La puja por la vuelta a clases entre Nación y la ciudad de Buenos Aires sigue sumando capítulos. Ahora, el Gobierno instó a los colegios privados a que suspendan las clases presenciales hasta el 30 abril basándose en el fallo de la Justicia Federal que dejó sin efecto la decisión anterior -que habilitó el retorno a las aulas- de la justicia porteña.
Los ministerios de Educación y Justicia enviaron una carta a las cámaras que agrupan a los colegios de gestión privada a los fines de hacerles saber la plena vigencia del DNU Nº 241/2021 firmado por Alberto Fernández con las nuevas restricciones: “Se buscó atender la legítima preocupación de las familias y los trabajadores del sector ante lo que señalan como incumplimientos de los establecimientos educativos de gestión privada, impulsado por parte de las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires.”, argumentaron.
Y agregaron: “La carta solicita que se garantice la continuidad de la educación no presencial o en contexto virtual hasta el 30 de abril de 2021, quedando suspendidas hasta esa fecha las clases presenciales. La vocación del Poder Ejecutivo Nacional es acompañar la tarea educativa en este difícil momento en el cual el crecimiento de la curva de contagios por COVID-19 se ha acentuado en forma preocupante, garantizando el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes y resguardando la salud de la comunidad educativa”.
Según detallaron desde el gobierno nacional, el fallo del Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo N° 2 dejó sin efecto la resolución cautelar dictada el 18 de abril porque “fue dictada por un tribunal incompetente de la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Esta cautelar rehabilitaba al dictado de clases presenciales en el distrito.
A su vez, señalaron que el accionar de las autoridades porteñas, que desconoció la sentencia del juez federal, “es pasible de responsabilidad penal, ya que podría encuadrarse en los delitos de desobediencia y violación de medidas adoptadas para impedir la propagación de una epidemia” (artículos 239 y 205 del Código Penal, respectivamente). También aseguraron que la actitud del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, “expresa la irresponsabilidad política y jurídica a la que han arrastrado a toda la ciudadanía”.
Por otro lado, llamaron a las instituciones educativas privadas a no forzar a los trabajadores a “exponer su salud” en medio del crecimiento exponencial de casos y pidieron que no se computen las inasistencias ni se adopten medidas compulsivas.
Las asociaciones a las que fue dirigida la comunicación son: Junta Coordinadora de Asociaciones de la Enseñanza Privada de la República Argentina (COORDIEP); Junta Nacional de Enseñanza Privada (JUNEP); Confederación Argentina de Instituciones de Enseñanza Privada (CAIEP); y Consejo Superior de la Educación Católica (CONSUDEC).
También fueron convocadas a una reunión este jueves con los sindicatos y el ministro de Educación, Nicolás Trotta. El Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) había pedido una audiencia a fin de regularizar la situación de los trabajadores afectados habiendo recibido denuncias por parte de sus afiliados.
La respuesta del Gobierno porteño
La ministra de Educación, Soledad Acuña, consideró que el gobierno nacional está haciendo “un llamado de atención pero no tiene jurisdicción para indicar, ordenar ni apercibir en el caso de que no sigan (los colegios) lo que ellos exponen”.
Luego de que se hiciera pública el contenido de la carta, desde el gobierno porteño se comunicaron con las cámaras que nuclean a las instituciones de enseñanza privada para llevar tranquilidad al sector.
“Seguimos sosteniendo la misma postura, que hay un fallo de Cámara local que reconoce la competencia del gobierno de la Ciudad para administrar la política educativa, y el jefe de Gobierno decidió que las clases sigan presenciales y los colegios lo acompañan y comparten”, insistió Acuña en Radio Con Vos.
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