Por qué la reforma judicial hoy no puede ser aprobada en Diputados y provoca acusaciones del kirchnerismo más duro

El punteo de una posible votación de la reforma judicial y del proyecto de modificación del Ministerio Público Fiscal sigue abajo para el oficialismo. Además los plazos ya no permiten que ninguno de los dos temas se trate en sesiones Extraordinarias a pesar de haber sido incluidos por Alberto Fernández en los decretos de convocatoria. No hubo reuniones de comisión ni las hay previstas para la próxima semana, la última del calendario veraniego. Para que las comisiones puedan dictaminar hace falta que se renueve el protocolo de funcionamiento mixto (presencialidad más virtualidad) que venció el 12 de febrero. Sin protocolo no puede haber comisiones que dictaminen y sin dictamen no puede haber proyectos que se traten en el recinto. Y la oposición no dará un cheque en blanco sin una fuerte discusión sobre los temas.

En la cámara baja no cayeron muy bien las últimas declaraciones del senador kirchnerista Oscar Parrilli. “Hay algunos legisladores aliados nuestros que hasta ahora no dan el ok para sancionarla y con esto están siendo de alguna manera cómplices con el macrismo en mantener un procurador fiscal absolutamente irregular, macrista y que lleva adelante esas políticas y que permite que este lawfare siga vigente”, respondió en Futurock sobre la demora en Diputados.

Una segunda lectura relajó los ánimos del otro lado del Palacio legislativo donde hasta los más kirchneristas aseguraron que el neuquino no se refería a los diputados del Frente de Todos sino a los aliados de otras fuerzas. La lista la encabezan los cordobeses que responden al gobernador Juan Schiaretti, un ‘duro’ a la hora de negociar. El bloque de Córdoba Federal votó algunas leyes con el oficialismo, otras votaron divididos y otras las rechazaron.

En el oficialismo abundan las quejas sobre el tratamiento VIP que recibe Schiaretti frente a quien en ocasiones el Frente de Todos tiene que ceder para sumar sus votos. Ocurrió por ejemplo con el Convenio de traspaso de partidas presupuestarias de Nación a Ciudad en concepto de seguridad.

También en la lista de aliados “cómplices” señalan al lavagnismo: Graciela Camaño, ‘Topo’ Rodríguez y Jorge Sarghini. La diputada Camaño cree que es necesaria una reforma judicial, pero sostiene que debe hacerse por consenso y no a pedido de un sector político. Hay malestar en su bloque con el oficialismo, especialmente respecto al tratamiento de estas leyes y por la demora en el tratamiento de Biocombustibles.

En el Frente de Todos no hubo movimientos a favor del debate, más allá de las fuetes declaraciones incluso del Presidente y de su ministra de Justicia, Marcela Losardo. No hubo acciones concretas para avanzar con ninguna de las dos leyes que empujaron desde el Senado los más cercanos a la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En el primer caso, una reforma judicial que ella misma relativizó, un proyecto que propuso el presidente Alberto Fernández pero que fue modificado en exceso, alejándose del texto original. En el caso de la reforma del Ministerio Público Fiscal es una ley que para el kirchnerismo es fundamental para apurar la salida del procurador interino Eduardo Casal, a quien acusan de animosidad, y la designación del próximo Procurador con una mayoría especial de la mitad más uno de los senadores, en lugar de dos tercios. Hasta que no se apruebe esa ley en el Senado seguirá congelado el pliego de Daniel Rafecas para el que ni siquiera se convocó a audiencia.

Si el oficialismo tuviera asistencia perfecta en una eventual sesión para tratar ambas leyes, sólo alcanzaría 122 votos a favor, insuficiente incluso para reunir el quórum y arrancar la sesión.

Hoy, al oficialismo le faltan siete diputados para llegar a los 129 legisladores que exige el quórum.

Altas fuentes del oficialismo, de distintos sectores internos de la alianza gobernante, coincidieron en la ecuación: la oposición sumaría 127 votos entre los diputados de Juntos por el Cambio, Córdoba Federal, Consenso Federal y varios bloques con un diputado como el Socialista; el Frente Progresista, Cívico y Social; Producción y Trabajo; el Frente Cívico y Social; el Partido por la Justicia Social y los dos diputados de izquierda. A favor sólo estaría el oficialismo y algunos diputados de partidos provinciales. La misma planilla cuenta a otros seis diputados como indefinidos, al menos hasta el momento, pero aún si estuvieran a favor, no serían suficientes.

“Hoy como están los proyectos es difícil”, se sinceró un diputado nacional al ser consultado por Infobae sobre el trámite que nunca arrancó en ninguna de las comisiones que intervendrían. De hecho estaba previsto que fuera cabecera del debate la de Asuntos Constitucionales que presidía Pablo González pero el santacruceño, muy cercano a Máximo Kirchner, acaba de renunciar para hacerse cargo de YPF. Se rumorea que su reemplazo podría ser el rionegrino Martín Soria quien en las últimas semanas presentó varias denuncias públicas y judiciales por espionaje ilegal en la gestión macrista y por connivencia entre jueces y Mauricio Macri: solicitó el listado de audiencias presidenciales para demostrar que antes de imputar a ex ministros varios jueces pasaron por Casa Rosada.

Parrilli justamente apuntó a este tema para defender la necesidad de convertir en ley la reforma judicial que creará nuevos juzgados federales en Comodoro Py, donde se tramitan la mayoría de las causas que involucran a CFK y sus ex ministros. “La ilegalidad que instauró Macri en Argentina con la actividad de extorsión y condicionamiento para perseguir a dirigentes políticos, en muchos sectores de la Justicia sigue vivito y coleando y esta ilegalidad se ha transformado en una suerte de garantizar la impunidad de los funcionarios macristas”, remarcó Parrilli. Y reclamó el tratamiento de la ley frenada en Diputados después de cuestionar el fallo de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal que ordenó el traspaso de los expedientes vinculados a la investigación por supuesto espionaje que alcanza a ex funcionarios del macrismo. La causa está en los tribunales de Lomas de Zamora y pasaría a tramitar justamente en Comodoro Py aunque este lunes el abogado de la Vicepresidenta presentó un recurso que frena la ‘mudanza’ momentáneamente.

En caso de aprobarse la ley se fusionaría el fuero Criminal y Correccional Federal y el Penal Económico y se crearía un nuevo fuero Penal Federal con 46 juzgados: los 12 actuales de Comodoro Py, otros 11 en lo Penal Económico y finalmente 23 nuevos juzgados.

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