La Fiscalía pidió la detención del ex titular de la Curtiembre Yoma para que cumpla una condena por corrupción

Los fiscales federales Diego Luciani y Nicolás Czizik pidieron ayer que Guillermo Yoma, ex titular de la Curtiembre Yoma de La Rioja, sea detenido para que empiece a cumplir en una cárcel del Servicio Penitenciario Federal (SPF) la condena de cuatro años de prisión que quedó firme hace una semana por haber sustraído en 2002 más de ocho millones de pesos que estaban embargados en poder de la AFIP. Por el mismo caso también fue condenado el fallecido juez en lo Penal Económico Carlos Liporace, quien con una resolución le permitió a Yoma cobrar el dinero.

Por su parte, la defensa de Yoma pidió cumplir la condena bajo arresto domiciliario por los problemas de salud que adujo padecer. Ambos planteos deben ser resueltos por Ricardo Basílico, juez para este caso del Tribunal Oral Federal 4 de Comodoro Py. Fuentes judiciales informaron a Infobae que el magistrado pidió una serie de informes médicos para analizar junto con los pedidos de la defensa y la Fiscalía.

La curtiembre Yoma, ubicada en el departamento de Chilecito, en La Rioja, perteneció a la familia del ex fallecido ex presidente Carlos Menem. Dedicada a la producción y exportación de cueros, tuvo trascendencia en los 90 años y fue dirigida por Emir Yoma, cuñado de Menem y uno de sus principales asesores. En los 2000 entró en quiebra y fue vendida a la compañía brasilera CBR que el año pasado anunció su cierre.

En mayo del 2015, los jueces del Tribunal Oral Federal 5, Gabriel Nardiello, Sergio Paduczak y Oscar Hergott, condenaron a Yoma y a Liporace a cuatro años de prisión por el delito de peculado. Fueron encontrados culpable por el manejo irregular de 8.544.050,73 de pesos que estaban en una cuenta bancaria de la AFIP. Además de la pena de prisión se les impuso la devolución del dinero.

Se trataba de dinero embargado por un presunto fraude de la Curtiembre Yoma en reintegros del impuesto al IVA por exportaciones. El dinero estaba a cargo de la justicia de La Rioja que llevaba el concurso de la empresa pero Liporace, que tenía a cargo otra causa contra Yoma, solicitó la disposición del dinero. Una vez que lo recibió se lo transfirió a una cuenta de la curtiembre. El 17 de julio de 2002, Guillermo Yoma, entonces a cargo de la empresa, cobró el dinero con un cheque. Fue antes que la Cámara en lo Penal Económico anulara la decisión de Liporace.

La Cámara Federal de Casación confirmó en marzo de 2015 la responsabilidad de Yoma y Liporace en los hechos pero entendió que los montos de las penas no estaban justificados y ordenó que se analicen nuevamente. Eso hizo el Tribunal Oral Federal 4 en junio de 2017 y ratificó los cuatro años para ambos.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el 29 de abril la última apelación que Yoma y así su condena quedó firme y en condiciones de comenzar a cumplirse. En el transcurso de la causa tras la condena, Liporace falleció. Había dejado de ser juez en 2006 cuando renunció luego de ser enviado a juicio político por su actuación en la causa por el contrabando de cocaína a España en un vuelo de la empresa aérea Southern Winds.

Yoma, de 60 años, presentó a través de su defensa un pedido de prisión domiciliaria por problemas de salud, entre ellos diabetes y psiquiátricos. El juez Basílico le prohibió a Yoma la salida del país, le puso una consigna policial en su casa y le pidió opinión a la Fiscalía sobre el planteo de arresto domiciliario.

Luciani, el fiscal del juicio a Yoma, y Czizik, de la Unidad Fiscal de Ejecución Penal, pidieron que se rechace el pedido de domiciliaria y que el empresario sea detenido para que comience a cumplir la condena.

Los fiscales señalaron que la ejecución de una condena se puede suspender solo cuando exista riesgo de vida para la persona, lo que debe ser acreditado por peritos de oficio. “De la lectura de las constancias acompañadas por la defensa (historia clínica e informe psiquiátrico fechados durante el año 2018), no surge que nos hallemos con claridad ante la situación prevista en la norma para suspender la ejecución de la condena. Tampoco existe un informe médico actual emitido por los médicos forenses”, explicaron.

Agregaron que los estudios médicos por parte de peritos oficiales para constatar el cuadro de salud se le pueden hacer a Yoma en la cárcel en la que quede detenido. “Sostenemos que debe procederse a la detención y al inmediato traslado del condenado a dependencias del SPF, y que, posteriormente, deben ordenarse los exámenes médicos y los informes necesarios para evaluar si corresponde otorgar el arresto domiciliario”, concluyeron.

El juez Basílico pidió una serie de informes médicos para con los pedidos de la Fiscalía y la defensa resolver si le otorga el arresto domiciliario a Yoma u ordena su detención en una cárcel.

Otro tramo de la ejecución de la condena será la forma en la que se decomisan los 8.544.050,73 de pesos que la justicia determinó que fueron recuperados ilegalmente por la curtiembre. Uno de los objetivos de las causas de corrupción es que el Estado recupere el dinero robado.

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