El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, le puso un freno a la embestida de Hugo Moyano sobre empresas que cambiaron recientemente de accionistas, entre ellas Walmart y Garbarino.
El secretario general de Camioneros exige que la cadena de supermercados despida a sus empleados, les pague doble indemnización, los vuelva a contratar y les reconozca derechos adquiridos, como por ejemplo la antigüedad. En el caso de la tienda de electrodomésticos, hizo un pedido similar que luego devino en una protesta por un bono de 100 mil pesos.
La justificación es que las compañías cambiaron recientemente de dueños, pese a que la vida jurídica no sufrió alteraciones. Ambas firmas mantienen sus razones sociales, números de CUIT y hasta ubicaciones geográficas de sus plantas y locales.
“No hay ninguna norma que obligue a la empresa a pagar”, reconoció este jueves Moroni ante una pregunta de la periodista María O’Donnell en Urbana Play.
Si bien aseguró que los conflictos de intereses son “legítimos”, el funcionario del gobierno de Alberto Fernández confirmó que no existe norma alguna que convalide este avance de Camioneros sobre compañías privadas que generó preocupación a otros empresarios y fue calificado como una extorsión.
El caso Walmart
La cadena Walmart fue adquirida recientemente por el Grupo De Narváez, quien expuso la problemática en una solicitada publicada la semana pasada en Infobae.
“En las últimas dos semanas nos vimos condicionados por recurrentes medidas de fuerza encubiertas que derivaron en una caída del 75% en la distribución de alimentos básicos y en un desabastecimiento de productos esenciales a más de 1.000.000 de familias en todo el país. Somos una compañía que siempre cumple la ley”, describió Walmart.
“Invitamos al Sindicato de Choferes de Camiones y a aquellos colaboradores de nuestro Centro de Distribución que hoy no están cumpliendo con el normal desarrollo de la operación a dejar sin efecto las medidas y solicitamos al Gobierno Nacional arbitrar los medios con miras a garantizar el abastecimiento de todos los hogares argentinos”, aseguraron.
La empresa detalló en la solicitada que adquirieron la cadena “con el firme propósito de invertir, desarrollar, crecer y asegurar los más de 10.000 puestos de trabajo a nivel nacional. Un compromiso que, en un contexto adverso para la inversión, buscó hacer de nuestra estrategia de crecimiento una opción para todos”.
El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria para que las partes busquen una solución consensuada.
El caso Garbarino
Carlos Rosales, presidente de la aseguradora PROF y protesorero de San Lorenzo de Almagro, se hizo cargo en junio pasado del traspaso que lo convirtió en propietario y presidente del grupo Garbarino, que incluyó el pago de salarios atrasados y una inversión de $2.000 millones en un período de 18 a 24 meses, además del compromiso de la “continuidad e incremento” de la nómina de 4.325 empleados del grupo, que tiene más de 200 puntos de venta y 32 centros de distribución logísticos.
Garbarino estaba en venta desde principios de 2020 cuando los bancos acreedores –el Santander y el Galicia, principalmente– se hicieron cargo de la empresa y decidieron buscar un nuevo dueño para cobrar la deuda. Tenía una deuda calculada en $12.000 millones, entre los $5.000 millones del pasivo que contrajo con bancos y los $7.000 millones adeudados a proveedores.
El Sindicato de Camioneros presiona para lograr un bono de 100.000 pesos para cada uno de sus 180 afiliados del centro de distribución del Grupo Garbarino en La Tablada, como una “compensación económica” por el cambio de manos de la empresa.
La reacción de IDEA
IDEA, el instituto que organiza el tradicional coloquio empresarial, cuestionó el reclamo de los sindicatos por exigir “indemnizaciones cuando se vende una empresa” y generar conflictos que afectan la inversión y la confianza necesaria para la recuperación.
“Cuidar el empleo es responsabilidad de gobiernos, sindicatos y empresarios, mucho más en este momento de alta criticidad del país y del mundo. Poder frenar pedidos ilegítimos de un sindicato, como indemnizaciones cuando se vende una empresa y no afecta los empleos, también”, expresó en un comunicado, en elíptica referencia al reclamo del sindicato de Camioneros.
“Construir un país entre todos los sectores implica dialogar. Este tipo de conflictos afecta la inversión directa ya que genera incertidumbre que impacta en la confianza de muchos otros sectores de la economía”, agregó.
“Argentina necesita de todos para salir adelante. Ha transcurrido sin dudas un año muy complicado en varios aspectos del convivir ciudadano en temas sanitarios, económicos y de encierro. No solo sufrió la sociedad, sino que también creció y aprendió mucho. El diálogo y la institucionalidad son las bases para salir de la crisis y para una Argentina en crecimiento”, finalizó el comunicado.
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