A la espera de la decisión de la Corte Suprema, el conflicto por la presencialidad en las aulas no cesa. Ayer, el Gobierno nacional instó a los colegios privados de la ciudad de Buenos Aires a que suspendan las clases en los establecimientos. Fue a través de los ministerios de Educación y Justicia, que enviaron una carta a las cámaras que agrupan a las instituciones de gestión privada para que cumplan el fallo de la Justicia Federal. En ese contexto, la ministra Soledad Acuña contestó sobre el final de la jornada que la Nación no tiene jurisdicción “para indicar, ordenar ni apercibir” a los colegios.
Finalmente, hoy en una reunión por Zoom a partir de las 12.30, las cámaras del sector plantearán su postura ante el Gobierno: rechazarán la intimación del gobierno nacional y seguirán abiertos en la Ciudad de Buenos Aires.
Será una nueva aparición pública del ministro de Educación Nicolás Trotta, quien tras una semana volvió a mostrarse recientemente junto a Alberto Fernández después de las diferencias en torno a la suspensión de las clases. La semana pasada, el Presidente había contradicho la palabra de su ministro, el cual horas antes del anuncio del último Decreto de Necesidad y Urgencia había garantizado la continuidad escolar.
Como anticipo del encuentro del mediodía, Martín Zurita, titular de la Junta Nacional de Enseñanza Privada (JUNEP), había señalado ayer a Infobae: “En la provincia de Buenos Aires acatamos el decreto del Presidente porque la autoridad de aplicación es el gobierno bonaerense. En las escuelas de la Ciudad tenemos que responder a los que nos dice la autoridad de contralor nuestra, que es la Dirección General de Escuelas Privadas porteña”.
“Sabemos que hay cuestiones judiciales y esas cuestiones se deben dirimir en la Justicia. Mientras tanto, nosotros respondemos a los organismos que nos dieron origen. Valoramos este espacio de diálogo que nos propone Nación, pero si la Ciudad dice que hay clases, para nosotros hay clases en la Ciudad”, agregó.
En la misma línea se expresó Rodolfo de Vincenzi, representante de la Confederación Argentina de Instituciones de Enseñanza Privada (CAIEP): “Los colegios de CABA están dictando clases, conforme a lo resuelto por su autoridad directa de contralor, que es la DGEGP. Los colegios no pueden hacer otra cosa más que responder a su autoridad de contralor directa”, remarcó.
En el encuentro con las autoridades del Ministerio de Educación, también serán de la partida representantes de la Junta Coordinadora de Asociaciones de la Enseñanza Privada de la República Argentina (COORDIEP) y el Consejo Superior de la Educación Católica (CONSUDEC), las otras dos cámaras que nuclean a colegios privados de la Ciudad Autonóma de Buenos Aires.
El rechazo a la intimación que había sido firmada por el ministro de Educación, Nicolás Trotta, y el de Justicia, Martín Soria, coincide con el planteo de la funcionaria porteña Soledad Acuña: consideró que el Gobierno nacional está haciendo “un llamado de atención pero no tiene jurisdicción para indicar, ordenar ni apercibir en el caso de que no sigan (los colegios) lo que ellos exponen”.
Luego de que se hiciera público el contenido de la carta, desde el gobierno porteño se comunicaron con las cámaras que nuclean a las instituciones de enseñanza privada para llevar tranquilidad al sector. “Seguimos sosteniendo la misma postura, que hay un fallo de Cámara local que reconoce la competencia del gobierno de la Ciudad para administrar la política educativa, y el jefe de Gobierno decidió que las clases sigan presenciales y los colegios lo acompañan y comparten”, insistió la ministra de Educación de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta en Radio Con Vos.
El escrito del Gobierno estuvo dirigido a COORDIEP, JUNEP, CAIEP y el CONSUDEC. ¿Qué refería puntualmente? Buscaba reafirmar ante las cámaras la plena vigencia del DNU Nº 241/2021 firmado por Alberto Fernández con las nuevas restricciones y solicitaba que “se garantice la continuidad de la educación no presencial o en contexto virtual hasta el 30 de abril de 2021, quedando suspendidas hasta esa fecha las clases presenciales. La vocación del Poder Ejecutivo Nacional es acompañar la tarea educativa en este difícil momento en el cual el crecimiento de la curva de contagios por COVID-19 se ha acentuado en forma preocupante, garantizando el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes y resguardando la salud de la comunidad educativa”.
Entre otros puntos, señalaron que el accionar de las autoridades porteñas, que desconoció la sentencia del juez federal, “es pasible de responsabilidad penal, ya que podría encuadrarse en los delitos de desobediencia y violación de medidas adoptadas para impedir la propagación de una epidemia” (artículos 239 y 205 del Código Penal, respectivamente). También criticaron el accionar del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y llamaron a las instituciones educativas privadas a no forzar a los trabajadores a “exponer su salud” en medio del crecimiento exponencial de casos. Pidieron que no se computen las inasistencias ni se adopten medidas compulsivas.
El último item responde a un pedido de SADOP, el sindicato de los docentes privados, que desde el lunes está llevando a cabo un paro en contra de la presencialidad
De esta manera, las cámaras fueron convocadas a una reunión este jueves con los sindicatos y el ministro Trotta. Allí comunicarán su respuesta a la intimación que surgió de la Casa Rosada para suspender la presencialidad temporalmente y retornar a las clases virtuales.
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