Clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires: el Gobierno nacional cambió su estrategia judicial y responderá a la Corte Suprema en el límite del plazo

Se cumple una semana desde que la Corte Suprema se declaró competente para resolver en la disputa entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires por las clases presenciales en el AMBA y la Casa Rosada presentará a último momento los argumentos del oficialismo para defender ante la Justicia el Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) frente a la medida cautelar del gobierno porteño que busca declarar la inconstitucionalidad de la medida y frenar su aplicación en el territorio porteño.

El lunes, después de declararse competente para decidir en el caso, la Corte corrió vista a la Nación y le dio un plazo de cinco días a la Jefatura de Gabinete, que conduce Santiago Cafiero, para que expusiera ante los jueces del Tribunal Supremo los fundamentos de defensa del decreto presidencial. En ese momento, fuentes oficiales dejaron trascender a Infobae que el documento se entregaría lo más rápido posible. Hasta el jueves, voceros aseguraban que los cuadros técnicos de la Procuración del Tesoro, a cargo de Carlos Zannini, trabajaban a contrarreloj en el análisis del expediente y la elaboración de una respuesta. Pero la semana hábil terminó sin definiciones y la entrega quedó para último momento.

El documento, confirmaron, se presentará entre el lunes y el martes, temprano, en el período de gracia que en términos jurídicos se denomina “las dos primeras” (por las horas del día). Es decir, al límite del vencimiento del plazo. Ante la consulta, en el Gobierno le restaron importancia al retraso y argumentaron que se debió al “trabajo fino” y a la incorporación de la posición de la Provincia como parte afectada por las medidas. “No hubo demora, hay que ser muy precisos en la presentación, dado que la Corte no es precisamente objetiva”, dijo un vocero. Un asesor agregó: “No se debe a nada en especial, lo estamos presentando dentro del período que se nos concedió”.

En la elaboración de la estrategia para retomar el diálogo público, en Balcarce analizan los distintos escenarios que podrían plantearse a partir de la actuación de la Corte Suprema. Manejan tres posibilidades: que el Máximo Tribunal falle a favor de Rodríguez Larreta privilegiando la autonomía de la Ciudad; que se incline por la Nación, al priorizar la facultad del Presidente para emitir Decretos de Necesidad y Urgencia; o bien que demore la decisión hasta que venza el plazo de 15 días de vigencia del DNU. En este caso, la cautelar que presentó Rodríguez Larreta quedaría sin efecto, porque se la consideraría una cuestión “abstracta”. La elaboración de un fallo “salomónico” no era considerada una opción. “O favorece a uno, o favorece al otro. No hay posición intermedia”, resumió una fuente nacional.

En el Gobierno ven condiciones poco favorables para una decisión a su favor. En estricto off the record, admiten que esperan a que llegue el 30 de abril sin definiciones judiciales y que la disputa se extinga sin intervención de la Corte. A partir de mañana, fecha límite para la defensa del DNU, faltarán solo tres días para que venza el decreto, que rige hasta el viernes.

Sin embargo, no descartan prorrogar el decreto que suspende las clases, una medida que perpetuaría el conflicto con la Ciudad. El contexto sanitario, repiten en Balcarce 50, es “preocupante” y “dinámico” debido a los registros de la pandemia. Por eso, aseguran en el oficialismo, eligen no adelantar decisiones sanitarias.

Hasta el domingo, la estrategia continuaba con el mismo perfil con que se elaboraba durante la semana hábil. La presentación ante la Corte tendrá un componente jurídico y otro sanitario, elaborado por el Ministerio de Salud, que conduce Carla Vizzotti. “Desde lo sanitario se explicarán, a través de indicadores epidemiológicos, las distintas proyecciones que realiza el Gobierno y que justifican las decisiones tomadas. Desde los fundamentos legales, el acento estará puesto en que fueron medidas sanitarias y no educativas, recordando que el DNU presidencial tiene fuerza de ley”, ratificó un vocero nacional.

La estrategia judicial del Gobierno frente a la Corte Suprema por el amparo porteño quedó a cargo de Carlos Zannini, hombre de la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien además fue secretario de Legal y Técnica durante los doce años de su gobierno y el de Néstor Kirchner. El Procurador del Tesoro centraliza la conducción de la elaboración de la presentación ante el Máximo Tribunal, aunque intervienen también el jefe de Asesores de Alberto Fernández, Juan Manuel Olmos, y los equipos técnicos de la Jefatura de Gabinete. De bajo perfil y reacio al contacto con la prensa, el Procurador mantuvo absoluta reserva durante los últimos días.

En la Casa Rosada aceptaron la centralidad de Zannini a pesar del escándalo que protagonizó en marzo, cuando accedió a la vacuna Sputnik V junto a su esposa de manera regular, en el marco del “vacunatorio VIP”. “Era necesario un duro para este papel y este momento”, argumentó una fuente del círculo del primer mandatario sobre su rol, pero descartó que su actuación haya sido una imposición de la vicepresidenta.

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