Un juez convocó a padres y madres para que opinen si las clases deben ser presenciales o virtuales en la ciudad de Buenos Aires

Un juez de la ciudad de Buenos Aires convocó a padres y madres con hijos que asisten a escuelas públicas y privadas del distrito a que opinen en una causa judicial si las clases deben ser presenciales o virtuales por el avance de los contagios de coronavirus y la crisis sanitaria

La decisión la tomó Guillermo Scheibler, titular del juzgado en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo 13 de la ciudad, que dio 10 días de plazo para recibir las opiniones -que pueden ser a favor o en contra- dentro del amparo colectivo que presentaron 24 padres y madres con hijos que asisten a los niveles inicial y primario, supo Infobae de fuentes oficiales. La convocatoria es “a todas aquellas personas que tengan un interés jurídico en integrar el proceso”.

El planteo busca que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta reformule el protocolo de clases para que las familias puedan optar entre mandar a sus hijos al colegio o la modalidad virtual. En el reclamo señalaron que el protocolo actual solo están exceptuados de ir a los colegios los alumnos con enfermedades preexistentes que pueden agravarse con el virus o familiares con los que convivan que estén en la misma situación de salud. También están exceptuados los docentes con comorbilidades.

Las 24 familias pidieron que se deje sin efecto ese protocolo y que se dicte uno nuevo que contemple la elección del modo de educación hasta tanto se declare la finalización del Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO) o hasta que haya una certeza de que la pandemia del coronavirus esté controlada. También que se le garantice la escolaridad virtual a quienes opten por esa modalidad sin que le quiten la vacante y las becas.

En el amparo señalaron que con la presencialidad de las clases aumentó la cantidad de casos de coronavirus entre los menores y los docentes y que los colegios generan un movimiento de gente que contribuye a la circulación del virus. Puntualmente hicieron referencia a las aglomeraciones en la puerta de las escuelas sin distancia social, el uso del transporte público y la lentitud en el plan de vacunación.

También hicieron referencia al decreto 241 del gobierno de Alberto Fernández que dispuso la suspensión de las clases presenciales del 19 al 30 de abril en el AMBA pero que en la ciudad no se cumple por una decisión judicial. Los padres señalaron que esa decisión es solo por 15 días y que ellos pretenden tener la opción de elegir mientras dure la crisis sanitaria.

El gobierno de la Ciudad contestó el amparo y pidió que sea rechazado. Los abogados del Estado señalaron que la presencialidad en las escuelas contribuye a la salud integral de los chicos, que quienes tengan una enfermedad preexistente están exceptuados de ir y que en las escuelas se cumplen con los protocolos que hacen que la cantidad de casos se coronavirus sea bajo, según sus estadísticas oficiales.

El juez Scheibler no resolvió el amparo pero sí tomó una primera resolución. El lunes pasado dictó una medida cautelar en la que le ordenó al gobierno que no le ponga falta ni le quite la vacante a los alumnos cuyos padres no los envíen a los colegios. También que debe garantizarles la escolaridad virtual. Las medidas rigen hasta que la Corte Suprema de Justicia resuelve la causa que tramita sobre las clases presenciales. El fallo fue apelado ayer por el gobierno de la Ciudad para que sea revocado por la Cámara contencioso.

El magistrado dijo en su resolución, en la que contó con el aval de la Fiscalía y la Asesoría Tutelar para tomar esas primeras medidas, que se está viviendo un “escenario sanitario que se ve así complejizado por decisiones cruzadas entre órganos de distintos poderes y jurisdicciones”. “Un inédito cuadro de polarización extrema se va configurando progresivamente en una temática que debería encontrar un punto de consenso en la búsqueda de las medidas necesarias para preservar la salud de la población con el menor desmedro posible de la educación y otras actividades esenciales”, agregó sobre el enfrentamiento entre Alberto Fernández y Rodríguez Larreta por las clases y señaló que “en el medio de esta sorda controversia, se encuentra la comunidad educativa”.

Tras la decisión y por tratarse de un amparo colectivo, Scheibler convocó “a todas aquellas personas que tengan un interés jurídico en integrar el proceso y puedan presentar argumentos o posiciones diferentes a las ya expresadas en la causa, para que se presenten en el expediente”. El plazo es de 10 días desde la última vez que la resolución del juez se publique en el Boletín Oficial de la ciudad, lo que todavía no ocurrió. Las presentaciones se pueden hacer en el Portal del Litigante del Poder Judicial de la ciudad y también se pueden hacer consultas al correo electrónico odl@jusbaires.gob.ar o al teléfono 11-4008-0216.

Con las opiniones que reciba más las medidas de prueba que ordene para incorporar a la causa, el magistrado podrá resolver el planteo de los padres que es que puedan optar sobre la modalidad de educación para sus hijes.

La hiperjudicialización de la educación

Esta es una de las tantas causas judiciales que se iniciaron en una semana desde que el gobierno nacional dictó el decreto 241 por el que suspendió las clases presenciales en el AMBA.

La primera fue la del gobierno de la ciudad ante la Corte Suprema. El viernes de la semana pasada presentó un acción declarativa de inconstitucionalidad para que el máximo tribunal deje sin efecto el decreto. Paralelamente un grupo de padres y una ONG acudieron a la Justicia de la ciudad. En esa causa, el domingo a la noche, la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la ciudad le ordenó al gobierno porteño que garantice las clases presenciales desde el día siguiente, cuando comenzaba a regir la suspensión.

El lunes, el gobierno nacional presentó su causa. Fue en la Justicia en lo contencioso administrativo federal en la que pidió que se le quite el expediente a la Justicia de la Ciudad porque no tiene competencia para intervenir en el dictado de una decisión del gobierno nacional. Al día siguiente, el juez federal Esteban Furnari le dio la razón, le ordenó al gobierno porteño que no cumpla el fallo de la Justicia de la Ciudad y envió la causa a la Corte Suprema. Rodríguez Larreta no acató la resolución y ordenó que continúen las clases presenciales, que le valieron cinco denuncias penales por desobediencia.

Todas las miradas están en la Corte Suprema que ya dijo que es competente para intervenir en el caso y lo resolverá. Es el máximo tribunal del país y el que puede interceder entre una disputa entre el juez federal y la cámara de la ciudad. Tiene la causa que inició el gobierno de la Ciudad y le pidió al gobierno de Alberto Fernández que en cinco días conteste la demanda. Ese plazo vence este martes a las 9.30 horas. Antes de resolver, el máximo tribunal podría pedirle opinión a la Procuración General de la Nación. Todo en la semana en la que vence el decreto que suspendió las clases presenciales pero en la que seguramente habrá nuevas medidas sobre la educación porque el avance del coronavirus no cesa.

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