Para evitar la quiebra, la familia Macri ofreció pagar 1.011 millones de pesos de una vez por la deuda del Correo

Fue en la última audiencia que convocó la jueza que tramita el concurso preventivo de acreedores. Durante el gobierno anterior, la oferta había sido 300 millones y en cuotas

El Correo se presentó en la Justicia
El Correo se presentó en la Justicia

La empresa de la familia Macri, propietaria de la empresa controlante del Correo Argentino, presentó hoy ante la jueza comercial Marta Cirulli, que sigue el largo concurso preventivo de acreedores de la compañía, una oferta de pago de 1.011 millones de pesos, de una vez y al contado, por el total de la deuda. La inesperada presentación se produjo en la última audiencia y fue elevada por los abogados de SOCMA -la empresa insigna de la familia del ex presidente- ante la magistrada y, como acreedores y partes, la AFIP, la Sindicatura General de la Nación, la Procuración del Tesoro y el Banco Nación.

La oferta que presentó el abogado Jaime Cibils Robirosa se distancia de los 300 millones de pesos y en cuotas que propuso la empresa en 2016 y que el gobierno de Mauricio Macri aceptó -y luego anuló- pero está lejos de lo que estima la fiscal que interviene en el caso Gabriela Boquín. Se hizo efectiva luego que la jueza Cirulli, a instancias de la procuración que conduce Carlos Zannini, declarara, el 3 de marzo último, que “el paquete accionario de Correo Argentino S.A. carece de valor”, dejando así abierta la puerta para avanzar contra la controlante de la empresa postal y sus accionistas, entre los que están familiares del ex primer mandatario.

La “causa Correo” es la principal preocupación judicial que tiene el ex presidente, al punto que en su primer reportaje luego de la presentación de su libro “Primer Tiempo”, afirmó: “La fiscal Boquín, que es una fiscal militante, escribió que quiere extender la quiebra al Correo a la controlante, que es SOCMA, y a los accionistas, donde están mis hijos, y ese es el plan. A mis hijos les dije que si esto pasa es que la Argentina se quebró institucionalmente y el país está en una situación más grave que lo que les pasa a ustedes”.

Más allá de esas declaraciones e interpretaciones políticas, en el escrito presentado ante la jueza comercial por Cibils Robirosa, bajo la tutela legal del abogado Jaime Kleidermacher, se solicitó también que si el Estado rechaza la oferta de 1.011 millones de pesos se retire de las negociaciones para facilitar el acuerdo con el resto de los acreedores, al considerar que esa postura podría implicar un “abuso”.

La semana pasada había elevado a la magistrada un detalle de lo adeudado al Estado, con un cálculo de la actualización a la fecha. Los poco más de 296 millones de pesos adeudados por canon impago, a septiembre de 2001, aplicando una tasa Libor del 4,081%, ajustada al 28 de febrero, le daba a los controlantes del Correo Argentina la cifra actualizada de 1.011 millones de pesos, que es lo que hoy ofreció pagar, pero de una vez y al contado y no en cuotas y durante 15 años como había hecho en el arranque de la gestión de Cambiemos.

Si bien la fiscal Boquín había planteado que la deuda del Correo estaba en el orden de los “70 mil millones de pesos”, durante el concurso preventivo el Estado estimó que la deuda superaría los 4.000 millones de pesos. Después de esta presentación, la jueza deberá determinar en los próximos días si acepta o rechaza el planteo de la familia Macri.

El Grupo Macri gestionó el Correo Argentino entre 1997 y 2003, hasta que el Gobierno de Néstor Kirchner rescindió la licitación denunciando que la empresa solo había pagado el canon durante el primer año y se quedó con edificios, personal y sus principales activos. En 2011, Correo Argentino S.A. entró en concurso de acreedores y fue proponiendo distintos arreglos que fueron rechazados por insuficientes y “abusivos”, según los dictámenes de la fiscal Boquín.

Si bien la oferta se anticipa insuficiente para la Procuración General de la Nación, que realizó la actualización de la deuda, y también para el Ministerio Público Fiscal, es la jueza Cirulli quien debe evaluar si la acepta o bien decreta la quiebra de la compañía según los plazos legales.

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