La audiencia de conciliación convocada por la Corte Suprema para resolver el conflicto de la coparticipación federal terminó este mediodía sin acuerdo, aunque las dos partes volverán a verse las caras el 12 de mayo. El encuentro, del que no participaron los miembros del máximo tribunal, estuvo marcado por la tensión política que protagonizan por estas horas los gobiernos de Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta. “En ese contexto político, fue un paso adelante, hay un compromiso de tratar de llegar a un acuerdo antes del 12 de mayo”, dijo a Infobae uno de los protagonistas que se cuidó de no violar la confidencialidad.
La audiencia arrancó a las 11:30 y terminó cerca de las 13:15 en el Palacio de Tribunales. En representación de la Ciudad concurrieron el procurador Gabriel Astarloa, el ministro de Hacienda Martín Mura, y el secretario de Seguridad Marcelo D’Alessandro. Y por el Estado nacional fueron tres abogados del Ministerio de Economía que suelen litigar ante la Corte: Sergio Acevedo, Ricardo Eduardo Yamone y Guillermo Anderson. En el medio se sentó un secretario de la Corte que suele intervenir en este tipo de conflictos.
Según pudo saber este medio, se acordó un cuarto intermedio hasta mayo y que no trascienda el contenido de la reunión de hoy.
Este martes por la tarde, el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, sorprendió con una presentación en la que desconocía la competencia de la Corte para entender en conflictos entre el Gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires. Pero mucho más llamativa fue la respuesta del máximo tribunal: apenas unas horas después, la Corte rechazó in limine, es decir, sin discutir los argumentos de la Procuración del Tesoro. De esa manera, mandó un mensaje en medio de la batalla política entre ambos gobiernos.
“El presente no es un caso sujeto a la jurisdicción originaria de excepción prevista por el articulo 117 de la Constitución Nacional, pues la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es una Provincia conforme lo exige la norma”, dice la presentación que ingresó ayer a la tarde a la Corte con la firma de Zannini, del subprocurador Horacio Diez, y de otros dos abogados de la Procuración del Tesoro.
La decisión del Gobierno nacional de cuestionar la competencia de la Corte ocurrió apenas 24 horas después que el máximo tribunal decidió aceptar su competencia originaria ante la demanda de la Ciudad por el cierre de las escuelas. En esa causa, el Estado ya fue notificado y está preparando una respuesta. Tiene plazo hasta el lunes próximo.
Hace una semana, la Corte convocó a una audiencia de conciliación en el marco de la demanda presentada por la gestión de Horacio Rodríguez Larreta por la decisión de Alberto Fernández de aplicar un recorte en los fondos de la coparticipación federal de impuestos y la posterior aprobación, en el Congreso Nacional, de la ley que podó $65 mil millones al presupuesto porteño, según las primeras estimaciones.
La audiencia fue convocada en base al inciso 2 del artículo 36 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, según el cual el Poder Judicial puede “intentar una conciliación total o parcial del conflicto o incidente procesal, pudiendo proponer y promover que las partes deriven el litigio a otros medios alternativos de resolución de conflictos”.
El gobierno porteño había presentado un recurso de amparo en septiembre en respuesta a la decisión de Alberto Fernández de aplicar el ajuste vía DNU, pero luego, con la sanción de la ley, a fin del año pasado, presentó una nueva demanda. Casi siete meses después, y luego de agotado el plazo para dialogar que estaba previsto en la ley, la Corte decidió iniciar al expediente y llamó a una audiencia, una decisión que había dejado conformes tanto a Alberto Fernández como a Rodríguez Larreta.
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