
La red de cooperativas utilizada para captar subsidios millonarios del gobierno de Santiago del Estero sigue vigente. La cooperativa de Trabajo “Unidad Barrial”, una de las siete vinculadas al senador Gerardo Montenegro, según consta en una denuncia judicial de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) revelada por Infobae, recibe todos los meses una suma cercana a los $800 mil para limpiar un centro de aislamiento para pacientes con Covid-19. Según consta en los decretos provinciales, la cooperativa fue elegida su “reconocida trayectoria en la materia”. Lejos de esos antecedentes, está vinculada a un militante político de La Banda que suele hacer campaña para el oficialismo provincial.
La contratación de “Unidad Barrial” arrancó el 8 de julio de 2020, aunque ese primer mes compartió la tarea con otras dos cooperativas: Banda Construcciones y Los Gauchos. El trabajo consiste en “un servicio de limpieza de baños internos y externos, pabellones, manejo de residuos sanitarios para las instalaciones del Nodo Tecnológico, donde se montó un Hospital de Campaña en el marco de la lucha contra el coronavirus”.
En realidad se trata de un centro de aislamiento con capacidad de 400 camas, y una enfermería central para tratamientos complejos. Al comienzo de la pandemia, cuando fue visitado por el entonces ministro de Salud Ginés González García y el ministro del Interior Eduardo “Wado” De Pedro, el lugar recibía decenas de pacientes, pero con el desarrollo de la pandemia la cantidad descendió notablemente.

Desde ese momento, la contratación se fue prorrogando y la cooperativa “Unidad Barrial” recibió más de $800 mil mensuales. El dato surge de un relevamiento de los boletines oficiales de la provincia de Santiago del Estero de los últimos dos años.
Como todos los decretos, llevan la firma del gobernador Gerardo Zamora, de su jefe de Gabinete, Elías Miguel Suarez, y de la ministra de Salud provincial, Natividad Nassif, ya que los fondos provienen de esa cartera. Pero también tuvieron el visto bueno del Tribunal de Cuentas y hasta de la Fiscalía de Estado.
Algunos ejemplos: el 26 de agosto de 2020, la cooperativa recibió $898.780; el 5 de octubre de 2020, otros $897.500; y el 13 de noviembre sumó $952.380. El último decreto salió publicado en el Boletín de Santiago del Estero el 7 de abril de este año, por un monto total de $808.000.

Unidad Barrial es una de las siete cooperativas que aparecen en la denuncia judicial realizada por la PROCELAC en diciembre pasado. En realidad, el escándalo comenzó a partir de una investigación de la Unidad de Información Financiera (UIF), revelada por Infobae hace dos semanas. Ese organismo detectó una red de cooperativas ligadas al senador Montenegro. En enero de 2020, tras el cambio de gobierno, el informe de la UIF aterrizó en la PROCELAC, que finalmente presentó una denuncia por lavado de dinero.
Ese expediente ahora tramita ante la fiscal federal Indiana Garzón, una de las elegidas por el kirchnerismo para reemplazar al procurador Eduardo Casal, y el juez federal Sebastián Argibay.
Una de las cooperativas apuntadas, “Consumo y Crédito Solidaridad Limitada”, está íntimamente vinculada a su mujer, María Teresita Sciolla, y a uno de sus hijastros, Javier Sciolla (44), quien figura como secretario. En 2017, cobró subsidios de la Contaduría General de Santiago del Estero por $4.320.000.Y en 2018 sumó otros $7.745.00. Según la investigación de la UIF, nunca presentó documentación para justificar esos movimientos ante el INAES, el organismo que debería regular el funcionamiento de las cooperativas.

Infobae reveló esta semana que ese joven compró junto a su madre una casa en un barrio cerrado de Miami. La operación se hizo en noviembre del 2019 a través de la sociedad JM SILVER GROUP LLC, propiedad de ambos. Aunque la denuncia judicial no menciona esa propiedad, la PROCELAC ya había detectado la sociedad y una transferencia de USD 5 mil a la constructora LENNAR.

Otra cooperativa investigada por la UIF se llama “Trabajo, Construcción y Servicio Libertad Limitada”. En apenas tres meses, entre noviembre de 2018 y enero de 2019, recibió $2.940.000 repartidos en seis cheques del gobierno de Santiago del Estero.
En la denuncia judicial de la PROCELAC también aparecen mencionadas otras cinco cooperativas: “De Trabajo El Porvenir”, “De Trabajo por Cunan Nuna”, “De Trabajo Textil Forjando Nuestro Futuro”, “Cambalache” y la mencionada “Unidad Barrial”. Ese grupo cobró un total de $71.751.473 entre entre mayo de 2016 y el mismo mes de 2017. La ruta del dinero nunca se pudo seguir porque casi $69 millones se retiraron de los bancos en efectivo.
En el caso de “Unidad Barrial”, los subsidios se mantienen hasta la actualidad. Detrás de esa estructura aparece Hernán Gérez, un militante político de la ciudad de La Banda que supo hacer campaña para el senador Montenegro y para el actual gobernador. Sin embargo, en el registro públcio del INAES solo aparece una contadora de La Banda.
Gérez es conocido por sus actividades sociales desde la agrupación “25 de Mayo” pero también por su militancia política junto a Julia Comán, mano derecha de Montenegro en el gremio UPCN.
Aunque está detrás de la cooperativa, Gérez no figura entre las nueve personas denunciadas. La lista la encabezan Montenegro, su mujer, y Carlos Osvaldo Ibarra (61), un ladero del senador que cobra un sueldo en la Cámara alta desde 2014. Con esos ingresos de empleado estatal, pudo acceder a bienes de lujo. El 1 de julio de 2019 patentó en el registro número 3 de la capital santiagueña una camioneta Audi Q2 2.0 TFSI AT Quattro.
Menos de un año después, el 19 de marzo de 2020, adquirió otro modelo más caro de la misma marca. Según la denuncia de la PROCELAC ante la justicia federal de Santiago del Estero, Ibarra compró una camioneta Q5 TFSI-TRONIC Quattro, dominio AE198XD, un vehículo de lujo que no se consigue en el mercado por menos de USD 70 mil.

Montenegro ocupa una banca en el Senado desde 2013, siempre en el bloque del kirchnerismo. En las últimas elecciones fue reelecto por otros seis años impulsado por el gobernador Zamora. En su provincia, Montenegro es más conocido por su rol de dirigente gremial: desde 1998 maneja la delegación local de UPCN, uno de los gremios estatales con mayor cantidad de afiliados.
Además tiene una pata en el deporte: preside el club de básquet Quimsa, que acaba de llegar a la final de la Liga Nacional, y está a cargo de la Asociación de Clubes de Básquet (ADC).
Desde que estalló el escándalo, Montenegro no hizo declaraciones públicas. Sin embargo, este martes se mostró en un acto público junto al gobernador, aunque en su rol de gremialista.
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