Martín Soria, el nuevo ministro de Justicia, asumirá el viernes 26 de marzo

El nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, deberá renunciar a su banca como diputado nacional por su provincia, Río Negro, antes de asumir en su nuevo cargo. En La Cámara Baja hay previstas sesiones ordinarias el martes 23 de marzo y el jueves 25, pero teniendo en cuenta que el 24 de marzo es feriado nacional inamovible por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, lo más probable es que Soria dimita el 25 y que al otro día se produzca su jura en la Casa Rosada.

Se descuenta que Diputados aceptará la renuncia de Soria y en su lugar ocuparía esa banca Pedro Dantas, un dirigente histórico del peronismo rionegrino y ex intendente de la localidad de Campo Grande de esa provincia patagónica.

Soria, de 45 años y nacido en General Roca donde fue jefe comunal, mantendrá en el ministerio el mismo equipo de trabajo que tenía Losardo. Juan Martín Mena seguirá como viceministro, Horacio Pietragalla Corti, como secretario de Derechos Humanos de la Nación y María Laura Garrigós de Rébori, abogada y una de las fundadoras de Justicia Legítima, como interventora del Servicio Penitenciario Nacional.

Mientras tanto, Soria se pondrá a preparar su agenda de relación con el Poder Judicial junto al presidente Alberto Fernández y con su jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Hasta que se produzca su jura como nuevo ministro, la actual titular de la cartera, Marcela Losardo, tendrá a su cargo la firma de expedientes de los pliegos de jueces que le vaya remitiendo el Senado nacional durante estos días. Losardo presentará su renuncia una vez que esté confirmado que se le aceptó la dimisión a Soria como legislador.

Al mismo tiempo, el Presidente ya tiene listo para la firma el pliego para que Losardo se convierta en la nueva embajadora argentina ante la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) en París, un espacio que quedó vacante tras la muerte el 6 de noviembre de Fernando “Pino” Solanas, luego de que contrajera coronavirus.

En el Senado tratarían el nombramiento de Losardo, recién entre la primera y la segunda semana de abril. Será una de las designaciones en las que Alberto Fernández apelará al artículo 5 de la Ley N° 20.957 del Servicio Exterior de la Nación, para designar a una embajadora política. Fue la salida elegante que encontró el jefe de Estado para su amiga desde hace más de tres décadas, quien le manifestó sentirse “agobiada” por las presiones y con la firme decisión de abandonar el ministerio de Justicia.

El flamante ministro, anunciado este lunes por la noche por el Presidente en un reportaje televisivo con el programa Fuego Amigo que ayer empezó en Canal 9, publicó en su cuenta de Twitter: “El Presidente me honró con la propuesta para sumarme a su equipo como ministro de Justicia de la Nación. Por supuesto que acepté este desafío que me llena de orgullo y de sentido de responsabilidad”.

“En línea con el pedido del Presidente, vamos a trabajar para garantizar que los servicios de justicia en nuestro país sean más eficientes, inclusivos e igualitarios; para avanzar en una transformación conceptual que ubique a la justicia de cara a los ciudadanos y ciudadanas”, añadió Soria confirmando que profundizará la embestida con el proyecto de reforma judicial que persigue el kirchnerismo duro.

Amparándose en las declaraciones del Jefe de Estado, coincidió en que “Argentina necesita que el Estado de derecho funcione a pleno, y para eso necesitamos una Justicia que se corresponda con ese Estado de Derecho”. En un último tuit, el reemplazante de Marcela Losardo ratificó que ese será el “principal objetivo”. “Como servidor público, voy a perseguirlo con rigurosidad profesional y con la firmeza y constancia propias de aquellos que sentimos pasión por la política”, concluyó.

Esta mañana en declaraciones radiales, Soria dijo que “está preocupado por el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia”, que algunos integrantes del Poder Judicial “se pasaron de la raya”, que el procurador general Eduardo Casal está “atornilllado” en su cargo y que la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner quiere que “la misma Justicia la libere de culpa y cargo” en las causas en las que está acusada de corrupción.

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