El gobierno de Bernardo Arévalo buscaría blindar Mano a Mano como política pública antes de 2027

El gobierno de Bernardo Arévalo buscaría blindar la estrategia Mano a Mano como política pública antes del cierre de su mandato para evitar que un cambio de administración la desactive, mientras acelera su expansión a los 114 municipios priorizados antes de que arranque la campaña electoral de 2027.

La meta operativa inmediata ya tiene calendario: 81 municipios cuentan con algún nivel de intervención y el Ejecutivo prevé completar el levantamiento del Registro Social de Hogares en los 114 territorios a finales de agosto de 2026 para iniciar operaciones en los restantes desde el 1 de septiembre. La intención, según explicaron las autoridades, es avanzar antes del período electoral para reducir el riesgo de politización de las entregas.

El ministro de Desarrollo Social Abelardo Pinto y la secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional Mireya Palmieri dijeron durante un recorrido por municipios priorizados que evalúan instrumentos legales para dar continuidad a la estrategia. Pinto sostuvo que el gobierno puede dejar “una política pública” o “cualquier instrumento legal”, aunque descartó por ahora llevar la discusión al Congreso de la República porque considera que el clima político-electoral no favorece un debate serio.

La iniciativa articula acciones entre 11 instituciones de Gobierno bajo el liderazgo del Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional en comunidades con múltiples carencias. Entre sus programas figuran el reemplazo de piso de tierra por piso de concreto, la entrega de filtros de agua y estufas ahorradoras, además de transferencias monetarias condicionadas a salud y educación.

La expansión de Mano a Mano se apoya en obra básica y transferencias a hogares

Pinto identificó la sustitución de pisos de tierra como la intervención más visible del plan y la definió como una acción que altera condiciones materiales asociadas a la pobreza. Palmieri añadió que las transferencias monetarias también son determinantes para el bienestar de los hogares atendidos.

Más del 90% de las personas beneficiarias de los programas sociales del MIDES son mujeres. El ministro destacó ese dato al referirse al impacto de género de la estrategia.

Un estudio cualitativo de la Universidad del Valle de Guatemala concluyó que las acciones del MIDES, el programa de adulto mayor del Ministerio de Trabajo y los agentes de cambio de la SESAN podrían reducir en cinco puntos porcentuales la pobreza en las áreas de intervención. Pinto dijo que esa proyección es uno de los principales motores del trabajo entre ambas instituciones.

Palmieri explicó que la estrategia monitorea dos formas de desnutrición. La desnutrición aguda, asociada a una emergencia presente y expresada en pérdida de peso, afecta a alrededor del 1% de la población infantil del país; la desnutrición crónica, vinculada a privaciones acumuladas en los primeros años de vida y visible en la baja talla, alcanza el 42%.

Los registros administrativos del Ministerio de Salud también muestran una disminución de enfermedades diarreicas, estomacales y respiratorias en niños y niñas de las comunidades intervenidas. Para 2027 está prevista una evaluación de impacto nutricional en los 114 municipios.

El PNUD acelera compras y contrataciones que en el Estado tardan hasta siete meses

Una pieza técnica y financiera de la estrategia es el acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El economista Elias Ahuat explicó que el MIDES tiene la facultad legal, establecida en la ley de presupuesto, de transferir fondos al PNUD para ejecutar componentes específicos de Mano a Mano.

Ese mecanismo permitió agilizar la compra de cemento y la contratación de personal de campo. Ahuat indicó que dentro del aparato estatal esos procesos pueden tardar entre seis y siete meses, mientras que bajo los procedimientos de la agencia se resuelven en un mes o mes y medio.

Hasta ahora se han adquirido más de un millón de sacos de cemento mediante licitaciones gestionadas por el PNUD, junto con la logística de distribución hacia comunidades remotas. En paralelo, la agencia contrató a más de 700 personas durante dos años para levantar la información del Registro Social de Hogares.

Ese operativo permitió al MIDES registrar datos de un millón de hogares, algo que no se había hecho en una década. Ahuat señaló que la contratación temporal directa por parte del gobierno puede abrir espacio a usos malintencionados de los contratos y que la modalidad aplicada por la agencia ayuda a reducir ese riesgo.

El gobierno prepara una salida institucional antes de la transición presidencial

El esquema de gobernanza de Mano a Mano definió desde el inicio a la SESAN como coordinadora, al MIDES como ejecutor y a los viceministros sustantivos como enlaces técnicos con los demás ministerios. Pinto afirmó que esa arquitectura, respaldada por el presidente Arévalo y por el Ministerio de Finanzas Públicas, fue la base para ordenar una coordinación interinstitucional que identificó como el principal reto inicial.

De cara al proceso electoral, Pinto y Palmieri afirmaron que los pedidos de alcaldes fuera de los 114 municipios priorizados para ser incluidos en la estrategia muestran un arraigo territorial que podría dificultar su reversión. El PNUD ya trabaja en recomendaciones para la transición, con énfasis en la sistematización e institucionalización de dos componentes: la gobernanza de los datos del Registro Social de Hogares y el modelo de intervención multidimensional.

Palmieri dijo que cualquier intento de institucionalización formal debe manejarse con cautela en la etapa preelectoral y que la fórmula todavía está en análisis. La secretaria sostuvo: “Esto queda institucionalizado a nivel comunitario”, aunque admitió que todavía hace falta un instrumento que ordene esa aspiración. La evaluación de impacto prevista para 2027 será la base con la que el gobierno saliente, la academia y el sector privado intentarán sostener el modelo ante la próxima administración.