defraudación contra la administración pública debido a la compra del inmueble que fue pagado $43.850.000. La investigación fue realizada por el fiscal Eduardo Taiano.

La firma vendedora fue Arfinsa, del Grupo Bemberg, encabezada por Adrián González Fischer. Esa empresa a su vez le pagó $7.000.000 de comisión a la inmobiliaria de Bárbara Jaureguiberry por el asesoramiento para la operación. Jaureguiberry por su parte le abonó por otro tipo de asesoramiento en la licitación al productor de seguros Juan Carlos Thill la suma de $3.000.000. Thill resultó ser medio hermano de Guillermo Bellingi, quien desde su cargo de subdirector de Administración de la Procuración condujo el proceso licitatorio que terminó con la venta del edificio. Arfinsa intentaba desde hace años vender el viejo edificio de la calle Perón.

La Cámara Federal revisó aquel procesamiento y modificó la calificación. Es por eso que se elevó la causa a juicio en la que Gils Carbó está imputada por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. Cuando en 2018 la Sala I de la Cámara federal confirmó el procesamiento, los jueces Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens consideraron que no hubo perjuicio contra el Estado porque el edificio se adquirió en valores normales y la millonaria comisión fue pagada por la empresa Arfinsa. Pero establecieron que sí hubo direccionamiento de la licitación y manejo de información privilegiada mediante la pareja de hermanos Bellingi-Thill.

En abril de 2017 Infobae reveló uno de los documentos más relevantes del expediente judicial en el que se investigó la compra del edificio de la Procuración: la factura del cobro por parte de Thill. Esa factura demostraba que la inmobiliaria le había pagado al hermano de Bellingi por tener acceso directo a quien manejaba el proceso licitatorio. El monto exacto de la comisión cobrada el 12 de julio de 2013 fue de 3.019.054 pesos equivalentes a unos 560.000 dólares de entonces. La comisión se parece mucho a una especie de coima.

Se comprobó en el expediente que el medio hermano del funcionario de la Procuración que manejó la licitación para comprar el edificio cobró una comisión que le pagó la inmobiliaria que asesoró en la venta a la empresa que se desprendió del inmueble. Sintéticamente: la empresa Arfinsa que vendió el edificio le pagó una comisión a una inmobiliaria que a su vez le pagó una comisión a un productor de seguros que tenía acceso a la información no pública del proceso licitatorio.

La elevación a juicio fue firmada por Ercolini un día después de que la Cámara Federal rechazara la recusación contra el juez planteada por la defensa de Gils Carbó. La ex procuradora había pedido que, en medio del proceso de elevación a juicio, se apartara al juez por “temor de parcialidad”. Ercolini había contestado que no había motivos para apartarse y ayer el camarista Pablo Bertuzzi no hizo lugar al planteo de la defensa de Gils Carbó. Hoy el caso se elevó a juicio.

Deberán responder en un juicio oral y público- además de Gils Carbó- Bellingi-quien fuera exhonerado de la Procuración-, Thill, González Fischer y Jaureguiberry.

El artículo 265 del Código Penal que establece las penas para el delito de negociaciones incompatibles con la función pública señala que: “Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo”.

En 2017 luego del procesamiento Gils Carbó renunció al cargo al que había llegado propuesta por Cristina Kirchner en 2012. Se jubiló y desde julio del año pasado está al frente del área de Derecho de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo.


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