De qué acusan a Fabián “Pepín” Rodríguez Simón y cómo está la causa que lo investiga por extorsión y asociación ilícita

Fabían “Pepín” Rodríguez Simón, ex funcionario del gobierno de Mauricio Macri y quién pidió refugio político en Uruguay por considerarse un perseguido por la justicia argentina, está citado a declarar el próximo 17 de junio como acusado en un proceso por los delitos de extorsión y asociación ilícita ante la jueza federal María Servini y el fiscal Guillermo Marijúan.

Esa es la situación judicial en la que se encuentra Rodríguez Simón, el principal operador judicial que tuvo Macri durante su presidencia. Él y otros funcionarios del gobierno anterior fueron acusados de liderar una serie de maniobras, a través de la denominada “Mesa Judicial”, destinadas a que los dueños de los medios del Grupo Indalo vendan sus empresas y que el canal C5N y las radios cambien la línea editorial. Esas presiones, según consta en declaraciones judiciales, empezaron desde antes de la asunción del gobierno de Mauricio Macri.

Ante la denuncia, el fiscal Marijuán abrió una investigación penal. Pidió que se investiguen “diferentes sucesos que habrían tenido lugar a partir del año 2015 y que habrían implicado el ejercicio de presiones a partir de actos públicos, mediante notas periodísticas, y en la esfera privada, a través de reuniones en las que habrían participado quienes entonces eran funcionarios del Poder Ejecutivo (incluso el ex Presidente de la Nación)”.

En el expediente se investigan cuatro hechos: presiones para que la línea editorial de los medios de comunicación del Grupo Indalo fuera a favor del macrismo; la quita de la concesión vial de la autopista Ezeiza-Cañuelas que tenía una de las empresas de Grupo; las exigencias de que vendan el canal de noticias C5N sino iban a sufrir ahogos financieros; y que desde la AFIP se dictó de manera irregular una disposición por la que se prohibió que Oil Combustibles, empresa del grupo, pudiera acogerse a los beneficios de la ley 27.260 que acordaba un plan de moratoria.

En marzo pasado la jueza Servini citó a a indagatoria a Rodríguez Simón, ex asesor del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ex diputado del Parlasur y ex director de YPF. Fue luego de un informe de 10.738 llamadas telefónicas que el ex funcionario hizo tres años y medio (del 1 de enero del 2016 y el 31 de agosto del 2019). Allí aparecen contactos con personas que estarían involucradas en las maniobras que se investigación en la causa. La indagatoria era para el 26 de mayo pero se reprogramó por para el 17 de junio. Además, Servini le prohibió la salida del país a Rodríguez Simón, quien de todas formas ya estaba en Uruguay y logró el permiso de la Cámara.

También está citado a indagatoria el ex titular de la AFIP Alberto Abad y otros ex funcionarios de ese organismo. El fiscal Marijuán los acusó de haber dictado resoluciones para perjudicar deliberadamente al Grupo Indalo.

Rodríguez Simón objetó en la causa el entrecruzamiento de llamados que ordenó Servini. La medida fue limitada en el período de tiempo por la Cámara Federal. La defensa del ex funcionario quería su nulidad, lo que fue rechazado por la Cámara Federal de Casación Penal.

“Quiero contarles que solicité asilo como refugiado político en Uruguay, país en el que me encuentro, en los términos de la Convención de Ginebra de 1951 y otras normas internacionales complementarias. Esto implica que no voy a volver a la Argentina hasta que cese la persecución en mi contra”, dijo ayer Rodríguez Simón en una carta pública.

Y agregó: “Tengo temores fundados de que si lo hiciera sería privado indebidamente de mi libertad, con peligro para mi seguridad personal, en el marco de causas judiciales amañadas como pretexto para encarcelarme”. Dijo que se trata de un “proceso plagado de irregularidades procesales y donde no se me permitió ejercer mi derecho a defensa en juicio”.

El planteo fue hecho ante la Comisión de Refugiados de Uruguay que tiene 90 días para resolver si acepta el planteo y le da refugio en ese país.

Según la Ley Nº 18.076 de Uruguay de “derecho al refugio y a los refugiados”, toda persona tiene derecho a solicitar y recibir refugio “en salvaguarda de su vida, integridad física, moral e intelectual, libertad y seguridad”. Y agrega que será reconocido como refugiado toda persona que “debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de pertenencia a determinado grupo étnico o social, género, raza, religión, nacionalidad, u opiniones políticas se encuentre fuera del país de su nacionalidad”.

También aquellos que han “huido del país de su nacionalidad porque su vida, seguridad o libertad resultan amenazadas por la violencia generalizada, la agresión u ocupación extranjera, el terrorismo, los conflictos internos, la violación masiva de los Derechos Humanos o cualquier otra circunstancia que haya perturbado gravemente el orden público”.

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