El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, comenzará su gestión intentando revivir uno de los proyectos principales del oficialismo en lo que se refiere a la reforma de la Justicia.
El próximo jueves el funcionario del Ejecutivo volverá a la Cámara de Diputados para intentar destrabar la discusión con la oposición. Esta vez lo hará de manera remota en la Comisión de Asuntos Constitucionales que, ahora que tiene nuevo presidente con el nombramiento del pampeano Hernán Pérez Araujo, tendrá la primera reunión del año, para discutir la reforma del Ministerio Público Fiscal.
El proyecto tiene vital importancia, ya que el cargo a discutir es el de los jefes de los fiscales en medio de un cambio que se está dando en la Justicia en donde el rol de definir si se lleva adelante un juicio o se desestima quedará en mano de los propios fiscales. Es decir, se avanza en la implementación del sistema judicial acusatorio, en el que los fiscales asumen mayor protagonismo en las investigaciones y los jueces pasan a ocupar el rol de garantes del proceso.
En este contexto en el que busca destrabar la norma, Soria se reunió hace una semana con un grupo de fiscales y luego con las autoridades de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal (AFFUN). Según señalan desde el entorno del ministro, de ambas reuniones salieron sugerencias que serán tenidas en cuenta en busca de mejorar el proyecto con el fin de encontrar más puntos de acuerdo con la oposición y lograr que avance.
El proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal que quiere llevar al recinto el oficialismo, y que cuenta con media sanción del Senado, tiene dos puntos que generan una fuerte oposición de parte de los legisladores de Juntos por el Cambio. Uno tiene que ver con la forma en que se designa al procurador y otro con el plazo en el que se debe mantener en su cargo. En la actualidad la elección y el plazo es similar al de los presidente de la Corte Suprema: hacen falta dos tercios del Senado y el cargo es permanente.
En este caso, el oficialismo no está dispuesto a aceptar modificaciones en el proyecto que enviaron y que cambia estos dos puntos. La intención de Soria y del Frente de Todos es que para designar al Procurador haga falta una mayoría absoluta de los presentes en la Cámara alta y ya no una mayoría calificada (2/3 de los votos). También buscan que el cargo deje de ser vitalicio y que dure cinco años.
Otro punto que también está en discusión es la injerencia del Congreso en el Ministerio Público Fiscal. El proyecto original establece cambios en el proceso de remoción de los fiscales ya que prevé otorgarle a la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público facultades que, para los legisladores de la oposición, resultan “cuestionables desde la perspectiva constitucional”.
En este punto, el nuevo texto le otorga a la Comisión Bicameral facultades para designar al subrogante del PGN/DGN; opinar respecto de la creación de nuevas estructuras; participar en el trámite de los procesos disciplinarios e integrar tanto el tribunal de enjuiciamiento de magistrados como el jurado para los concursos públicos de oposición y antecedentes.
Para algunos sectores de la Justicia, esto significa darle al poder político la capacidad de tener una espada de Damocles sobre la cabeza de los fiscales si no actúan en línea con lo que pretende la mayoría de la Bicameral.
Además, porque no sólo tendría capacidad para remover a un fiscal sino que también cambia la composición del tribunal de enjuiciamiento de fiscales, otorgándole al estamento político supremacía absoluta sobre los demás, que pasa de 2 a 4 representantes mientras los fiscales y los abogados se reducen de 4 a 2.
La Procuración General de la Nación está encabezada de forma interina desde hace más de tres años por el fiscal ante la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Casal, que asumió ese lugar tras la salida de la ex procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó.
El único candidato del Gobierno para ocupar ese lugar sigue siendo el juez federal Daniel Rafecas, cuyo pliego fue enviado al Congreso por el presidente Alberto Fernández en marzo del 2020, pero aún nunca fue debatido en el Congreso.
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