Los intendentes bonaerenses de la oposición se abroquelan y confrontan con Axel Kicillof para que haya presencialidad en las escuelas

Al amparo presentado por Jorge Macri se le suma la decisión del intendente de San Isidro, Gustavo Posse, para declarar esencial la educación. Grindetti, de Lanús, le pidió a Kicillof que reciba a los intendentes del PRO. Por ahora, ese encuentro no se dará

Un grupo de intendentes bonaerenses de Juntos por el Cambio
Un grupo de intendentes bonaerenses de Juntos por el Cambio

Los intendentes bonaerenses del PRO se subieron a la disputa política que en lo últimos días se desató entre la administración nacional, provincial y porteña por la presencialidad escolar en el marco de las medidas de restricciones para bajar los contagios de coronavirus. que están en los índices más altos desde que empezó la pandemia. Jorge Macri de Vicente López fue a la justicia con un amparo para que las clases sigan en su municipio; Gustavo Posse, de San Isidro, declaró como servicio esencial la educación; y el resto de los intendentes enrolados en el PRO pidieron un encuentro con el gobernador Axel Kicillof para rever esa decisión. En el gobierno bonaerense, no hay margen para volver para atrás con las medidas.

“Voy a hacer todo lo posible por sostener la presencialidad en las aulas. Presentamos un amparo en la justicia para que en Vicente López no cierren las escuelas. Estoy convencido que es el lugar donde los chicos tienen que estar”, remarcó Jorge Macri.

La avanzada de los intendentes se da en sintonía -o atendiendo- al mensaje del ex presidente Mauricio Macri, quien ayer sostuvo que “los intendentes tienen la oportunidad de imponer su liderazgo para que las pocas escuelas que están abiertas continúen así. Es fundamental preservar el vínculo entre los alumnos y la escuela y no apoyar fallidas decisiones improvisadas, basadas en la intuición o el miedo”. En la última conferencia de prensa, luego de conocer la posición del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que luego adoptarían, en bloque, los jefes comunales del PRO, Kicillof ironizó que en todo caso habría que consensuar las medidas con Mauricio Macri.

(Prensa intendentes pro)
(Prensa intendentes pro)

“Instruí a la Secretaría de Inspecciones y Registros Urbanos del Municipios a seguir trabajando junto a la dirección de Epidemiología de Salud Pública, tal como se hizo durante el año pasado, en la ampliación y actualización de los protocolos sanitarios para que las clases puedan seguir impartiéndose de manera presencial”, dice parte del decreto que firmó el intendente de San Isidro, Gustavo Posse (UCR), para declarar a la educación como servicio público esencial.

“Lo hemos repetido hasta el cansancio: los contagios no están en las aulas”, deslizó por su parte el intendente de Olavarría, Ezequiel Galli (PRO). En Olavarría la presencialidad continúa ya que el distrito que no forma parte del AMBA se encuentra en Fase 3.

Los jefes comunales del PRO se encolumnaron con el pedido realizado por el mandatario de Vicente López. Jorge Macri pidió una reunión con Kicillof como la que mantuvo Horacio Rodríguez Larreta con Alberto Fernández. En tanto, el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, también pidió un encuentro con el gobernador bonaerense. “Es importante que podamos dialogar mucho más en momentos donde tenemos diferencias”, aseguró el jefe comunal del distrito de la Tercera sección electoral.

En el gobierno bonaerense aseguran que por el momento no habrá encuentro formal con la oposición. Que tanto el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, como la ministra de Gobierno, Teresa García, mantienen los teléfonos abiertos para canalizar los reclamos. Pero las decisiones adoptadas no se tocan.

Este viernes, en medio de la presión que ejercieron los intendentes del PRO, el gobernador mantuvo un almuerzo con el presidente Alberto Fernández. Analizaron la normativa y las medidas económicas que se van a instrumentar y cómo facilitar el acceso a todo esas alternativas para los comercios afectados. La discusión por la presencialidad en las escuelas del AMBA pareciera ser un capítulo cerrado para el gobierno, al menos hasta el 30 de abril.

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