El Sindicato de Camioneros exigió a los nuevos dueños de Garbarino un bono de $100.000 por la venta de la empresa

Mientras todavía no se solucionó el conflicto en Walmart, el Sindicato de Camioneros presiona para lograr un bono de 100.000 pesos para cada uno de sus 180 afiliados del centro de distribución del Grupo Garbarino en La Tablada, como una “compensación económica” por el cambio de manos de la empresa, que en junio pasado fue adquirida por el empresario Carlos Rosales.

El reclamo fue debatido este lunes por la mañana durante una asamblea de aquel establecimiento de Garbarino ubicado en el partido de La Matanza, que fue la continuación de otro encuentro similar que se hizo la semana pasada.

La exigencia de un bono fue formalizada ante la empresa por el secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, luego de que los nuevos dueños de Garbarino se opusieron a lo que se conoce como “la ley Moyano” y que originó el actual conflicto en Walmart: como la firma cambió de propietarios, el sindicato exigió que echen a los empleados, los indemnicen y los vuelvan a contratar.

El Sindicato de Camioneros viene haciendo este tipo de planteos en diversas empresas desde 1998, cuando finalizó la concesión de Manliba, empresa del Grupo SOCMA, perteneciente a la familia Macri, para la recolección de residuos en la Capital Federal y, de acuerdo con el sindicato, los empleados de aquella firma terminaron desempeñándose en otras empresas o con otras condiciones de trabajo.

Pero el tema siguió pendiente hasta que Mauricio Macri, cuando fue jefe de Gobierno y tenía aspiraciones de un proyecto político propio, impulsó en la Legislatura porteña en 2012 la aprobación de un bono por 220 millones de pesos para pagarles la indemnización a los recolectores de residuos por cada cambio de concesión desde que fue Manliba.

Desde entonces, hubo acuerdos similares en las municipalidades de Avellaneda y Moreno ante nuevas concesiones de recolección de basura (que entre ambas involucraban a 700 trabajadores), en una distribuidora de la cervecería Quilmes (81 empleados) y en filiales locales de empresas internacionales como DHL (donde 75 personas pasaron a Exo Logística) y FedEx (que absorbió a 100 trabajadores de TNT Argentina y les pagó la antigüedad y el 100% de las indemnizaciones en una cuota).

Rosales, presidente de la aseguradora PROF y protesorero de San Lorenzo de Almagro, se hizo cargo en junio pasado del traspaso que lo convirtió en propietario y presidente del grupo Garbarino, que incluyó el pago de salarios atrasados y una inversión de $2.000 millones en un período de 18 a 24 meses, además del compromiso de la “continuidad e incremento” de la nómina de 4.325 empleados del grupo, que tiene más de 200 puntos de venta y 32 centros de distribución logísticos.

Garbarino estaba en venta desde principios de 2020 cuando los bancos acreedores –el Santander y el Galicia, principalmente– se hicieron cargo de la empresa y decidieron buscar un nuevo dueño para cobrar la deuda. Tenía una deuda calculada en $12.000 millones, entre los $5.000 millones del pasivo que contrajo con bancos y los $7.000 millones adeudados a proveedores.

Uno de los interesados en comprar Garbarino fue Ricardo Depresbiteris, dueño de Covelia, una empresa de recolección de residuos a la que siempre se la vinculó con Hugo Moyano. Si esa adquisición se hubiera concretado, habría sido un golpe para el Sindicato de Comercio, que lidera Armando Cavalieri, y que posee el encuadramiento sindical del personal de Garbarino.

Cuando compró la empresa, Rosales llegó a un acuerdo con Cavalieri en el que el garantizó la continuidad de todos los puestos de trabajo y una inyección de plata para pagar sueldos atrasados.

Postergaron la audiencia por Walmart

Mientras, el conflicto en Walmart sigue sin novedades: la primera audiencia de la conciliación obligatoria que declaró el Ministerio de Trabajo, que debía hacerse este lunes, pasó para el jueves. Desde la empresa aseguraron que no hay contactos con el sindicato de los Moyano, aunque fuentes de Camioneros dijeron a Infobae que existe diálogo entre las partes y que tienen “voluntad de llegar a un acuerdo”.

El sindicato de los Moyano le exigió a los nuevos dueños de la empresa, presidida por Francisco de Narváez, echar a 500 de los 718 empleados del Centro de Distribución, pagarles la doble indemnización y volver a emplearlos. Para Camioneros, la empresa es otra distinta y por eso consideran válida la propuesta de “una transferencia de contratos de trabajo”. Desde la compañía de De Narváez se niegan de manera terminante porque sólo hubo cambio de accionistas, con el mismo CUIT, y “no podemos negociar algo que no está previsto en la ley”.

El primer planteo fue hecho por delegados regionales del sindicato y el segundo, por el propio Pablo Moyano. En ambos casos, la respuesta empresarial fue negativa. Por eso comenzaron las asambleas, el trabajo a reglamento y “medidas de fuerza encubiertas”, que, según denunció la empresa, “derivaron en una caída del 75% en la distribución de alimentos básicos y en un desabastecimiento de productos esenciales a más de 1.000.000 de familias en todo el país”.

Luego de una solicitada de los dueños de Walmart, en la que acusó al Sindicato de Camioneros de llevar adelante prácticas ilegítimas y desabastecer sus sucursales, el Ministerio de Trabajo declaró la conciliación obligatoria y habilitó así un período de 15 días de negociaciones.

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